Demanda el Ayuntamiento por no empadronarla: "¿Cómo puedo ser ocupa si pago el seguro del piso?"

MartorellRosa RR lleva más de tres años viviendo en un piso del barrio de Buenos Aires de Martorell, pero el Ayuntamiento le impide empadronarse porque no tiene ningún título de propiedad ni contrato de alquiler. Hasta seis veces ha pedido el ingreso en el padrón y en todos los casos no ha recibido ninguna respuesta, si bien la ley interpreta este silencio como positivo pasados ​​los tres meses reglamentarios. Pero ella sigue sin constar en el padrón.

Ante este incumplimiento sistemático, Rosa y otros cinco vecinos afectados presentaron una inédita demanda conjunta contra el consistorio, pero la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Barcelona rechazó la estrategia conjunta y, sin entrar a valorar el fondo, se ha quedado sólo con una demanda individual, la de Rosa. Si en el procedimiento la justicia le da la razón, la abogada Esther Sancho, que representa a los afectados, tramitará las demás denuncias. La elección de Rosa, de nacionalidad española, y no del resto de demandantes (todos con pasaporte extranjero) responde a que su nombre encabezaba el expediente, matiza la letrada. "Esperamos que esta primera demanda allane el camino del resto", afirma Sancho, del despacho leridano Simeó Miquel.

Entidades como la Plataforma por la Hipoteca del Baix Llobregat Nord o Papers para Tothom denuncian que hace años que el consistorio de Martorell, que dirige el juntero Xavier Fonollosa, deniega los empadronamientos a las personas que ocupan un piso o carecen del permiso de la propiedad. "Yo no me siento, de ocupa, nunca he dado una patada a ninguna puerta ni he pagado por unas llaves", se escuda esta mujer abriendo una carpeta llena de papeles. "Es más, pago la luz, el agua y el gas y no debo ninguna mensualidad. Y también pago un seguro para el piso. ¿Cómo puede que me llamen ocupa?", se pregunta Rosa, activista de la Plataforma.

Rosa tiene ahora 61 años. Primero una enfermedad laboral la sacó del mercado laboral y, con una pensión mínima, dejó de pagar el alquiler de un piso de Hospitalet que compartía con un hijo de 20 años. Por suerte, pudo evitar quedarse en la calle porque un cuñado le propuso que se trasladaran en un piso de su propiedad donde vivía su madre a cambio de cuidarlos.

A los pocos meses, este hombre perdió el piso por impago de la cuota de la hipoteca, pero la entidad bancaria aceptó que la madre se quedara en usufructo durante cuatro años. Poco después, la mujer murió de repente, y la familia dio permiso a Rosa para quedarse. Por el contrario, la entidad bancaria ha intentado en dos ocasiones echarla, pero finalmente no se ha hecho efectivo el desahucio y madre e hijo siguen viviendo en ella. Dice que ha intentado varias veces pagar al banco un alquiler social, pero no ha salido adelante.

Un derecho de derechos

El objetivo de la demanda judicial es que la justicia obligue al Ayuntamiento a empadronar a la Rosa, tal y como establece la ley de base local, que entiende el padrón como un derecho y un deber para la administración y el administrado. "El silencio deja a los ciudadanos en el limbo", indica la abogada Sancho, para quien impedir el empadronamiento supone "vulnerar derechos fundamentales", ya que el padrón es un "metadret", es decir, un derecho que da acceso a otros derechos y servicios básicos.

A Rosa, el hecho de no estar en el padrón le supone no poder ejercer el derecho a voto, ya que no consta en el censo. Pero lo que más le preocupa es que el Centro de Atención Primaria (CAP) no le hace el duplicado de la tarjeta sanitaria que perdió hace unos meses y, por tanto, debe pagar la medicación recetada como enferma crónica. Tampoco puede acogerse a beneficios para residentes de la ciudad, como la tarjeta del autobús urbano, por ejemplo.

Por el momento, en una vista previa, la jueza no aceptó la demanda colectiva por razones de forma, pero no entró a prejuicio alguno sobre si el Ayuntamiento ha vulnerado derechos fundamentales. En cambio, la Fiscalía sí apuntó que el consistorio tiene la "obligación jurídica" de empadronar sin tener que entrar a valorar ni la calidad de la vivienda ni la existencia de contrato. A partir de ahora, el juzgado está a la espera de su incorporación a la causa de pruebas documentales. Desde el Ayuntamiento de Martorell se han limitado a comentar que el municipio continuará con la política de empadronamiento como hasta ahora y que, en cualquier caso, asumirán la decisión judicial cuando la haya.

El endurecimiento de los requisitos para empadronar se esparce por los ayuntamientos catalanes, alerta la Red de Entidades por el Padrón, que denuncia cómo esta exclusión deja en la vulnerabilidad a vecinos ya de por sí con más problemas sociales, sin que se tenga en cuenta las dificultades de acceso a una vivienda por los precios desorbitados y la imposición. El último acto de esta tendencia es la propuesta de Junts de excluir a los ocupas del padrón, como es el caso de Martorell, San Vicente de Castellet o Figueres.