Los supervivientes del incendio de Badalona vuelven al solar de la nave quemada

Barcelona / BadalonaPoco antes de las 8 del anochecer del miércoles los supervivientes de la nave quemada en Badalona abandonaron la acampada que plantaron en la rambla del Gorg y empezaron a instalarse en el solar de la fábrica destruida por el fuego. La orden judicial para que se ejecutara el desalojo del campamento improvisado había llegado a mediodía y, a pesar de que en un principio la cuarentena de personas que sobrevivían en tiendas habían manifestado que se resistirían a irse hasta que vinieran a echarlos, finalmente decidieron trasladarse al lugar donde hace tres semanas se incendió la vieja fábrica que les daba techo y donde murieron cinco de sus compañeros. Esta mañana, a primera hora, el Ayuntamiento ya había limpiado y abierto la rambla del Gorg.

Poco a poco, y con la ayuda de activistas que los apoyan, los acampados llevaron ayer las pocas pertenencias que salvaron o que han ido acumulando gracias a la solidaridad vecinal al solar de la antigua nave, limpio y cerrado después de una rápida actuación municipal poco después del incendio. Varias patrullas de la policía local de Badalona se presentaron en el solar, supuestamente alertados por una llamada de los vecinos que habían denunciado la ocupación. Hubo tensión entre agentes y los inmigrantes, cansados de 20 días de dormir a la intemperie, pero no se produjeron disturbios ni cargas policiales, según explican los testigos. Finalmente, los policías se fueron porque no llevaban ninguna orden judicial para impedirles que se instalen ahí.

Con el toque de queda nocturno a punto de entrar en vigor, fuentes de los acampados señalaban que su intención era pasar la noche en el solar hasta que, otra vez, el Ayuntamiento del popular Xavier García Albiol iniciara los trámites para desalojarlos. Era una manera de ganar tiempo, apuntaban fuentes próximas al colectivo, que sostenía que jugaba a su favor el hecho de que la orden de ejecución del juzgado contencioso número 6 solo afecta al campamento de la rambla del Gorg, donde todavía quedaban unas cuantas tiendas. La juez avala la actuación del alcalde Xavier García Albiol en esta crisis humanitaria, que ha revelado la pobreza de la vida en las antiguas fábricas ocupadas, porque afirma que el consistorio ha “ofrecido a las personas acampadas los recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades básicas”, como por ejemplo vivienda, comida, ropa, asesoramiento jurídico, seguimiento social y apoyo a las denuncias para obtener duplicados de la documentación perdida en el incendio, según recoge el auto.

“Las personas acampadas se niegan a trasladarse al recinto habilitado por los servicios sociales en la misma zona. Manifiestan desear trasladarse en grupo o al menos en un grupo numeroso a un lugar donde puedan cocinar y estar tranquilos”, añade la magistrada, que expone que no se quieren separar y que muestran “sus recelos” ante las soluciones de la administración. Asegura que “solo siete personas” de las que forman parte del grupo han accedido a la opción de vivienda que se les ha propuesto. La juez incluye en los argumentos los informes de actuaciones de la Guardia Urbana el 19 y el 21 de diciembre por peleas “entre personas acampadas”, así como el 22 de diciembre por el “consiguiente escándalo, encendida de hogueras, tensiones y peleas entre los miembros del asentamiento con resultado de dos personas lisiadas, una de las cuales detenida”.

La magistrada valora que “hay un evidente interés público” en hacer el desalojo “de las personas que ocupan la vía pública” debido a las peleas internas, alegando “la necesidad de velar por la vida y la integridad”. Por eso justifica “que sea necesaria la autorización judicial reclamada” por el consistorio de Albiol para desalojar a los acampados que, concluye la juez, están “en circunstancias no idóneas para la salud a la vista de la pandemia por el covid-19”.

Mantienen la acampada

Cristina [dice que el apellido es lo menos importante] es la “líder” del campamento, formado básicamente por hombres. Explicaba ayer por la mañana que el 24 de diciembre funcionarios municipales ya fueron para desalojarlos pero tuvieron que irse sin echarlos porque “no había ningún sello del juzgado”. De nacionalidad española, afirmaba que hoy por hoy no tienen ninguna alternativa y que el único plan B es “hacer la comida”. En todo caso, señalaba: “A ninguno de los de aquí les preocupa que los echen”, porque en sus biografías arrastran tantas dificultades y problemas que “un papel no les da miedo”. El campamento se mantiene como un tipo de escaparate para la “reivindicación y una muestra de solidaridad”, subraya Hanna Henriksson, que responde –sin saberlo– a la juez y el alcalde. “Nos espabilamos, no nos hace falta ayuda, solo papeles para poder trabajar”.