Doce semanas de vacunación muy lenta

BarcelonaEl objetivo de los gobiernos europeos es tan ambicioso como irrealizable si no hay un cambio sustancial en la producción y el envío de las vacunas. El gobierno español mantiene que el 70% de la población estará vacunada en verano, priorizando a la gente mayor y con más riesgo de enfermar gravemente. Catalunya, en cambio, agua bastante el porcentaje: el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, admite que lograr la inmunización de un tercio de los catalanes cuando llegue el buen tiempo es un valor mínimo razonable considerando los problemas logísticos y de distribución de las dosis. 

Si la campaña de vacunación funciona a medio gas no es solo por la falta de vacunas en las neveras, un obstáculo que se arrastra desde la primera semana. La suspensión de uso de las vacunas de AstraZeneca durante una semana por la identificación de presuntas trombosis en pacientes vacunados ha hecho perder un tiempo muy valioso que se agrava todavía más por el rígido límite de edad fijado por la ministra Carolina Darias, que imposibilita administrar el producto anglosueco a personas de más de 55 años.

El resultado de todo: Catalunya ha administrado algo más de un millón de dosis, pero solo un 4% de la población ha completado su pauta, eminentemente gente mayor y trabajadores de residencias y profesionales sanitarios. “Ha faltado transparencia y un calendario de vacunación accesible, porque tenemos población muy vulnerable, de 79 hacia arriba, muy preocupada y que hace un año que no sale de casa”, explica el epidemiólogo Quique Bassat.

Si llegan obstáculos insalvables que hagan inviable el plan, dice, se tendrán que explicar, pero la falta de una estrategia que haga partícipe a la población ha sido un error en la actuación de Salud. “Es cierto que el departamento ha tenido una flexibilidad poco elogiada ante los problemas de suministro, pero la campaña es demasiado incierta, a un ritmo muy frustrante debido a los incumplimientos en las entregas y las directrices estatales”, resume Bassat. 

Tres vacunas, dos opciones

La campaña de vacunación arrancó el 27 de diciembre en las residencias y al día siguiente ya hubo la primera traba: Pfizer, la única vacuna aprobada entonces, aplazó un día la entrega de las dosis. Fue un inicio accidentado que pronosticaba cómo evolucionaría la campaña las siguientes once semanas.

Bassat es claro: “Tenemos tres vacunas aprobadas, pero realmente no tenemos tres opciones. Solo podemos poner Pfizer y AstraZeneca, con Moderna no se puede contar mucho”. Moderna hace semanas que no envía vacunas. Además, solo se ponen a profesionales sanitarios porque el traslado es complejo. El grueso de la vacunación, pues, recae en Pfizer, que es la vacuna más utilizada y la que envía más regularmente y en más cantidad (84.000 semanales), pero no llegan tantas como para hacer una vacunación masiva entre los mayores de 80 años y los sanitarios. 

Las entregas regulares de AstraZeneca (87.000 esta semana) la perfilan como un buena alternativa para agilizar la vacunación de la gente mayor, como está haciendo el Reino Unido. Pero España ha mantenido el límite de edad de uso hasta los 55 años, contra los planes de Salud de seguir inmunizando a los de más edad; un posicionamiento ampliamente criticado por los expertos, que lo acusan de pecar de prudencia y, a la vez, de irresponsable por entorpecer la campaña. De hecho, confían en que esta semana se cambie este criterio y, como mínimo, se pueda poner esta vacuna hasta los 65 años.

"El Estado actúa por imitación"

“Para no parar la estrategia, Salud tuvo que adaptar su plan y en cuestión de horas ya estaba haciendo citaciones para vacunar a los colectivos esenciales”, explica Bassat. El movimiento no gustó porque cuajó la idea de que la gente joven y sana pasaba delante de la más frágil, a pesar de que era la única manera de cumplir los criterios estatales sin tener guardadas las dosis.

En cambio, ante la aparición de presuntos efectos adversos a la vacuna de AstraZeneca, los expertos aseguran que Darias ha actuado por imitación. “Sin argumentos y reflexiones detrás, se frenó su uso reproduciendo lo que hacían otros países del entorno y esto generó histeria colectiva”, explica Bassat. El Estado, dice, no tendría que haber parado la vacunación hasta que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en inglés) emitiera su veredicto. “Un caso por medio millón de casos no tiene que poder parar una campaña. Hay que contextualizar los hallazgos y ver si es preocupante o no, como recomendó la EMA o la OMS. Son reacciones muy poco frecuentes”, subraya Bassat.