Educación critica que los jueces sentencien sobre la inmersión cuando es un "debate 100% pedagógico y educativo"

BarcelonaEl departamento de Educación cree que la inmersión lingüística en las aulas es "un debate 100% pedagógico y educativo" y que tendría que quedar al margen de las decisiones judiciales. Al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hiciese públicas dos sentencias en las que anulaba los proyectos lingüísticos de dos escuelas públicas (Bogatell, de Barcelona, y Josefina Ibáñez, de Abrera) porque no hacen el 25% de clases en castellano y avisase de que la nueva ley Celaá "no cambia las cosas" en este sentido, la conselleria que encabeza Josep Bargalló ha rebatido que era "difícil de entender" que los jueces del TSJC "vayan mucho más allá de las funciones legislativas que les son atribuidas" y entren en un debate que, según el Govern, no es político sino educativo.

El tratamiento de las lenguas y la inmersión lingüística en la escuela "corresponde a la Generalitat", remarca el departamento, y así lo establece la Ley de Educación de Catalunya (LEC), validada constitucionalmente, y lo "ratifica" también la nueva ley de educación. Según el Govern, la ley Celaá "establece que corresponde a la Generalitat las decisiones en materia lingüística". "El TSJC está actuando en base a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut y de unos recursos de la época del PP, cuando era vigente la ley Wert, la norma educativa más regresiva que se ha hecho nunca en el Estado en materia educativa", dice Educación. 

El departamento piensa recurrir la sentencia

Ahora los servicios jurídicos del departamento y del Govern están estudiando "con detenimiento" el recorrido judicial para saber si las dos sentencias se pueden recurrir. Esto es, precisamente, lo que hizo la conselleria en diciembre, cuando una sentencia del TSJC estableció que todos los alumnos tenían que recibir "de manera efectiva e inmediata" el 25% de las clases en castellano (además de castellano, al menos una asignatura troncal más se tiene que impartir en esta lengua). Entonces el conseller afirmó que Educación llevaba al Supremo la resolución del TSJC y también criticó que los jueces quisieran "regular la política educativa", una competencia que es del Parlament. Bargalló afirmó, además, que la sentencia judicial no tendría "ningún efecto ni ninguna consecuencia" porque la nueva ley Celaá la dejaría "sin efecto" cuando entrara en vigor.

Ahora bien, en las dos sentencias hechas públicas este lunes el TSJC pone en cuestión las palabras de Bargalló porque asegura que la nueva ley de educación "no cambia las cosas", dado que el carácter vehicular del castellano dentro del modelo educativo catalán "deriva directamente de la Constitución". Es decir, por mucho que ahora la nueva ley Celaá "suprima la mención de que el castellano es lengua vehicular de la educación en todo el Estado", como sí decía explícitamente la ley Wert, "no altera el régimen del castellano como lengua vehicular" en Catalunya.

El comunicado de la conselleria de Educación, en manos de ERC, defendiendo que la ley Celaá garantiza a las comunidades la competencia lingüística contrasta con los mensajes que llegan desde Junts per Catalunya, el partido que está negociando con los republicanos un nuevo Govern. El mismo tema ya levantó polvareda entre los dos socios cuando se debatió en el Congreso, porque JxCat se opuso a la enmienda que ERC pactó con el PSOE y Podemos para eliminar la referencia introducida por el PP con la ley Wert que establecía que el castellano era lengua vehicular en la escuela en todo el Estado. Según dijo entonces JxCat, el cambio legislativo "ni protege ni blinda" la inmersión.