Oriol Amat: "De las 10 universidades españolas peor financiadas, seis son catalanas"

BarcelonaEl economista Oriol Amat (Barcelona, 1957) hace un balance positivo de su primer año como rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Tiene el objetivo de seguir desplegando un nuevo modelo educativo en las aulas, incrementar la presencia del catalán en la universidad y a la vez seguir potenciando su internacionalización.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido o decepcionado este año?

— No diría que me ha decepcionado, pero sí que es un tema que nos preocupa mucho y que yo no sabía: que la UPF es la peor financiada del sistema. Hay una leyenda urbana que dice que la UPF es la mejor financiada, pero los datos ponen de manifiesto que, por estudiantes, somos la universidad pública catalana que recibe menos financiación. Recibimos un 30% menos de financiación que en 2008, y esto es un problema importante porque los países de nuestro entorno, como Francia o Portugal, están destinando muchos más recursos a ciencia y universidades. Vale la pena decir que la tendencia tan negativa que arrastrábamos se ha frenado en el último año, con un incremento de la financiación que no ha permitido ninguna alegría pero sí mantener lo que teníamos el año anterior. El país tendría que apostar más por las universidades: de las 10 españolas peor financiadas, seis son catalanas. Trabajamos en unas condiciones muy difíciles.

Se ha anunciado la rebaja del 30% de las tasas universitarias. ¿Cómo impactará esto en la UPF y en el sistema?

— Beneficiará a las familias más desfavorecidas y que no tenían acceso a becas.

¿Habrá un efecto llamada?

— Hay un sesgo socioeconómico entre las personas que van a la universidad y las que no. Será bueno todo lo que se pueda hacer para fortalecer las becas, que, por cierto, el Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces que se tienen que transferir a la Generalitat. Y sobre todo, hacer becas salario, porque para una familia sin recursos, aunque la tasa fuera de 0 euros hay un coste de oportunidad de dejar de trabajar.

Hace un año explicó al ARA el proyecto de EDvolució, un nuevo modelo para dar menos clases magistrales y más sesiones prácticas que se tenía que implantar en dos años. ¿Qué se ha hecho?

— Lo hemos puesto en marcha. Hay 250 profesores que, voluntariamente, ya están dentro del programa y tenemos resultados muy buenos. Vamos por el buen camino, pero pensaba que la implantación se podría hacer en dos años y quizás tardaremos algo más. Espero que esté totalmente implantado a finales del mandato, de aquí a 3 años. Ahora en septiembre lo aceleraremos con el pasaporte, una especie de certificado de notas donde, además de las calificaciones de las asignaturas, estarán las competencias del estudiante y todo aquello que hace más allá de las clases, como participar en el aula de teatro o ir a una exposición.

Dijo que lo primero que haría cuando hubiera nueva consellera sería pedirle que el profesorado también sea reconocido por la docencia, y no solo por la investigación, pero todavía hay muchos profesores que hablan de "carga docente".

— Hemos avanzado mucho. En la ACUP, la Asociación Catalana de Universidades Públicas, hemos llegado a un acuerdo para que a los procesos de selección del profesorado esté el camino de la investigación pero también de la innovación docente y de la transferencia del conocimiento. Veremos cambios normativos muy pronto en esta dirección, porque esto encaja mucho con la visión de la consellera, y también hemos tenido reuniones con los ministros Castells y Subirats para que estos temas estén en la ley.

¿Cuáles son estos cambios normativos?

— Ahora solo hay tramos para la investigación, que implican un reconocimiento y un incentivo económico para los profesores en función de los artículos que publican. Se podrían crear unos tramos de transferencia del conocimiento, para que se reconozca este trabajo y tenga un impacto económico para el profesorado. Esto va por buen camino, y un indicador es que se ha nombrado un director general de transferencia del conocimiento.

¿Cómo ha visto el cambio de ministro?

— El ministro Subirats conoce muy bien la universidad catalana y española, y también el contexto político. Habrá que ver cómo se materializa en la LOSU el compromiso de invertir el 1% del PIB en universidades, cosa que ha gustado mucho a los rectores. En las últimas semanas hemos visto cambios en el proyecto, y los hay que tienen una regulación compleja, como por ejemplo el tema del profesorado asociado.

¿Qué se quiere cambiar?

— Que el profesorado asociado que lleve un tiempo pase a ser indefinido. Creo que esto está hecho para resolver el problema de los falsos asociados, que en nuestra universidad no es relevante. El profesor asociado tiene un trabajo principal fuera de la universidad, pero colabora con la universidad; mientras que el falso asociado no tiene un trabajo real fuera, sino que su trabajo es la universidad. Esta situación no existe en la UPF. Con el nuevo cambio de ley, un asociado que ahora tendría trabajo durante tres meses tendrá un contrato indefinido, lo cual distorsiona la contratación. Si hay universidades que tienen el problema de los falsos asociados se tiene que solucionar, pero en la UPF no existe este problema. Hemos transmitido al ministerio nuestra inquietud por esta medida y esperamos que sea receptivo. Esto no quiere decir que en las universidades no haya mucha precariedad: hay retribuciones muy bajas en el personal docente e investigador (PDI) que empieza y mucha dificultad para estabilizar las plantillas.

¿Cómo os afecta tener que limitar los contratos temporales del 40% al 8%?

— Quiero saber qué recursos pondrán, porque se legisla pero todo esto vale dinero. Hay una legislación que es contradictoria con la realidad de la financiación que tenemos: no podemos subir el capítulo de personal, no podemos ampliar la tasa de reposición… Ahora podemos contratar 1,2 profesores por cada profesor que se jubila, pero como hubo muchos años en los que no podíamos sustituir a nadie, con esta tasa tardaremos 25 años en llegar donde tenemos que llegar.

¿Cómo se explica que, a pesar de todo esto, las universidades catalanas sigan estando al frente?

— Por dos motivos. Desde 1990 hasta 2008, Catalunya apostó por las universidades aumentando la financiación y haciendo buenas políticas de investigación y de infraestructuras. Y segundo: con los medios que tenemos, las universidades catalanas tenemos modelos que funcionan mejor que en el resto del Estado. Y eso que hay universidades que reciben 14.000 euros por estudiante y la UPF recibe 6.000, o que en Catalunya, el 89% del profesorado titular tiene más de 50 años, mientras que en Murcia es el 58%. El déficit de financiación en relación a otras comunidades provoca menos profesores por alumno y un envejecimiento de las plantillas.

Le quedan tres años de mandato. ¿Cuáles son los retos?

— Seguir con el modelo científico de la UPF, que es muy exitoso, y poner más dinero. Aumentar el esfuerzo en transferencia, para que la investigación llegue a la sociedad. Implantar EDvolució. Y también el tema del catalán, para llegar a cumplir cuanto antes mejor el objetivo de que el 80% de asignaturas de grado se impartan en catalán. En la UPF tenemos un nivel de castellano parecido a otras universidades, pero tenemos mucho más inglés. Somos una universidad catalana con mirada global, y queremos seguir siendo una universidad internacionalizada y a la vez conseguir cumplir el acuerdo que firmamos todos los rectores. Casi 300 profesores ya se han acreditado con el C1.

¿Cómo se refuerza el catalán y a la vez se potencia la internacionalización?

— Los derechos de los catalanes y la voluntad de internacionalización no tienen por qué ser incompatibles. Tenemos que buscar el equilibrio y trabajar la seducción, para intentar que la gente vea que el catalán es útil y necesario, y para eso estableceremos ayudas a los trabajos finales de grado y las tesis en catalán.