25 alumnos por aula en la ESO: el gobierno español bajará los ratios en los institutos

BarcelonaEl gobierno español ha aprobado este martes, en primera vuelta, el anteproyecto que reduce las ratios -es decir, el número máximo de alumnos por aula- en escuelas e institutos. En concreto, el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto fijar que no pueda haber más de 22 alumnos en las clases de primaria, frente a los 25 actuales, y que en la ESO no se superen los 25 estudiantes, cinco menos que ahora (30).

Estas nuevas ratios se irán desplegando de forma progresiva en todo el Estado por tramos: se empezará en infantil y primaria en el curso 2027-2028; el siguiente, 2028-2029, el cambio se consolidará en secundaria, y en 2029/2030 en bachillerato, "para conseguir su plena aplicación en el curso 2031-2032", afirma el gobierno en una nota de prensa.

Según el ministerio de Educación, el objetivo de modificar la ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el ejercicio de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria es corregir las desigualdades detectadas entre comunidades autónomas, mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y conseguir una atención más individualizada.

Tras aprobarlo este martes, ahora el gobierno español espera que el futuro proyecto de ley sea tramitado por las Cortes Generales a partir de enero o febrero y confía en un apoyo mayoritario de todas las formaciones políticas, también de Junts.

En Catalunya, fuentes gubernamentales aseguran que el cambio de ratios afectará especialmente a los grupos de secundaria, ya que hace cuatro años que la Generalitat está reduciendo significativamente las ratios a infantil. En cuanto a la ESO, sin embargo, la consellera de Educación, Esther Niubó, admitió este septiembre que la previsión para este curso, 2025-2026, era que en 1º de ESO el 85% de los grupos públicos tengan una ratio de 29 alumnos o menos, y que el 97% tengan la 30 o menos, unas 30 o menos.

También la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Cataluña (AFFAC) calculó que para alcanzar el objetivo anunciado por el presidente Pedro Sánchez de reducir el ratio de alumnos de 1º de ESO habría que abrir hasta 169 grupos: 109 en los institutos públicos y 60 en los concertados.

Necesidades especiales y un índice de vulnerabilidad

Otra de las novedades de este anteproyecto de ley es que cada alumno con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas en los centros sostenidos con fondos públicos. "Existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de reducir la carga laboral del profesorado", defiende el ministerio. Habrá que ver qué impacto tiene esta medida en Cataluña donde, según datos del propio departamento de Educación en el sistema educativo catalán hay unos 43.300 alumnos con necesidades educativas especiales.

El documento también fija que, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado será de 23 horas en infantil, primaria y educación especial, y de 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, se puede alcanzar un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada período lectivo adicional. Según fondos gubernamentales, en Cataluña este elemento no implicará realizar ningún cambio. Tanto la nueva jornada lectiva como la consideración doble del alumnado NEE entrarán en vigor el próximo curso, según el calendario del proyecto. "Es la legislatura del profesorado", ha defendido la ministra de Educación y portavoz del gobierno español, Pilar Alegria.

El ministerio de Educación también está trabajando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica que permita identificar aquellos centros que, por el tipo de alumnado o la ubicación, por ejemplo, presentan una situación de especial complejidad. Este indicador partirá de una fórmula matemática y múltiples variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) y servirá para establecer el grado de vulnerabilidad de cada estudiante. Se prevé que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se preparen este tipo de recursos.

El texto del anteproyecto, sin embargo, se ha aprobado en primera vuelta y eso significa que el gobierno español todavía puede incluir modificaciones antes de que se apruebe el texto oficial y se remita a Les Corts. De hecho, durante la tramitación, será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas, indicó el ejecutivo.