Las 250 'escuelas gueto': el problema del sistema catalán pese a la bajada de la segregación escolar

BarcelonaLas medidas aplicadas al sistema educativo catalán están siendo eficaces para disminuir la segregación escolar, pero la situación de la escuela concertada y la prevalencia de los centros guetizados siguen siendo deberes pendientes para conseguir una escuela equitativa. Esta es la principal conclusión del informe sobre la segregación escolar que este miércoles ha presentado la sindica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Contra la Segregación Escolar.

El análisis, que utiliza datos actualizados de este mismo curso, muestra cómo en los últimos cinco años (desde el curso 2018-2019) la segregación escolar en Cataluña se ha reducido un 20% en el caso de los alumnos extranjeros y casi un 40% en el caso de los alumnos con necesidades educativas específicas. Para que nos hagamos una idea del impacto de esta reducción, si hace cinco años debía cambiarse de centro el 44% del alumnado extranjero en primaria y el 35% en secundaria para conseguir una escolarización equilibrada. Es decir, que todas las escuelas e institutos tengan la misma proporción de alumnos vulnerables. Para conseguirlo, este curso debería trasladarse el 33% de alumnos recién llegados a primaria y el 28% de los de secundaria.

La sindica ha hecho valer que se ha llegado a esta situación –que todavía tiene mucho margen de mejora– después de haber cumplido 13 de las 30 medidas que se plantearon en el Pacto Contra la Segregación Escolar en Cataluña firmado el año 2019 y de tener 17 "en proceso de cumplimiento". Estas medidas han permitido, entre otras cosas, mejorar el sistema de identificación del alumnado vulnerable. Un ejemplo de esta mejora lo vemos en que desde 2018 se ha cuadruplicado el porcentaje de alumnos con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, una proporción que demuestra un incremento de detección, pero que también es una consecuencia de que Cataluña es una de las comunidades autónomas con más pobreza infantil. De hecho, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida para el año 2022, en Cataluña el 28% de los niños de menos de 16 años sufren riesgo de pobreza.

A pesar de este importante paso adelante, Giménez-Salinas ha avisado de que es necesario mantener las medidas para asegurarse de que se sigue avanzando en este sentido. Asimismo, ha dicho, es necesario poner en marcha una nueva fase del Pacto Contra la Segregación para abordar un problema que hasta ahora no se había tenido en cuenta: la segregación dentro de los propios centros escolares. En el informe se explica que "la reducción progresiva de los niveles de segregación escolar entre centros no garantiza que el alumnado con necesidades educativas específicas no sufra los efectos de la segregación y del racismo estructural una vez escolarizado en centros socialmente más heterogéneos". Es decir, que a pesar de conseguir un sistema equilibrado, dentro de la escuela o del instituto, el alumno vulnerable también puede ser discriminado.

En esta desigualdad aún pendiente de abordar juega un papel fundamental el racismo estructural que caracteriza a la sociedad, puntualiza el informe. Un racismo que, según la síndica, implica desigualdad y vulnerabilización para el alumnado en los centros. Por este motivo, se propone iniciar una nueva fase del Pacto Contra la Segregación que incluya aspectos como la creación de una comisión de estudio sobre la acogida de alumnado desde una perspectiva antirracista. También se plantea añadir al pacto nuevas medidas orientadas a combatir el racismo y que en el pacto comience a participar la dirección general de Migraciones, Refugio y Antiracismo del departamento de Igualdad y Feminismos.

Guetos y escuela concertada, los deberes pendientes

Pese a los avances logrados en la reducción de la segregación, el informe también alerta de que estas medidas no han sido eficaces a la hora de "dar la vuelta a la guetización de los centros con una concentración más elevada de alumnado con necesidades educativas específicas, y más aún cuando estos centros se ubican en barrios altamente guetizados". Ante esta dificultad, la Síndica propone crear un plan de choque para 250 centros de muy alta complejidad. Este plan debería incluir medidas que más allá de evitar que los alumnos vulnerables se concentren en unos centros concretos promuevan que estudiantes sin necesidades educativas específicas se escolaricen en los centros más complejos.

Aparte de este aspecto, todavía existe otra deuda pendiente: la gestión de la segregación escolar en la escuela concertada. Aunque el documento valora muy positivamente la mejora que han realizado los centros concertados a la hora de acoger a alumnado vulnerable, la síndica también advierte de una disparidad de recursos entre el sistema público y el concertado, que supone un obstáculo para avanzar en la igualdad. En este sentido, el informe destaca cómo en los últimos cinco años el porcentaje de alumnos extranjeros que acogía la escuela concertada ha pasado del 8,6% al 14,1% en primaria, y del 7,5% en el 11,4% en secundaria. Con esta mejora se ha reducido a la mitad la diferencia entre pública y concertada a la hora de acoger a alumnado recién llegado. En 2018 la pública escolarizaba 2,3 veces más alumnos extranjeros que la concertada y el curso pasado sólo 1,5 veces más.

GRÁFICO.

El informe también advierte que la baja dotación de recursos a la atención a la diversidad en los centros concertados puede ser un importante obstáculo a la hora de luchar contra la segregación escolar. El documento señala que el 68,9% de los centros públicos de muy alta complejidad poseen aula de acogida, mientras que sólo un 45,5% de los centros concertados con estas características disponen de este servicio. También se hace énfasis en que en una escuela pública se hace una inversión pública para atender a la diversidad de 265,1 euros por alumno, mientras que en la concertada se destinan 27,5 euros por estudiante.