Cambray aporta el acuerdo sobre el catalán para convencer al TSJC que cumple la sentencia del 25%

BarcelonaEl conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para informarlo de cómo tiene previsto implementar la sentencia que obliga a que un 25% de las clases sean en castellano en todos los centros educativos, dado que este viernes acaba el plazo de dos meses que daba la ley para ejecutarla. En su escrito, Cambray señala las medidas que se han tomado a lo largo de estos meses para convencer al TSJC que se está dando cumplimiento a la sentencia (que ya es firme y no tiene margen para ser recurrida). Y, en primer lugar, Cambray aporta a los jueces el acuerdo anunciado ayer por los grupos de ERC, PSC, Junts y En Comú Podem en el Parlament para modificar la ley de política lingüística y "actualizar la garantía de logro de las competencias lingüísticas de acuerdo con el nuevo enfoque competencial del currículum y la aplicación de los instrumentos de control, evaluación y mejora del sistema educativo".

Cambray también informa que en el ámbito ejecutivo, el Govern ha iniciado los trámites para un nuevo decreto, tal como anunció el mismo conseller el martes, y se concreta que esta nueva normativa establecerá que el catalán y el castellano "estarán contemplados en los proyectos lingüísticos de centro para lograr el pleno dominio". Por último, el conseller recuerda que se han dado pasos, también, en materia sociolingüística, ya que se ha encargado al Centro de investigación en Sociolingüística y Comunicación de la Universitat de Barcelona una encuesta sobre la realidad idiomática en los centros educativos, puesto que los últimos datos del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu señalan una bajada progresiva en el uso del catalán en los centros, así como las del Síndic de Greuges presentadas esta semana, que también indican que en la práctica los centros catalanes ya dan más de un 25% de las clases en castellano.

En un comunicado, el departamento de Educación ha explicado que todas estas acciones tienen como objetivo "reforzar el modelo de escuela catalana y dotar de más seguridad jurídica a los proyectos lingüísticos de los centros". "Con todas las acciones que estamos desplegando conseguiremos más presencia del catalán en los próximos cursos de la que tenemos ahora", afirmó Cambray.

Ahora bien, como en ninguna parte se habla del porcentaje concreto de castellano, tal como marca la sentencia, hay dudas sobre el efecto real que tendrá este escrito y se plantean algunos interrogantes: ¿qué interpretación hará el TSJC?, ¿el cambio anunciado frenará a las familias que, de manera individual, continuarán reclamando un 25% de castellano en las clases de sus hijos?, ¿qué pasará cuando las entidades contrarias a la inmersión pidan la ejecución forzosa de la sentencia? La plataforma Escuela de Todos ya ha anunciado que el lunes "instará a la ejecución forzosa de la sentencia" del TSJC porque "ninguna modificación legislativa puede sustituir el cumplimiento efectivo de la sentencia". A su vez, Ciudadanos ha avisado ya que la modificación de la ley de Política Lingüística acordada por el PSC, ERC, comuns y Junts no da cumplimiento a la sentencia del TSJC y han advertido que llevará el caso a los tribunales. El partido ya había amenazado que si no se cumplía la sentencia recurriría a la justicia, y ahora fuentes del grupo consultadas por ACN explican que están estudiando si se está incurriendo solo en prevaricación o también en desobediencia.