Los abogados de los sinhogar
Arrels asesora jurídicamente a los que sobreviven en la calle e intenta mediar para que, en caso de denuncia, se cambie la pena de prisión o económica por beneficios a la comunidad
BarcelonaDenuncias, agresiones, incluso herencias. Para todas estas cuestiones hace falta asesoramiento legal para entender la letra pequeña o simplemente defenderse. También las personas que sobreviven en la calle necesitan profesionales de la abogacía, a pesar de que a menudo “no son conscientes de que tienen derechos”, matiza Beatriz Fernández, la responsable del servicio jurídico de la Fundació Arrels, que desde hace dos décadas vela por que los sinhogar tengan, al menos, una defensa en su intento de apoyar integralmente al colectivo, más allá de comida, ropa y techo.
La calle es la intemperie física y supone también aislamiento social, quedar fuera del sistema. La prioridad es sobrevivir al día a día, tener un lugar para dormir, uno para lavarse y conseguir un plato caliente. Queda poco tiempo para otras preocupaciones y la abogada Fernández apunta a que si en algún momento se encuentran con un problema legal, ven lejos y ajeno el mundo judicial que les tiene que dar respuesta. Por eso el servicio se activa de manera proactiva en las conversaciones que tienen los educadores con los que se están en la calle o los que frecuentan el centro abierto de la calle Riereta, en el barrio del Raval de Barcelona. Hay quién necesita regularizar su situación administrativa, en un trámite casi imposible por los durísimos requisitos que se les exigen y los pocos puntos que acumulan para el arraigo. En otras ocasiones, se detecta que se han puesto enfermos graves y se les asesora para que puedan acceder a una prestación, y también se ha dado el caso de que hayan tenido que guiar a una persona sin hogar en la burocracia de aceptar una herencia.
Mediación para evitar la prisión
En el ámbito penal, el equipo de Fernández tiene que tratar a los usuarios como víctimas o, a veces, como acusados. La idea es que en caso de que puedan acogerse a la justicia gratuita lo hagan para que se les asigne un abogado de oficio. “Si tienen el derecho, que lo usen”, subraya la abogada de la ONG, que matiza que entonces su tarea se limita a explicarles bien cuál es la situación y cuáles son las mejores posibilidades de salir bien parado. Solo en casos de agresiones o asesinatos por aporofobia (el odio a los pobres), Arrels se persona como acusación popular. En el caso del Marjan, acusado de agredir a la policía y a quien un guardia urbano hirió de gravedad de un disparo en el Passeig de Sant Joan a finales de noviembre del año pasado, la entidad ha anunciado su voluntad de presentar acusación.
Para los sinhogar, las multas por incumplir las ordenanzas públicas son un dolor de cabeza (la prohibición de usar los lavabos de bares y restaurantes de los cuales no son clientes les deja pocas alternativas que no sean hacer sus necesidades en la calle), como también lo son las denuncias o enfrentamientos que se pueden producir con los vecinos, que se quejan por el ruido o los malos olores. “El problema es que si la acusación comporta una pena de prisión, se les cambia la pena por una multa económica”, que es imposible de asumir, explica Fernández.
Aquí entra la tarea clave del equipo de abogados. El objetivo es conmutar la pena por trabajos a la comunidad porque el ingreso en prisión "no sirve" para los sinhogar: una vez acaban la condena, tienen que empezar de nuevo desde cero y, además, son muy pocos los servicios que hay para guardar sus pocas pertenencias durante el ingreso en prisión. Pocas pero elementales para pasar las noches de invierno, como mantas, un colchón o, si no tienen, cartones limpios y secos. Fernández se queja de que, a diferencia de lo que pasa en Londres, en Catalunya no hay seguimiento ni coordinación de prisiones y hospitales y cuando una persona sinhogar vuelve a la calle tiene que pasar la convalecencia en una plaza o, con suerte, en un hostal. “Son servicios que no tienen resueltas las salidas para este colectivo tan vulnerable”, continúa la abogada, que asegura que una de las bondades del servicio jurídico es que “ha facilitado la creación de vínculos con Arrels” y los usuarios empiezan a frecuentar el centro de día o los servicios de ducha que tiene la entidad en el Raval.
