Los entierros de beneficiencia crecen un 45% en Barcelona

Barcelona¿Qué ocurre cuando una familia no puede pagar los gastos de un entierro? ¿O cuando una persona muere sin dinero y sin nadie que se haga cargo? Son los entierros de beneficencia, que pueden ser gratuitos o bonificados, en función de la renta. En Catalunya, según Asfuncat, la patronal catalana de funerarias, el año pasado se realizaron 1.702, con una media de cuatro cada día, lo que representa un 2,7% del total. Y aunque carecen de datos de la evolución, sí constatan un aumento de la demanda. Quien sí ha cuantificado el incremento es el Ayuntamiento de Barcelona: entre 2019 y 2022 ha habido un 45% más de entierros gratis: se ha pasado de los 144 a los 210, mientras que en cuanto a los bonificados el incremento fue mucho más acusado, de 69 a 121, un 75%. El punto de inflexión es el primer año de pandemia, pero la tendencia al alza se mantiene constante. Sin embargo, el incremento es más moderado que el ocurrido con la crisis financiera de hace una década, cuando en la ciudad se doblaron este tipo de entierros coincidiendo también con la subida del IVA del 8% al 21 %.

Los entierros de beneficencia están reservados básicamente para "pasavolantes o gente sola", detalla la coordinadora de servicios sociales en el Ayuntamiento de Igualada, Montse Montrabeta. La ley establece la obligación de los familiares directos o herederos designados de pagar sus costes, que rondan de media los 3.500 euros. No es fácil desentenderse de un fallecimiento de la familia, y en muy pocos casos se exculpa de esa obligatoriedad. "Cuando hay familia lo paga la familia", asegura Montrabeta, habituada a gestionar situaciones de emergencia ya quien no le sorprende nada, dice, que la beneficencia represente un porcentaje tan bajo, a pesar de que uno de cada cinco catalanes vive en la pobreza y que un tercio de las familias no puede hacer frente a un imprevisto de 700 euros.

Informe social de vulnerabilidad

Un decreto del año 1999 establece que la competencia de los servicios funerarios es de los ayuntamientos y, por tanto, son los que deben garantizar que todos los fallecidos reciben una sepultura digna y en condiciones. Desde la Fundación San Juan de Dios, Teresa Bermúdez confirma que a la beneficencia acuden casi sólo los casos "más complicados", porque incluso cuando el fallecido había roto los lazos con padres o hijos, éstos acceden a pagar la factura porque sienten la necesidad de realizar "un último acto a favor del difunto, de reconciliarse", y también porque consideran que desentenderse en este momento es "un abandono o una carga emocional demasiado grande para ellos".

Así, las familias hacen manos y mangas y no dudan en pedir dinero a otros familiares o amigos o en endeudarse, apuntan trabajadoras sociales consultadas por el ARA. También cabe destacar que todavía se mantiene viva la confianza en el seguro de decesos, que según un estudio de 2021 de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en Cataluña oscila entre el 40% de cobertura en la demarcación de Tarragona y el 25% de Lérida. "Si hace falta se lo sacan de la comida, pero no dejan de pagar a los muertos", ilustra Montrabeta según su experiencia de observar los gastos familiares a la hora de hacer informes de vulnerabilidad.

Uno de los colectivos más preocupados por el fin de vida es el de origen extranjero, aunque lleven años instalados en Cataluña. Son ellos los que a poco que ganen contratan seguros de deceso. Como secretaria de la mezquita Hyda de Martorell, Aisha Rabie se harta de insistir "a todos los que paguen el seguro para los padres y también para los hijos pequeños", que les cubra incluso la repatriación del cadáver, por garantizar que el cuerpo tenga un trato respetuoso con los preceptos del islam. A falta de un seguro, la comunidad responde con cosechas, y en pocos días se juntan 6.000 euros para enviar el cuerpo a Marruecos. En el país magrebí, además, las sepulturas no están grabadas con ningún impuesto ni alquiler, así que al cabo de los años morirse es más barato. "Nadie quiere que un amigo acabe en una fosa común", señala Bermúdez.

Sin vela ni traslado

El decreto de los entierros de beneficencia recoge que, una vez aprobado el expediente, la empresa funeraria debe ofrecer los servicios básicos, que se limitan al traslado del difunto desde el lugar donde ha fallecido hasta el cementerio de la misma ciudad, y un ataúd básico. Al ayuntamiento le toca disponer de un nicho provisional que albergará los restos durante unos pocos años (en Barcelona, dos) por si alguien los reclama. Si no hay nadie que pague las tasas y el alquiler, los restos se retirarán a un osario. Para las personas pobres a las que nadie paga el entierro, no hay derecho a velatorio, donde amistades y familiares las recuerden antes del entierro, porque este espacio "no es un servicio básico", apuntan desde Asfuncat , que recuerda que Cataluña es la única comunidad donde las funerarias deben asumir los gastos de los beneficiarios de la beneficencia.

Precisamente, las seis entidades sociales que impulsan la ley de sinhogarismo, actualmente en debate en el Parlament, reclaman que se reconozca el derecho a la prestación del servicio de tanatorio, el cual comprenderá la prestación de velatorio, por un período mínimo de tres horas, y de oratorio por un período mínimo de 30 minutos. La beneficencia tampoco incluye el traslado de un municipio a otro, así que el entierro se realiza en el mismo término del domicilio mortuorio (hospital, centro sociosanitario, casa particular o vía pública), y se hace cargo este ayuntamiento, no donde estuviera residiendo o empadronada la persona muerta.