El Gobierno destinará 30 millones de euros a los ayuntamientos para hacer frente al sinhogarismo

BarcelonaTrabajar pero no poder pagar un alquiler y tener que dormir en la calle es una realidad creciente en Cataluña. El auge de la precariedad hace que cada vez haya más personas que se ven abocadas a vivir sin un techo hasta el punto de que el perfil de los afectados ha cambiado y ahora hay trabajadores que no se pueden permitir ni pagar una habitación. Además, hay que sumar otras problemáticas sociales, como las adicciones y las patologías de salud mental, que tienen un impacto directo en el incremento del sinhogarismo en el conjunto del país. Este viernes, el consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha anunciado que el ejecutivo catalán destinará 30 millones de euros –el doble de lo que se invierte ahora– para que los ayuntamientos le hagan frente.

Moreno lo ha explicado después de la Mesa Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo, que se ha celebrado este viernes en el recinto de Can Batlló de Barcelona. A pesar de que esta partida suponga doblar la cantidad destinada hasta ahora, los ayuntamientos y la Sindicatura de Agravios de Cataluña consideran que la apuesta se queda corta. Por un lado, la síndica, Esther Giménez-Salinas, ha pedido al Gobierno que destine alrededor del 0,15% del presupuesto de la Generalitat, es decir, un mínimo de 73 millones de euros. Por otro, desde el Ayuntamiento de Barcelona han expuesto que ellos destinan 50 millones de euros –un millón de euros a la semana– a esta problemática, pero, según han informado fuentes conocedoras de la reunión a l'ARA, los municipios reclaman una inversión mayor que la anunciada por el Gobierno.

En este sentido, las mismas fuentes estiman que harían falta 242 millones de euros de otras administraciones para poder responder a la realidad del sinhogarismo en Barcelona. Con respecto a las entidades sociales, el presidente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Xavier Trabado, ha considerado que los recursos destinados hasta ahora al sinhogarismo son "absolutamente insuficientes" y ha defendido que habría que empezar con una dotación de 100 millones de euros para abordar el fenómeno con garantías en toda Cataluña. Según Trabado, esta cantidad debería permitir que todos los ayuntamientos dispusieran de los recursos necesarios y evitar que haya territorios sin capacidad para afrontar el problema.

Asimismo, Moreno ha defendido que esta partida se añade a la dotación que ya destinaba el departamento a los ayuntamientos a través del contrato programa para que atiendan a las personas que viven en la calle. "No partimos de cero; aumentamos los recursos", ha argumentado el consejero, que ha reivindicado las políticas impulsadas tanto por los ayuntamientos como por la Generalitat en los últimos años. El titular de Derechos Sociales ha explicado que se ha reforzado la colaboración con el mundo local con 115 nuevos profesionales, que se ha llegado a 70 áreas básicas y que se ha incrementado la financiación destinada al abordaje del sinhogarismo. El Ayuntamiento de Barcelona ha agradecido a Moreno que asuma un reto que, si bien es competencia municipal, consideran que hay que asumir como país.

Durante la reunión, Giménez-Salinas también ha presentado un acuerdo de país con 35 medidas que fija el objetivo de poner fin al sinhogarismo en la calle, los asentamientos y el chabolismo en 2035. La síndica ha reclamado que se destine alrededor del 0,15% del presupuesto de la Generalitat y que la dotación quede fijada presupuestariamente y sea estable.

Nuevos perfiles y sin ley

Desde hace unos pocos años, el sinhogarismo ya ha dejado de ser un fenómeno urbano, concentrado en el centro de las grandes ciudades. En parte, se explica por el aumento de población que pernocta en las calles. También cambia el perfil: ya no son solo vagabundos sino que es una población rejuvenecida, jóvenes inmigrantes que no han podido encontrar una oportunidad para regularizar su situación, personas con trastornos mentales... E incluso trabajadores con empleo fijo. Además, cada vez hay más mujeres, que a menudo huyen de violencia machista. Según datos recogidos por el síndico en 2025 con la información recaudada en los municipios de más de 20.000 habitantes de toda Cataluña y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la población que vive en la calle llega a las 6.724 personas, de las cuales 2.400 lo hacen en asentamientos.

Aparte del presupuesto, el pacto incluye otras medidas como garantizar el empadronamiento de todas las personas que viven al raso y el ejercicio de todos sus derechos, y también que se respete que los menores no sean desalojados de sus viviendas en casos de desahucios. Otro de los ejes del acuerdo es garantizar una respuesta más homogénea en todo el territorio y evitar que la atención al sinhogarismo dependa del municipio donde se encuentre la persona.

El documento plantea que, antes de terminar 2027, la Generalitat fije unos servicios mínimos obligatorios, como comedores sociales, duchas, centros de día, espacios de pernoctación o equipos de calle, y que los ayuntamientos dispongan de planes locales de abordaje antes del primer semestre de 2028. La propuesta también quiere evitar que la falta de recursos en un municipio acabe desplazando a las personas sin hogar hacia localidades vecinas. El texto se ha entregado a las instituciones presentes en la Mesa Institucional y a las entidades del tercer sector y la síndica espera tener una respuesta antes del 23 de octubre, cuando está prevista un nuevo encuentro.

Giménez-Salinas ha afirmado que el acuerdo se plantea como "un pacto" que deben cumplir las instituciones firmantes y lo ha desvinculado de la ley contra el sinhogarismo, a debate en el Parlamento desde la legislatura anterior y fruto de la presión de las entidades. Esta normativa prevé que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se doten de recursos diurnos, albergues o consignas, pero no habla de vivienda. Según los datos recogidos por la síndica, el 46% de los municipios no disponen de comedor social y el 28% no ofrecen duchas.