Hacienda reclama 7.700 euros a una mujer que recibió una ayuda social
La administración reconoce que no es un caso aislado porque las ayudas municipales no están exentas de tributación
Barcelona"Este caso es un cúmulo de despropósitos muy graves". El mismo Ayuntamiento de El Prat, que es quien concedió la ayuda a Mayra, admite que lo que le ha pasado a esta madre de familia de 46 años es, como mínimo, "profundamente injusto". En 2019 se vio obligada a pedir una ayuda de emergencia porque la echaron de la habitación donde vivía realojada con sus tres hijos, que entonces tenían 14, 11 y 2 años. "No tenía adónde ir", explica. En enero del 2020 el Ayuntamiento de El Prat les ofreció una habitación en un piso compartido. Vivían los cuatro en una sola habitación en una casa donde había, en total, una veintena de personas vulnerables y con situaciones complejas. "La convivencia era muy difícil", dice Mayra. Poco después, la pandemia y el confinamiento alargaron esta estancia de manera obligada. La situación no era fácil pero la peor noticia llegó un año después: Hacienda le reclamó por carta 2.271 euros.
En la notificación le explicaban que la ayuda que había recibido para acceder a aquella habitación se considera una subvención. El importe total que había pagado el consistorio por la familia, el primer año, superaba los 35.000 euros y, como se consideraba un ingreso estaba obligada a hacer la declaración de la renta, que le salía a pagar. Al mismo tiempo, el Estado le retiró el ingreso mínimo vital que cobraba hasta entonces porque consideró que había ingresado suficiente dinero.
Mayra, sin embargo, no había recibido ni un céntimo, porque el Ayuntamiento pagó directamente a la empresa Snow Travel SA, que es quien había facilitado la habitación y quien gestiona estos servicios, a través de una concesión pública. "Lo primero que pensé es: ¿pero qué clase de ayuda es esta?", explica la Mayra, que, a pesar de todo, intentó pagar a Hacienda, en dos tandas, "para no tener deudas". Consiguió hacer frente al primer pago pero no al segundo. Resultado: le embargaron la cuenta.
Ahora, un año después la historia se repite y es todavía más cruel. Hacienda reclama a esta familia 5.500 euros más en el borrador de la renta de este año como consecuencia, dicen, de haber recibido la ayuda también durante el 2021, por valor de más de 43.000 euros, según los datos declarados a Hacienda por parte del Ayuntamiento. Si madre e hijo mayor hacen la renta conjunta, el importe a pagar se reduce a los 1.162 euros.
La pesadilla burocrática
¿Qué ha pasado para que una ayuda social se les vuelve en contra de este modo? ¿Cómo es que el valor de una habitación supera los 35.000 euros el 2020 y los 43.000 el 2021, si un piso entero de alquiler en El Prat ronda los 700 euros, es decir, unos 8.400 euros anuales? Ya hace cuatro meses que Mayra y las personas que la ayudan recorren todas las ventanillas posibles para encontrar una respuesta. También han pedido ayuda a la asistenta social que tiene asignada la familia. Han presentado recursos, consultado al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, han pedido reuniones con el Ayuntamiento e incluso han escrito por carta a tres ministerios. "Al principio en todas partes nos decían lo mismo: no puede ser, no lo debéis de estar mirando bien, habréis cometido un error, esto no puede ser así", recuerda esta madre de familia. Ahora, apenas empiezan a dar con el quid de la cuestión.
El Ayuntamiento de El Prat explica que no tienen otra manera de hacerlo. "La ley no nos deja a alquilar un piso en el mercado, se tiene que hacer una contratación pública por los servicios de alojamiento", explica la regidora de Acción Social de El Prat, Anna Martín. En este caso la empresa que ganó la adjudicación, Snow Travel, no solo ofrece la plaza en una habitación, sino también una educadora, posibilidad de pensiones completas [alimentación], apoyo psicológico o educativo y un teléfono de emergencia operativo 24 horas. "Este servicio cuesta 22 euros por persona y día, y en su caso esto se multiplica por 4 personas", apunta la directora de acción social del consistorio, Laia Ortiz, para hacer los cálculos. "Durante el confinamiento, además, se les hacía llegar comida y el precio subió a 44 euros por persona y día", completa la regidora. "El Estado dice que esto se tiene que computar en la renta –añade– y nosotros nos hemos peleado pero esto es así", aseguran las responsables. El Ayuntamiento, de hecho, hizo la pregunta formal a Hacienda el 2015 y la administración estatal –que según apuntan en El Prat tardó dos años en contestar– les confirmó que esta ayuda "se tenía que notificar y tributar si sobrepasaba el límite de los 12.000 euros".
Fuentes de la administración y el mundo local apuntan que "el problema" es que la ley se interpreta "de manera muy restrictiva". Hacienda clasifica estas ayudas como subvenciones (que tributan) y no como prestaciones (que están exentas de tributar), aseguran las mismas fuentes. De hecho, hay debate entre los mismos juristas, académicos e interventores sobre cómo se tendrían que gestionar estas ayudas. "En el fondo toda la burocracia esconde una desconfianza hacia los pobres, por si se aprovechan de las ayudas", señalan fuentes municipales.
No es un caso aislado
El caso de Mayra no es el único. Solo en El Prat tienen detectados 14 más, a pesar de que "ninguno tan bestia como el de esta familia". Fuentes de la administración pública, además, apuntan que hay otros municipios que se han encontrado con el mismo problema, a pesar de que es imposible cuantificar el total porque no todos los casos salen a la luz ni hay ningún registro que los aglutine.
De hecho, hace tres semanas Más País presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que las ayudas de emergencia social de las entidades locales no tengan carácter de subvención y evitar así las trabas burocráticas por las cuales tienen que pasar familias como la de Mayra. "Parece que no hay más salida que cambiar esta parte injusta de la ley, y no pararemos hasta que se consiga", sentencia Mayra. En El Prat, el consistorio coincide, y hasta que llegue el cambio intentan driblar la ley aumentando la bolsa de pisos y comprando edificios para gestionarlos directamente desde el Ayuntamiento, y no a través de terceros.
Mayra y sus tres hijos salieron de la habitación de emergencia hace dos meses y ahora viven en un piso social. Gracias a los recursos el Estado le ha devuelto el IMV con efectos retroactivos. "Nos estamos recomponiendo como familia", explica esta madre. Y les hará falta tiempo. La convivencia de dos años en una sola habitación –y con una veintena de personas en el piso– les ha pasado factura. "Mi hijo pequeño, que ahora tiene cuatro años, dejó de hablar con los adultos pero parece que ahora ya va recuperando el habla –relata Mayra– y el de 13 ha empezado a tener actitudes violentas por lo que me dicen en la escuela". El más mayor "de momento aguanta", explica la madre. Ella también intenta capear el temporal y ya hace tiempo que se medica para controlar la ansiedad.
