Los Mossos desalojan la nave ocupada de Badalona: "Ahora no sabemos dónde ir"

BadalonaMaletas, bolsas, sillas, carros, bombonas de butano e incluso alguna nevera se amontonaban afuera de la nave ocupada de la calle Progrés de Badalona que los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves en cumplimiento de una orden judicial. Son las pertenencias que la ochentena de residentes han dejado mientras esperan una solución al techo que han perdido. Sin ninguna alternativa, se preparan para pasar la noche a la intemperie, aunque el alcalde, el socialista Rubén Guijarro, ya ha advertido de que no permitirá "acampadas ilegales".

Horas antes, el concejal de Servicios Sociales, David Torrents, había admitido que el municipio no tiene capacidad por si solo de encontrar una vivienda, y por eso había reclamado una "ayuda extra" a otras administraciones, como la Generalitat. “No dejaremos a nadie sin atender y nuestros servicios atenderán a todo el mundo que venga”, aseguraba en la puerta de la fábrica, sin poder concretar ningún calendario ni recursos disponibles. En tiempo de descuento, fuentes del departamento de Derechos Sociales explican que se está intentando encontrar una solución abriendo una partida económica específica para el sinhogarismo.

Ocupada después de que hace seis años quedara en desuso, esta nave del barrio del Gorg acogía a entre 80 y 100 personas (no hay un censo oficial y todo depende de quién las cuente), la mayoría hombres jóvenes subsaharianos que, sin papeles ni posibilidades de tener un trabajo legal, no tenían más alternativa que esta si querían evitar la calle. Algunos de los ocupantes provenían de la vecina fábrica que en diciembre del 2020 quemó y dejó cinco muertos.

En todo este tiempo, y a pesar de que se sabía que había una orden de desalojo desde hace más de un año, ninguna administración se ha hecho cargo de ellos y la pobreza de los ocupantes no ha hecho más que cronificarse. “No podemos marcharnos. No tenemos otro lugar donde vivir”, decía el guineano Amadou Bar mientras esperaba la llegada de la comitiva judicial e intentaba calentarse en una mañana especialmente fría. 

"¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde puedo trabajar?"

“Sin papeles, ¿dónde quieres que vaya? ¿Dónde puedo trabajar?”, se preguntaba la nigeriana Joy Demode, una de las pocas mujeres que ocupaban la nave. “La vida es dura, sin agua ni luz hace frío, y es difícil poder dormir y sobrevivir”, explicaba Jodian David, también nigeriano. Son historias que se repiten en la mayoría de las biografías de jóvenes que pensaron que la inmigración les daría una oportunidad y que han acabado malviviendo en la miseria de la recogida de la chatarra.

Los residentes habían planteado al juzgado y a la propiedad de la nave, la Sareb, una moratoria de tres meses para tener un techo en la dureza del invierno, pero el llamado banco malo del Estado no los ha querido ni escuchar, se quejaba la abogada Sònia Olivella, de Baula Advocacia, en la misma línea que la Generalitat. Con este objetivo, la abogada ha presentado a primera hora de la mañana de este jueves un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que paralizara cautelarmente el desalojo.

Pero todo ha sido en vano porque finalmente, y después de dos aplazamientos, el desembarco de una quincena de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra ha abierto paso a la comitiva judicial para hacer efectivo el desahucio. En la actuación ha habido cargas contra los activistas que defendían el derecho de los residentes de la nave. Un hombre ha quedado herido y ha tenido que ser atendido por una ambulancia al recibir un golpe de porra y caer al suelo y la CUP ha denunciado la agresión a las diputadas Dolors Sabater y Okoye Löbery. El alcalde Guijarro ha defendido la actuación policial y, discrepando públicamente del concejal Torrents, ha asegurado que no ha reclamado nunca ninguna moratoria porque los residentes "malvivían" en condiciones "infrahumanas".

Previamente, algunos de los residentes ya habían empezado a recoger sus cosas y habían abandonado la nave, sobre todo, para evitar que los Mossos los pudieran identificar. “Si la policía me pilla, me hará una orden de expulsión y me será más difícil conseguir los papeles”, decía el nigeriano Frederick I., que hace más de seis años que está en España. 

Su compatriota Odion Blessed también fue de los primeros en coger la maleta y no esperar a la comitiva. Hace dos años que llegó a Barcelona y, después de un par de meses en la calle, se instaló en esta nave. Con una salud delicada, en diciembre salió del hospital con un diagnóstico de enfermedad renal y un informe médico que aconsejaba un entorno limpio para evitar infecciones. “No sé qué tengo que hacer ni dónde ir”, dice.

"La intemperie es todavía peor"

La incertidumbre era el sentimiento compartido, porque a media mañana, y con el frío de la noche todavía en el cuerpo, no sabían dónde dormirían. “Nos queremos quedar en la nave, pero esto no es un lugar para vivir, no es humano tenernos aquí, pero la intemperie es todavía peor”, afirmaba una mujer que no quería ser identificada. La abogada Olivella admitía que algunas personas desconfían tanto de la policía como de los servicios sociales porque temen que sus datos se utilicen para echarlos y esto complica, paradójicamente, que se les ofrezca ayuda. Con todo, el concejal ha asegurado que a través de los servicios municipales hay residentes que han entrado en cursos de formación y capacitación, indispensables a la hora de hacer los trámites para el arraigo.

Con la nave desalojada, guardas de seguridad privada contratados por la Sareb se han hecho cargo del espacio para evitar la reocupación, pero con el compromiso de mantener las pertenencias que han quedado adentro, como colchones u otros muebles que los ocupantes habían ido recogiendo y acumulando para tener un poco de confortabilitat en un espacio frío y desalmado. “La solución no es echarnos de aquí”, constataba el guineano Bar, que con dos maletas negras como toda propiedad intentaba ver si algún compatriota le podía “echar una mano” o decirle dónde había lugar para pasar la noche bajo tejado. “En las naves que hay por aquí cerca todo está vacío”, afirmaba, una constatación que corroboraba el activista Carles Sagués, de Badalona Acull.

El de Progrés no es el único asentamiento de Badalona, donde la falta de vivienda asequible y la crisis económica hacen que cada día haya intentos de desahucios. La situación es límite, advierten los sindicatos municipales de servicios sociales, que han denunciado las deficiencias estructurales para poder atender con una mínima dignidad a los ciudadanos con vulnerabilidad, puesto que desde hace años los responsables políticos de la administración han vaciado de personal estos servicios esenciales.