Una superviviente de cáncer, a punto de ser desahuciada del piso que sirvió para avalar a su hijo

BarcelonaMontserrat Llinares debe abandonar el piso en el que ha vivido desde que se casó hace casi 50 años, y no sabe ni por dónde empezar a la hora de poner en cajas todos los objetos acumulados a lo largo de su vida. "No quiero dejar nada atrás, tengo miles de libros, de discos, todos mis recuerdos", explica esta enfermera jubilada de 75 años en el pequeño comedor del domicilio de Sants que, si no hay ninguna sorpresa de última hora, tendrá que dejar. Un juzgado de Barcelona ha ordenado el desahucio para este miércoles a las 10 de la mañana. "Yo no puedo irme de aquí, no tengo a dónde ir", repite mientras da unas gominolas a su perro para que esté entretenido y la deje hablar sin interrupciones.

El caso de Llinares se aleja del perfil habitual de afectados, porque tiene una pensión de jubilación elevada que hace que quede fuera del criterio de vulnerabilidad económica que le daría pie a acogerse a la ley contra el desahucio. De hecho, ella era la propietaria de la vivienda hasta que hace unos años realizó una dación en pago al Banc Sabadell para librarse de las deudas. En el 2000, ya con el piso del todo pagado, avaló un crédito de 25 millones de pesetas (150.000 euros al cambio actual) de su hijo para abrir un negocio, que cerró poco después comido por las deudas.

Según explica Llinares, después de varias negociaciones pactó dar el piso al Sabadell a cambio de poder quedarse pagando un alquiler de 575 euros mensuales. Desde entonces, cada mes ha ingresado en Solvia, la inmobiliaria del banco, la cantidad acordada, hasta que en 2022 la entidad bancaria traspasó su cartera de pisos a Promontoria Coliseum (creado con el fondo de inversión Cerberus), que dejó de aceptar el pago de los alquileres y ya no quiso renovar su contrato. "Mi abogado me dijo que no era necesario depositar las mensualidades en el juzgado", se queja. Pagar el alquiler en los juzgados es la vía para, en caso de conflicto, demostrar que como inquilino se quiere seguir pagando. Ahora, a raíz de estos impagos, la actual propiedad del inmueble ha sacado adelante el procedimiento judicial y existe una orden de desahucio para este mismo miércoles.

"Vulnerabilidad social"

"No tengo adónde ir, no podemos dejarme en la calle", repite mientras llora sentada en un rincón del comedor lleno de cajas y recuerdos familiares. Llinars no pidió ayuda hasta hace tres meses al Grupo de Vivienda de Sants, que se ha movilizado para intentar detener el desahucio. Una de las activistas que han ido al piso de Llinares para echarle una mano para empaquetar indica que, si bien tiene una buena pensión, se trata de una anciana que hace pocos años sufrió un cáncer de mama y, por tanto, "sufre una vulnerabilidad social".

Desde hace unas semanas, Llinares explica que ha dado voces entre los vecinos por si saben de algún alquiler barato, consciente de la imposibilidad de comprar, pero dice que no ha tenido suerte. "No hay alquileres, yo no pido uno social, pero es que no encuentro ni por 800 euros", lamenta. Por su parte, los activistas del Grupo de Vivienda cuestionan la "responsabilidad del Sabadell" por desentenderse del contrato firmado. Pero fuentes de la entidad han asegurado que nada tienen que ver con las decisiones de otras empresas.