Frente común contra la ley franquista que regula la extracción de agua embotellada en Cataluña

GeronaEn una unión de fuerzas sin precedentes entre ecologistas y administraciones, 22 municipios del Montseny y el Valle del Llémena, junto con la Diputación de Girona y el Consejo Comarcal del Vallés Oriental, han aprobado una moción conjunta para regular el negocio del agua embotellada. En Cataluña, las empresas de este sector, que se concentran sobre todo en las faldas del Montseny, las Guilleries y los volcanes de la Garrotxa, extraen y envasan cada día miles de litros de agua de acuíferos naturales a partir de una normativa que se basa en la ley franquista de minas de 1973. captaciones a largo plazo, sin límites ni controles claros, mientras que muchas fuentes y rieras del entorno natural de alrededor, sobre todo en épocas de falta de lluvia, quedan secas o con poco caudal. Por eso, la moción insta al Parlament de Catalunya a constituir una delegación formada por representantes de grupos políticos con el encargo de promover en el Congreso de los Diputados la modificación de la ley de minas.

El objetivo de esta alianza inédita es que los acuíferos profundos sean reconocidos como recurso natural estratégico y se gestionen con criterios de transparencia y protección ecológica, en el marco de las directivas de la Unión Europea. El texto empezó a impulsarlo hace más de un año la Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny, con el apoyo de otras entidades como Aigua es Vida, justo después del momento crítico de la gran sequía. Entonces, tal y como denuncia el portavoz Carles Lumeras, "la población empezó a sufrir restricciones, mientras los camiones cargados de agua embotellada seguían saliendo por la carretera de Arbúcies".

Baile de cifras entre ecologistas y Generalitat

Según los datos oficiales de 2023 del departamento de Empresa y Treball, en plena sequía las empresas embotelladoras catalanas extrajeron más de 1.792 millones de litros de agua de los acuíferos, con un volumen de negocio de más de 350 millones de euros. Sin embargo, la Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny lo cuestiona: a partir de la organización ciudadana contando los camiones en la carretera, asegura que sólo de las cuatro embotelladoras de Arbúcies han contabilizado que cada día bajan más de 5 millones de litros de agua. "Con los datos oficiales que hemos conseguido después de un año de batallar, es imposible sacar agua clara. Los únicos detectores piezométricos [que miden presiones o niveles de agua subterránea] que hay en este área son los que tienen las empresas, no la Agencia Catalana del Agua (ACA)", la.

Los ecologistas llevan tiempo levantando la voz contra el negocio de las embotelladoras, pero ahora, por primera vez, alcaldes y alcaldesas también se han sumado al frente común. "Todo lo que se extrae de Sant Aniol afecta a todo el medio natural del Rocacorba", afirma Dolors Navarro, alcaldesa de Sant Martí de Llémena, un pequeño municipio al pie del acuífero de Sant Aniol, que también destaca la gestión local de los riesgos asociados al tráfico pesado de camiones de agua. "Hemos logrado restringir los horarios de paso de los camiones. Durante el horario escolar, los autobuses suben hacia la escuela y los camiones no pueden subir ni bajar", explica.

Los 22 ayuntamientos del Montseny-Guilleries y el Valle del Llémena que han aprobado la moción impulsada por las entidades ecologistas son los de Arbúcies, Brull, Cardedeu, Cànoves y Samalús, Figaró-Montmany, Gualba, Hostalric, Les Fran Montseny, Riells y Viabrea, San Antonio de Vilamajor, San Pedro de Vilamajor, San Celoni, San Esteban de Palautordera, San Feliu de Buixalleu, San Gregorio, San Miguel de Campmajor, San Martín de Llémena, Santa María de Palautordera y Viladrau.

El sector defiende que la ley ya está actualizada

En cambio, las empresas del sector defienden que la normativa ya está actualizada en la legislación democrática y que cumplen con todas las directivas europeas. "Nuestra reglamentación actual no sólo incluye la ley de minas de 1973, sino también el real decreto de 2010 que regula las aguas envasadas como producto alimentario y traspone directivas europeas. Además, el Parlamento de Cataluña también ha aprobado recientemente una actualización propia, que nosotros respetamos y con la que estamos de acuerdo". (ACEA), Xavier Civit.

Además, Civit insiste en que la autorización –que no la concesión, ya que las embotelladoras catalanas operan siempre en terreno privado y no público– de la subdirección de minas sólo se da en aquellos acuíferos donde el agua "entra y sale". "La autorización sólo permite extraer siempre que se mantenga un caudal pactado estable, no hasta que se agote el recurso, como ocurre en explotaciones mineras. Nosotros somos los primeros interesados ​​en no agotar los acuíferos", concluye.