Pandemia
Sociedad 09/02/2022

La Generalitat pagó 8 millones de más para comprar respiradores y todavía no los ha recuperado

El análisis de los contratos públicos durante la pandemia destapa irregularidades, millones perdidos y servicios que se mantuvieron cuando no tocaba, según la Sindicatura de Cuentas

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UCI del hospital Vall de Hebrón

BarcelonaDos años después del inicio de la pandemia empiezan a aflorar los errores que se cometieron, fruto de la urgencia del momento, en términos de contratación pública. La Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza y controla dónde va a parar el dinero público, ha detectado numerosas irregularidades formales en los más de 200 contratos que ha analizado (adjudicaciones de emergencia y de urgencia) que se hicieron durante aquellos meses. También ha encontrado incongruencias en las fechas, servicios que se facturaron y no llegaron nunca y otros que, en cambio, se mantuvieron en el tiempo por encima de lo que permitía el contrato.

Entre los casos más flagrantes destaca que la Generalitat llegó a pagar 8 millones de más por unos respiradores a "una empresa extranjera unipersonal que tiene un único trabajador" y que, además, entre su objeto social "no incluye la actividad objeto de contrato". Según explicó la Tesorería de la Generalitat, el "sistema informático de compensación de facturas" falló y "se pagaron al proveedor, incorrectamente, 7,9 millones de euros". La Sindicatura también recoge que "en el mes de julio de 2021 el ICS reclamó por correo electrónico al proveedor el importe de la deuda pendiente". Aún así –continúa el organismo–, a la fecha de fin del trabajo de campo este importe no había sido resarcido".

El informe de este organismo también revela dos puntos importantes relacionados con la gestión del Servicio de Emergencias Médicas, el SEM, que durante la pandemia multiplicó su tarea como informador a la ciudadanía y rastreando a los contactos positivos. Según indica la Sindicatura, en el contrato adjudicado por el SEM para el seguimiento de contactos positivos el sistema de retribución al contratista se estableció en función de los picos de las oleadas, porque el volumen de profesionales cambiaba cuando se incrementaban los casos. Este cálculo se tenía que hacer semanalmente, según el contrato, mediante los datos de Salud, pero, "en la práctica, el departamento de Salud no envió la información prevista, sino que la empresa adjudicataria consensuó el dimensionado de gestores de contactos con el SEM periódicamente valorando otros factores".

También resalta que durante los ocho meses de contrato la adjudicataria cobró casi 12 millones sin desglosar facturas, tal como obligaba el contrato. Además, el informe constata que entre "los meses de octubre de 2020 y enero de 2021 hubo una reducción progresiva del número de llamadas telefónicas mensuales en un 26,3% pero que, por el contrario, el dimensionado del contrato, en términos de personal adscrito al servicio, se incrementó en un 95,2%". El SEM justificó que si se hubieran seguido los datos de Salud todavía habría hecho falta más recursos, hecho que –según la Sindicatura– es muy plausible. Aún así, este organismo mantiene que "los gestores no hicieron las llamadas previstas" y que, además, la revisión de las nóminas puso de manifiesto que algunos trabajadores percibieron simultáneamente dos o tres complementos retributivos. Además, muchos estuvieron de baja pero el proveedor los facturó igualmente al SEM. "Esta entidad pagó un importe superior al que correspondía por los servicios realmente prestados", concluye el informe.

Y todavía más errores. En la modificación del contrato del SEM con Ferrovial –por un importe de más de 21 millones de euros y un plazo de dos años prorrogables–, la Sindicatura señala que se incumplieron plazos y que, además, dos de las modificaciones (por un importe conjunto de 8,37 millones) se hicieron después de que ya se hubieran ejecutado los gastos.

Los síndicos que han hecho el informe también señalan una serie de adjudicaciones con grandes desviaciones económicas. Así, en dos contratos hubo una desviación entre el coste total del servicio y el de la adjudicación de 570.005 y 438.206 euros, respectivamente. En otro contrato, la empresa Puente China España Comercio no entregó al Institut Català de la Salut las cantidades acordadas: se entregaron 422.400 mascarillas FFP2 menos de las acordadas, cosa que suponía 206.976 euros.

PCRs que llegan antes de pedirlas formalmente

Así, el informe recoge decenas de errores e irregularidades más en las tramitaciones: como por ejemplo que el Consorci Sanitari del Parc Taulí de Sabadell asegura que "el acta de recepción" del suministro de varios test PCR en el hospital está firmada con fecha del día 19 de marzo de 2021 pero que "en este documento se hace constar que el suministro se efectuó ocho meses antes de la firma". También que el ICS Vall d'Hebron firmó un contrato "de obras y suministros" el 30 de diciembre de 2020 para ejecutar antes de un mes (tal como marca la ley) pero que, en cambio, "a la fecha de fin del trabajo de campo, 30 de septiembre de 2021, no se había iniciado la ejecución".

El análisis de los documentos también resalta que en muchos contratos falta documentación, licencias, certificados europeos o las facturas. También se revela que el entonces departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias hizo hasta ocho contratos públicos para los que no tenía competencia. Además, muchas de las facturas se pagaron fuera de plazo, algunos servicios se mantuvieron a pesar de que los contratos de urgencia y emergencia no lo prevén o se hicieron modificaciones de contratos sobre la marcha cuando, en realidad, se tendría que haber hecho un nuevo contrato, para hacerlo correctamente según marca la ley que rige la contratación pública.

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