Ghana, capital Martorell

MartorellHabla con una compatriota mientras espera su turno con su hija de poco más de un año a cuestas. Mavis Nyameke está contenta porque, ni que sea haciendo una cola de un par de horas, se ahorrará un viaje a Madrid para renovarse el pasaporte caducado y hacer el primero a la niña. Es natural de Ghana y aprovecha que la embajada de este pequeño país de África Occidental se ha instalado temporalmente en Martorell para facilitar los trámites consulares a entre 400 y 500 nacionales que necesitan poner su papeleo al día. En una situación normal, los trámites se resuelven en Madrid, pero el covid paró durante algunos meses la actividad burocrática y ahora hay un tapón de expedientes para resolver y a muchos ciudadanos se les hace todavía más difícil hacer el viaje hasta la capital española.

El cónsul, Philip Kobla Acquah, hace de maestro de ceremonias para explicar el dispositivo establecido al centenar de personas que se han presentado el primero de los tres días en la antigua nave industrial de Can Oliveras, transformada en una oficina consular. Cuando los funcionarios ya han empezado a llenar los formularios, Acquah explica que se ha optado por Martorell por su situación estratégica en materia de comunicación y porque, detrás de Vic, es la segunda ciudad con más residentes naturales de Ghana en Catalunya, donde hay unos 8.000.

Tener el pasaporte en regla es vital para acceder a servicios básicos, si se quiere pedir o renovar la residencia o solicitar la nacionalidad española, pero también para acceder a un curso de catalán o educación reglada, enumera Lola Romero, educadora social del Ayuntamiento de Martorell. “Si no estás identificado, no eres nadie”, ilustra para poner en valor la importancia de este documento. También subraya que las dificultades con las que muchos extranjeros no comunitarios se encuentran para que sus países de origen renueven la documentación está dejando a gente “con irregularidad sobrevenida”, es decir, en los márgenes sociales. Es el clamor de las entidades del sector que trabajan para que se reconozcan los derechos y la atención, independientemente de la situación legal.

La de Ayuba Mohamed es una historia de la dureza de un simpapeles. En noviembre cumplirá 17 años y hace nueve meses que está en un centro de menores en Torredembarra tutelado por la DGAIA. A los 15 ya estaba en la costa de Libia para dar el salto a Lampedusa, donde se estuvo unos meses en el campo de refugiados. Cuando pudo, vino hacia Catalunya, consciente de que la isla italiana no era sino una prisión para sus expectativas. "Nunca he tenido pasaporte", señala con una cierta timidez. Con él está Carlos Barrios, su educador social de referencia, que lleva todo su historial burocrático: el certificado de nacimiento que ha llevado en la ruta migratoria y una ficha provisional de la policía española que le ha dado un número temporal de NIE, pero que resulta insuficiente para sus planes de matricularse en un plan educativo de integración laboral.

El centro de acogida inició los trámites para solicitar el pasaporte a la embajada de Madrid en febrero, pero no les daban cita hasta marzo del año que viene. Un tiempo excesivo porque, subraya Barrios, "el de hoy solo es el primer paso de identificación y ahora empieza la cursa de extranjería" que tiene también unos plazos muy marcados si se quieren aprovechar las facilidades que la ley da a los menores de edad para trabajar e integrarse, y que se acaba apenas se llega a la mayoría de edad si no se tiene un contrato laboral en vigor.

Con el casco de la bici en la mano, Michael Manford llega a Martorell directo del turno de noche. Tiene el pasaporte caducado desde hace dos meses y la idea de ir hasta Madrid se le hacía una montaña. “No es solo el precio del transporte y la comida, sino también el tiempo que pierdo, porque tendría que haber pedido fiesta en el trabajo”, afirma aliviado. A estos gastos se le tienen que sumar las tasas de 120 euros para la renovación o para los menores, o de 230 en caso de un pasaporte nuevo. “Es demasiado caro”, se queja Nyameke. A Emmanuel Peter Agyei, vecino de Sabadell, el permiso de residencia le caduca dentro de un par de años pero quiere tener el pasaporte en regla para poder ir a Ghana, si las condiciones pandémicas mejoran, y ver a la familia que se quedó ahí y que no ve desde 2005.

En la nave, los funcionarios del consulado y miembros de la Asociación Ghana Union de Martorell intentan poner orden para evitar aglomeraciones. Al final consiguen que la mayoría de los que se esperan sigan la distancia de seguridad que el covid impone y se mantengan con las mascarillas bien puestas. Hay muchas criaturas jugando. Algunas han venido a acompañar a sus padres –y les hacen de traductores improvisados–. Y otras, como Bridgitte, de cinco años, y su hermano Gerard, de dos meses, por primera vez tendrán un documento que los reconoce como ciudadanos del país de sus padres, a pesar de que son nacidos en Catalunya.