El Govern y Barcelona estudiarán limitar el número de cruceros

BarcelonaRepresentantes del Ayuntamiento de Barcelona y del gobierno de la Generalitat se han reunido este jueves en el Saló de Cent de la capital catalana para abordar algunos de los retos de la ciudad. Uno de ellos, la masificación turística. En esta reunión bilateral, presidida por la alcaldesa Ada Colau y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, las dos instituciones han acordado la "creación de una mesa de trabajo de estudio sobre la regulación de cruceros y su impacto turístico ambiental". El nombre de la nueva comisión es importante porque incluye el término regulación, una palabra que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha evitado pronunciar durante su comparecencia después de la reunión. "El verbo regular no lo pongo. No lo quiero poner. Es una mesa de trabajo", ha dicho finalmente Vilagrà, después de la insistencia de los periodistas para saber si la mesa prevé la limitación o no de la llegada de cruceros a Barcelona, tal como reclama Colau. La consellera ha explicado que se recogerán datos y se analizará "cuál es la mejor solución para reducir el impacto ambiental y la masificación turística de los cruceros". Sí que ha especificado, por ejemplo, que el Govern está ultimando un impuesto para gravar la actividad de estos barcos y ha explicado que el dinero recaudado servirá para mejorar el medio ambiente.

Mucho más ambiciosa ha sido Colau, que ha insistido que "se tienen que establecer unos límites; no se puede crecer infinitamente porque la ciudad es finita". La alcaldesa ha recordado que un 40% de los cruceros que llegan a la ciudad solo se están unas cuatro horas y que, por lo tanto, el gasto económico de estos turistas es mínima y, en cambio, su impacto ambiental y en la movilidad de los vecinos de Ciutat Vella es muy grande. "La regulación es una buena noticia", ha insistido Colau, que ha recordado el ejemplo de Palma. Quien tampoco ha querido utilizar el verbo regular o limitar ha sido el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, que ha hablado de apostar más por la "calidad" que no por la "cantidad". Aun así, ha advertido que no se puede presuponer ninguna conclusión de la mesa hasta que no se haya reunido.

Colau ya reclamó que se constituyera esta comisión el 24 de mayo, días antes de que en la ciudad atracaran trece cruceros, uno de los cuales con capacidad para 9.300 turistas. Los datos demuestran que la presión turística sobre Barcelona se recupera y las cifras ya se acercan a la era prepandémica. El año 2017, antes de la caída del turismo por culpa del coronavirus, llegaron 2,7 millones de cruceristas a Barcelona y la cifra todavía creció el 2018 (3 millones) y el 2019 (3,1 millones).

El presidente del Port, Damià Calvet, ya respondió a la alcaldesa y le recordó que esta actividad genera un "beneficio indiscutible" tanto en cuanto a los ingresos como la reputación. En esta mesa de trabajo, además del Ayuntamiento y la Generalitat, también estarán representantes el gobierno del Estado y la Autoridad Portuaria.

En el encuentro también han discutido sobre los proyectos que recibirán financiación gracias a los fondos europeos Next Generation. Uno de los beneficiados será el Projecte Ciutadella Coneixement, un nuevo complejo de investigación e innovación centrado en la biomedicina de precisión, biodiversidad y bienestar planetario que se ubicará en el antiguo Mercat del Peix. También se ha acordado poner en marcha un grupo de trabajo para preparar la ampliación del Hospital Clínic en las pistas universitarias de la avenida Diagonal y que la Generalitat asuma una parte del gasto del teléfono de prevención del suicidio que creó el Ayuntamiento de Barcelona y del dentista municipal, que estará en algunos ambulatorios para las familias que no tengan suficientes recursos. También se ha acordado que la Generalitat doble la inversión en las ayudas a las personas refugiadas y a las víctimas de violencia machista.

Sobre el tema de la vivienda, uno de los grandes retos de la ciudad, todavía queda un largo camino para que las dos instituciones se pongan de acuerdo. Colau ha recordado que la Generalitat es quien, según el Estatuto, tendría que asumir el 60% del gasto de vivienda pública y que el 40% tendría que recaer en el Ayuntamiento. Según ha dicho, el Ayuntamiento está actualmente construyendo 1.300 pisos sociales, mientras que la política de la Generalitat es "prácticamente inexistente", puesto que solo están haciendo 30.