El Govern no asegura la gratuidad de P2 en las escuelas privadas

BarcelonaFue la principal promesa del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este martes en su debut en el debate de política general: el último curso de la primera etapa de educación infantil (2-3 años) será gratuito a partir del año que viene. Un anuncio, sin embargo, que aún no tiene mucha más concreción por parte del Govern, a la espera de que se incluya en los presupuestos del 2022. Fuentes de la conselleria de Educación afirman precisamente que no se sabrá la magnitud de la iniciativa hasta que no se conozca el gasto que se incluirá en las cuentas del año que viene, que hoy en día, además, no tienen el apoyo parlamentario garantizado para salir adelante. La principal incógnita es saber si el anuncio de Aragonès incluye todas las plazas del último curso o solo las de los centros públicos. La clave, sin embargo, parece que ya la dio lunes el conseller de Educación en su comparecencia en el Parlament.

"El planteamiento es que en las escuelas públicas el departamento cubriría otro tercio –por lo tanto, 1.600 euros–, que iría directamente a las familias", señaló Josep González Cambray en respuesta a las preguntas de los grupos de la oposición. Esto significa que en las 924 guarderías municipales y en las 42 del departamento de Educación, la Generalitat aportará 3.200 euros, y los 1.600 restantes irán a cargo de los ayuntamientos. Cambray no habló de hacerlo ya el próximo septiembre para el último año de guardería, pero sí que definió el compromiso de financiación general que el Govern pretendía asumir con la educación 0-3. El objetivo durante la legislatura es cubrir también el 0-1 y el 1-2.

La diferencia entre incluir o no las guarderías privadas no es menor. Según datos de Educación, hay 1.700 guarderías homologadas, de las cuales más de 700 son privadas. Unos 30.000 alumnos se escolarizan en centros privados en esta etapa y hay otros muchos que no salen en las estadísticas oficiales porque, a pesar de funcionar como guarderías, no tienen esta homologación por parte de la Generalitat. La pública cubre unos 50.000 alumnos entre los 0 y los 3 años. Es decir, aproximadamente el 40% de las plazas las provee el sector privado –la pública no las podría asumir todas hoy en día– y, por lo tanto, el volumen de recursos que la Generalitat ha de aportar cambiaría significativamente si también se incluyen en la propuesta, limitada a los niños de entre 2 y 3 años, el curso que viene.

Desde la Asociación Catalana de Guarderías ya se ha pedido una reunión "urgente" con el conseller para desentrañar de primera mano la "confusa" letra pequeña de los anuncios de esta semana. En conversación con el ARA, consideran un error que el sector privado quede fuera de este incremento de la financiación, teniendo en cuenta que engloba el 40% de la oferta.

Desaparecerá el sistema por tercios

El plan del Govern, aprobado la semana pasada, tampoco resuelve la duda. "Avanzar hacia la gratuidad progresiva de la educación entre los 0 y los 3 años a través de diferentes líneas de subvención y financiación que compensen las aportaciones de las familias, especialmente las que se encuentran en situaciones de pobreza o vulnerabilidad", es la redacción exacta de este compromiso. "A partir del año que viene, el último curso de la guardería, el P2, será gratuito", añadió este martes el presidente de la Generalitat.

Una plaza pública cuesta aproximadamente 4.800 euros anuales y su pago hasta ahora se dividía en tercios: uno lo cubre la Generalitat, otro los ayuntamientos y del último se encargan las familias. También existen tarifaciones sociales para ayudar a las familias con menos recursos; una situación que se recuperó a partir del 2019, porque desde el 2015 la Generalitat se había retirado de la financiación y lo había derivado a las diputaciones. En 2019 fueron 1.450 euros anuales los que cubrió el departamento de Educación y este curso Cambray confirmó que serían 1.600 euros por plaza. En diferentes sentencias judiciales, el ejecutivo catalán ha sido obligado a pagar a los ayuntamientos –que mayoritariamente hicieron frente al coste– lo que dejó de financiar durante ese periodo.

Aragonès explicó que la decisión se toma por una cuestión de "equidad social" y de "igualdad de oportunidades", teniendo en cuenta que las clases sociales más vulnerables son las que más dificultades tienen para asumir los precios de la educación no obligatoria. Ahora tendrá que concretar la medida para hacerlo y las familias que se verán beneficiadas.