¿Por qué el Govern ya no ve racismo en el ataque al centro de menores de Castelldefels?

BarcelonaLos días siguientes del ataque a un centro de menores extranjeros de Castelldefels, la Generalitat calificó el asalto de “racista”. Lo dijo en marzo de 2019 el entonces secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós (ERC) –ahora secretario general de Interior–, que anunció que el Govern se personaría en la causa judicial. Efectivamente, la Generalitat ha actuado como acusación, pero este martes, cuando se hizo el juicio en la Audiencia de Barcelona, retiró casi todos los delitos que pedía inicialmente: de odio –contra los derechos fundamentales–, desórdenes públicos, atentado contra funcionarios y lesiones. Solo mantuvo el de daños. Antes del juicio, la petición era de siete años y medio de prisión para los cuatro acusados y una multa de 16.500 euros, pero al final se adhirió a la petición de la Fiscalía, que también redujo las penas. ¿Por qué este cambio?

El departamento de Derechos Sociales, ahora en manos de JxCat, responde que ha seguido “las recomendaciones” del abogado de la Generalitat y de la Fiscalía especializada en delitos de odio. Según fuentes de la conselleria, las declaraciones de los acusados “eran contradictorias” y había “una dificultad probatoria real que ponía en riesgo la condena”. Así es como argumentan que se haya rebajado la petición. Lo mismo ha pasado con la Fiscalía, que antes del juicio pedía 11 meses de prisión y una multa de 9.900 euros. Ahora los dos representantes públicos quieren que la condena sea una multa de 1.080 euros –de 900 euros para uno de los acusados–. Cuando se pregunta por qué se ha descartado el delito de odio que se había defendido –porque se aseguraba que el ataque era racismo–, el departamento alega que se ha pedido una agravante por discriminación por razón de etnia, a pesar de que esto no equivale a un delito.

La agravante supone endurecer una pena, pero no habrá este efecto porque también se ha pedido una atenuante para rebajarla por dilaciones indebidas, porque el ataque pasó en marzo del 2019 y el juicio se ha hecho al cabo de tres años. Los delitos que la Fiscalía y la Generalitat han imputado por la multa son los de pelea tumultuaria y daños. En cuanto a los otros delitos que el Govern ha retirado, la conselleria justifica que habían representado tres trabajadores heridos en el ataque –los que lo pidieron–, pero que dos no se han podido localizar y que el restante no se presentó al juicio.

Queda pendiente la sentencia

La única acusación que mantiene la calificación de ataque racista es la popular, ejercida por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que incluye el delito de odio. Quiere tres años de prisión para los cuatro acusados por delitos de lesiones, el de odio y otro de desórdenes públicos. La entidad critica que la Generalitat haya “preferido pactar con quien asalta llamando «moros de mierda» y «putos moros»”. El motivo es que antes del juicio las partes estaban a punto de llegar a un acuerdo de conformidad, pero la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se desmarcó. A pesar de no formalizar el pacto, la Fiscalía y el Govern han hecho finalmente la misma petición que habían acordado con las defensas de los acusados. Ahora la Audiencia de Barcelona tendrá que dictar sentencia.