El Govern pagará el alquiler a las personas vulnerables con fecha de desahucio
El plan se activa con 20 millones, con los que la Generalitat espera llegar a 1.500 familias
BarcelonaLa Generalitat pagará a partir de septiembre el alquiler de las personas vulnerables con fecha de desahucio fija y que estén a la espera de una vivienda con alquiler social. El departamento de Derechos Sociales ha anunciado este martes la medida, que se enmarca en el programa Reallotgem, dotado inicialmente con 20 millones de euros y que prevé cubrir al menos 1.500 casos de familias que cumplen los requisitos de la mesa de emergencia de la Generalitat. La idea es que el Govern asuma los costes de las personas afectadas por una orden de expulsión, independientemente de si se trata de una ocupación o un caso por impago del alquiler, para que las personas o las familias puedan mantener su hogar. "Queremos evitar que estas personas sientan la angustia de que pueden perder su vivienda inmediatamente", ha explicado la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera.
El funcionamiento es el siguiente: la Generalitat actuará como locataria ante el propietario y cubrirá los costes de alquiler de estas familias con contratos de entre 5 y 7 años de duración y en el precio indicado por el índice de referencia establecido a la ley de arrendamientos urbanos. Como resultado, las familias que se acojan a la medida tendrán que abonar entre el 10% y el 18% de sus ingresos –lo que serían de media unos 70 euros mensuales de alquiler– y será la administración quien pagará el importe restante al propietario hasta llegar al precio que marca el contrato. En los casos de alquiler, el gobierno también asumirá hasta seis meses de la deuda que hayan podido acumular con la propiedad.
La fórmula que utilizará el Govern para poder facilitar estas ayudas se basa en dos contratos de alquiler diferentes: un primer documento que firmarán la Generalitat y el propietario una vez lleguen a un acuerdo, y un segundo entre la Generalitat y los locatarios en riesgo de perder su casa. Todo ello, sin embargo, dependerá de "la buena voluntad" de los propietarios, que en ningún caso estarán obligados a entregar la vivienda. "Si el propietario se niega, no hay ningún instrumento legal", ha reconocido Cervera. Es por este motivo que el Govern prevé la posibilidad de asumir el coste del alquiler mientras duren las negociaciones –como garantía de cobro para los propietarios– y mientras buscan una vivienda alternativa por si no se llega a un acuerdo. En este último caso, se insistiría a todos los ayuntamientos para buscar una solución.
Los contratos, por lo tanto, se firmarán un por uno y de manera bilateral entre Generalitat y propietarios. Pero de la medida se excluyen aquellos que ya están obligados a ofrecer un alquiler social a las familias antes de iniciar el desahucio. Son todos aquellos propietarios que sean personas jurídicas y que dispongan de 15 o más pisos en propiedad, según establece la ley 24/2015. La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha destacado en rueda de prensa el carácter preventivo de la medida, que pretende "conseguir vivienda de manera urgente y rápida", y ha apelado a la "corresponsabilidad" del propietario a la hora de afrontar este problema.
El efecto de la moratoria
A corto plazo, el Govern espera que se puedan beneficiar de esta herramienta las 185 familias con fecha de desahucio fijada entre principios de septiembre y medios de octubre, pero remarca que los casos serán "muchos más", especialmente a raíz del fin de la moratoria que prohíbe los desahucios a familias vulnerables el 9 de agosto. "Nos encontramos en una situación de gran incertidumbre normativa, sobre si habrá o no una ampliación de la moratoria", ha afirmado el secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala. Por ahora el gobierno español no ha concretado si prorrogará las medidas antidesahucios que impulsó durante la pandemia, pero la Generalitat asegura que el programa se mantendrá independientemente de si lo hace o no.
Según datos de la Generalitat, en estos momentos hay cerca de 900 casos acumulados de familias vulnerables en la mesa de emergencia y a la espera de poder acceder a un piso. El departamento de Derechos Sociales remarca que muchos de los casos están pendientes de certificar su vulnerabilidad, motivo por el que planteará hacerse cargo de un contrato de alquiler por 2 o 3 meses mientras se evalúa la situación. La nueva medida, asegura el ejecutivo, tiene que "reducir la presión" en las colas de las meses de emergencia: "Tomamos la medida porque detectamos un incremento de casos en la mesa. Acabaremos el verano con tantos casos como durante todo 2020", ha afirmado Sala, que ha pronosticado un alud de desahucios en los meses próximos.
Reconvertir viviendas vacías
Hasta ahora, el Govern había actuado de manera reactiva ante los desahucios. La primera fase del programa Reallotgem, que se puso en marcha en abril, tenía por objetivo de encontrar viviendas vacías para alojar a personas o familias inscritas en las mesas de emergencia y que están esperando un inmueble de alquiler social. La Generalitat asegura que hacen falta viviendas en más de 175 municipios de Catalunya y hace un llamamiento a los ayuntamientos para que busquen viviendas vacías en sus municipios y contacten con los propietarios para que pongan sus inmuebles a disposición del programa.