La justicia suspende el protocolo de Canarias que quería poner trabas a la acogida de menores migrantes

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido el protocolo del gobierno canario que pretendía poner trabas a la acogida de menores migrantes. La decisión de este viernes responde al recurso que presentó el miércoles la Fiscalía, en el que pedía anular el protocolo del ejecutivo CC-PP. En el mismo escrito, la Fiscalía pidió al tribunal la suspensión cautelar, como se ha aprobado, para evitar que quedaran desatendidos los menores que lleguen a las islas por mar.

El tribunal comparte que había razones lo suficientemente urgentes para suspender el protocolo de forma cautelar y sin esperar a que el gobierno se pudiera posicionar. Los magistrados han dado tres días al ejecutivo canario para que presente las alegaciones que considere. La decisión de este viernes, según el auto del TSJC, no valora todavía la legalidad o no del protocolo: esto se dirimirá más adelante. Por ahora sólo se suspende el protocolo para evitar efectos irremediables si siguiera vigente.

Aún así, el TSJC sí ha valorado que este polémico protocolo supone "una innovación no poco relevante en el régimen jurídico en vigor". Hasta ahora, el gobierno canario ha justificado que lo ha diseñado buscando defender el interés del menor, pero el tribunal avanza que es "difícil negar" que los requisitos que propone el protocolo comprometerán el traslado de menores a otras comunidades autónomas para que estén ahí acogidos.

Llamamiento a la lealtad ya colaborar

Entre otras cosas, este protocolo determinaba que el gobierno canario sólo aceptaría a los menores en sus centros de acogida si llegaban correctamente identificados y con una asignación individualizada, y también fijaba como requisito una "comunicación previa a efectos de disponibilidad de plazas de acogida" ". En el mismo auto, el tribunal insta a trabajar por "actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional".

Vistos los efectos que podría tener dejar que la norma funcione mientras se resuelve el procedimiento judicial, el tribunal considera que lo mejor es actuar con cautela y mantener el sistema que ha funcionado hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta que afecta a un col· tivo especialmente vulnerable. El protocolo se aprobó el 12 de septiembre y no aclaraba qué día entraría en vigor, por lo que el tribunal concluye que podría empezar a funcionar en cualquier momento si no lo suspendiera.

Apenas al día siguiente de que el ejecutivo aprobara este polémico protocolo, la Fiscalía ya advirtió al gobierno canario que tiene la obligación de acoger a los menores que lleguen a pesar de la saturación. Todo ello, con el reparto de menores inmigrantes que llegan a las islas hacia otras autonomías todavía atascado.