Abogados Cristianos fuerza una causa judicial contra miembros de la comisión que evalúa las eutanasias

BarcelonaLa justicia considera que Noelia tiene derecho a recibir la eutanasia, pero hace más de un año que la joven de 24 años espera por esta prestación. Su padre ha querido detener a los tribunales el procedimiento autorizado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña –el órgano que se encarga de valorar todas las peticiones de eutanasia–, y lo ha hecho representado por Advocats Cristians, que hace unas semanas decidió dar un paso más: intentar forzar una causa penal contra siete de los expertos de la comisión que avalaron la muerte digna de Noelia. Ahora, el juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha admitido la querella presentada por el colectivo ultracatólico contra dos de estos miembros.

Según la querella presentada, ambos miembros reconocieron en sede judicial "haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso a la comisión". Abogados Cristianos afirma que esta "simulación" supone "falsificar un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el camino legal previsto en la ley". La magistrada considera que los hechos denunciados por Abogados Cristianos "pueden ser constitutivos" de un delito de falsificación de documento público y prevaricación por parte de un médico y una jurista y ordena "el esclarecimiento" de estos hechos.

El colectivo ultracatólico sostiene que si el informe en el que se basó la decisión de autorizar la eutanasia está "viciado desde el origen", todo el procedimiento debe considerarse nulo y, por tanto, no se puede ejecutar la eutanasia de la joven con mínimas garantías jurídicas. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, afirma que "no se puede poner fin a la vida de una persona sobre la base de un procedimiento nulo y construido sobre una mentira". Así, reclama que se suspenda cualquier ejecución de la eutanasia mientras se investiga "la posible comisión de delitos de falsedad documental y prevaricación".

Un año y ocho meses de espera

Noelia, de 24 años, está afectada por una paraplejía y debía recibir la eutanasia en agosto del 2024. Aunque es una persona adulta y había superado los trámites necesarios, el procedimiento de muerte digna quedó en suspenso por la intervención judicial de su padre tres días antes de que le fuera administrada. El juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona ya rechazó en marzo el recurso del padre contra la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, y en septiembre el TSJC ratificó la decisión, aunque reconoció también el derecho de un familiar a agotar los recursos a la justicia para detener la muerte digna de un pariente.

Como respuesta a esta decisión, en septiembre, la organización ultracatólica hizo público que acusaría a la mitad de los miembros de la comisión de prevaricación y conflicto de intereses, ya que tres están vinculados a la entidad Derecho a Morir Dignamente, uno participó en la elaboración de la ley de la eutanasia y un quinto. Los otros dos pertenecen a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y dicen que "existe una relación causal directa" con "la obtención de órganos".