La Fiscalía pide al Gobierno que sancione a la empresa que alquilaba infraviviendas en Badalona
Unas treinta personas vivían en espacios de 15 metros cuadrados y sin ventilación pagando entre 350 y 650 euros
BarcelonaLa Fiscalía ha pedido a la Generalitat que sancione a la empresa que gestionaba los alquileres de infraviviendas construidos en el espacio que ocupaban un local y un almacén de Badalona. Se trataba de 18 espacios de unos 15 metros cuadrados, en una planta subterránea, sin ventilación y con defectos en la instalación eléctrica que ponían en riesgo a las familias que vivían y que pagaban entre 350 y 650 euros mensuales. Vivían entre veinticinco y treinta personas, entre las que había niños.
El Ayuntamiento de Badalona clausuró estas infraviviendas a finales de octubre del año pasado, y en ese momento el alcalde, Xavier García Albiol, aseguró que el consistorio sería "implacable" con el propietario y la inmobiliaria que gestionaba los alquileres y anunció multas administrativas que podrían llegar a los 1. Sin embargo, la Fiscalía constató que no se llegaron a emprender medidas legales contra la empresa que había permitido los arrendamientos, explicó durante un encuentro con periodistas esta semana la fiscal Paloma Pelegrín, que lidera el servicio de la demarcación de Barcelona especializado en derechos de los consumidores.
El primer movimiento de la Fiscalía fue enviar sus pesquisas a la Agencia Catalana del Consumo, pero el organismo respondió que el caso no era competencia suya, sino de Vivienda. La Fiscalía se ha puesto en contacto hace dos semanas, porque entiende que es "quien debe tomar la labor de inspección y sanción" y está a la espera de los movimientos de la administración, ha añadido Pelegrín.
Obras a escondidas
El local en cuestión está en el número 153 de la calle San Juan de la Cruz, en el barrio de San Cristo de Badalona, y el propietario posee varias viviendas en la ciudad. El espacio se había dividido en pequeñas habitaciones de forma irregular, haciendo las obras a escondidas, y cada una se alquilaba por un tenedor que iba de los 350 a los 650 euros al mes, en función del tamaño y la capacidad de la estancia.
Cuando se clausuró, el Ayuntamiento de Badalona explicó que el espacio no cumplía ninguna normativa, incluida la de seguridad antiincendios. La Guardia Urbana lo descubrió a raíz del aviso de un vecino, que sospechaba que se habían hecho obras sin permiso para dividir el espacio.
