La Generalitat indemnizará a la familia de la cocinera de Mas de Enric y admite que el sistema falló

BarcelonaLa Generalitat ha reconocido por primera vez responsabilidades en torno a el asesinato de la cocinera Núria López en la cárcel de Mas de Enric hace 15 meses y ha aceptado indemnizar a los familiares de la víctima con 40.446 euros. En concreto, el departamento de Justicia admite que "el servicio público penitenciario no funcionó con los estándares de calidad que serían exigibles", hasta el punto de que hubo "disfunciones". Si bien este funcionamiento "defectuoso" no fue "la causa directa de los hechos", asume la "relación de causalidad" que tuvieron con la agresión, porque "si no se hubieran producido habrían podido determinar la adopción de medidas distintas" con el interno, que conservaba su puesto de trabajo en la cocina pese a que había cometido una falta muy grave agredida.

De hecho, la Generalitat admite que la agresión contra un compañero debería haber supuesto que el preso quedara "inmediatamente" expulsado del trabajo. En cambio, en palabras de la propia administración, "se contravino la normativa vigente" sobre puestos de trabajo en prisión al permitir que el hombre volviera a la cocina sin haber cumplido la sanción. El preso trabajó allí hasta el día del crimen, cuando también se suicidó. El departamento de Justicia también admite que se le permitió incorporarse al trabajo sin seguir el procedimiento necesario, que implica el visto bueno del equipo multidisciplinar de prisión y de la junta de tratamiento. "El alta del interno en este espacio se realizó sin disponer de ninguna validación técnica", resume. La administración ha respondido así a la petición de reclamación patrimonial que han presentado los primos de Núria López, y que ha resuelto la comisión jurídica asesora en un dictamen que ha avanzado El País y ha consultado el ARA.

Uso "incorrecto" de RisCanvi

En su respuesta a la reclamación, el departamento también admite que la cantidad de personal en ese momento era "deficitaria", y reconoce que es necesario mejorar los protocolos de uso de material potencialmente peligroso. También asume errores en el tratamiento del agresor de cara a su reinserción y que "se permitió que el interno obtuviera puntuaciones que no se correspondían con su nivel de implicación y participación" en las actividades, y concluye que la herramienta de evaluación de riesgo RisCanvi se utilizó de forma "incorrecta y deficitaria".

El dictamen de la comisión jurídica asesora concluye que la administración penitenciaria "descuidó la finalidad primordial de la reeducación y reinserción social", lo que supone "un funcionamiento anormal" del servicio penitenciario. Sin embargo, este órgano consultivo descarta, como reclamaban los primos de la víctima, que la administración no tomara medidas para protegerla después de que ella se quejara del preso que la acabó matando, porque no se ha comprobado que ella hubiera dicho nada antes y el ataque fue inesperado. Por todo ello, la comisión resuelve que procede una indemnización de 40.446 euros, la misma cantidad que proponía la Generalitat y lejos de los 1,7 millones que había pedido la familia. Para fijar la cantidad, la comisión ha tenido en cuenta que a pesar de que no exista un baremo establecido para indemnizaciones a familia extensa, tradicionalmente se ha reconocido la condición de perjudicados también a este círculo familiar, en este caso los primos.