Jueces y fiscales amenazan al gobierno español: "No descartamos una huelga"

BarcelonaLa mayor parte de las asociaciones de jueces y fiscales, ninguna de las progresistas, ha convocado para este miércoles una protesta contra los planes del gobierno español para modificar el acceso a la carrera judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El llamamiento de las cinco asociaciones que firman la convocatoria es para un paro de 10 minutos, a partir de las 12 horas, a las puertas de todos los edificios judiciales del Estado. El manifiesto que los convocantes han leído a las puertas de las sedes judiciales advertía al gobierno español: "No descartamos una huelga". Por su parte, coincidiendo con el paro, Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, ha advertido de que no se puede "degradar a los jueces".

Ha habido protestas ante los juzgados de todo el Estado, con magistrados concentrados también a las puertas del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, entre ellos el presidente de este último, Juan Manuel Fernández. En Barcelona, ​​unos 150 jueces y fiscales se concentraron a las puertas de la Ciudad de la Justicia y también hubo una protesta ante el Palacio de Justicia, sede de la Audiencia de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde los concentrados aseguraron que la reforma del gobierno español "socaba la independencia de jueces y magistrado". Entre los concentrados destacaba el expresidente del TSJC, Jesús María Barrientos, quien forma parte de una de las asociaciones que han convocado la protesta, Francisco de Vitoria. Barrientos hace apenas unos meses que fue relevado en el cargo por Mercè Caso, que ha hecho recuperar la presidencia del TSJC en la asociación progresista Jueces y Juezas por la Democracia (JJxD), que no se ha sumado a la convocatoria.

Entre los fiscales y magistrados que han protestado este martes en Madrid hay algunos que se han encargado de casos mediáticos o que afectan al gobierno español. Es el caso del fiscal jefe de Anticorrupción en el Supremo, Alejandro Luzón, responsable de la acusación al exministro socialista José Luis Ábalos, y del magistrado del Supremo Antonio del Moral, que fue miembro del tribunal que juzgó al Proceso. Ante los juzgados de la plaza Castilla de la capital española, donde también ha habido una concentración, se ha dejado ver a Adolfo Carretero, que investiga al ex diputado Íñigo Errejón y antes se encargó del caso de las mascarillas. En las puertas de la sede de la Fiscalía General del Estado también había dos fiscales del Supremo que participaron en el juicio del Proceso: Javier Zaragoza y el ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.

Tras el paro, los convocantes han añadido que están dispuestos a adoptar "medidas de conflicto más intensas". De hecho, una asociación de reciente creación, la Unión de Fiscales y Jueces, ya anunció el lunes su intención de presentar un preaviso de huelga mañana jueves.

Coincidiendo con el paro, los diputados de Vox abandonaron el pleno del Congreso también a las 12 del mediodía para apoyar las demandas de las asociaciones que convocaban la protesta. A la protesta de la plaza Castilla de Madrid se han sumado más de un centenar de personas que exhibían banderas españolas y han gritado consignas contra el gobierno de Pedro Sánchez ya favor de sindicatos policiales y de guardias civiles. En Barcelona, ​​ante el TSJC una veintena de personas se han reunido para animar a los jueces a que secundaban el paro a "machacar" al presidente del gobierno español.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha lamentado que Vox y la ultraderecha "estén intentando politizar" el paro de hoy y ha mostrado su "máximo respeto" tanto a los magistrados que han secundado el paro como a los que no. Bolaños también recordó que "todas" las reformas de peso del sistema judicial, como la ley orgánica del Poder Judicial de 1985 o la ley de violencia de género de 2004, "fueron recibidas con recelo" pero hoy son "grandes consensos", y vaticinó que con esta ley ocurrirá lo mismo en unos años.

Isabel Perelló (CGPJ) avisa: no se puede "degradar a los jueces"

El mismo día del paro de 10 minutos en los juzgados, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha comentado las reformas que prevé el gobierno español durante unas jornadas de jueces decanos de todo el Estado, donde medio centenar de participantes también se han añadido al paro a los que ha llegado. debería haber llegado nunca". También ha insistido en que "el legislador tiene como límite el respeto a la Constitución", que no puede "degradar el estatuto de los jueces", y ha prometido que la cúpula judicial estará atenta "al menor atisbo de merma de la independencia" judicial.

De hecho, la Sala de Gobierno un acuerdo por unanimidad en el que señalaba "el tendido inquietud" que han provocado estas propuestas, y suscribía las palabras de la presidenta Perelló, cuando durante la entrega de despachos de la última promoción de jueces afirmó ante el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que el modelo actual de acceso a la juicio.

"Selección ideológica" de jueces y fiscales

Ante los edificios judiciales, los concentrados leyeron un manifiesto que firman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Alertan de que la independencia judicial está "bajo amenaza" por las reformas anunciadas y critican los cambios que el departamento de Bolaños quiere realizar en el acceso a la carrera judicial para que sea menos elitista, blindando por ley un sistema de becas para opositores. Estas cinco asociaciones creen que el centro de preparación que propone el gobierno supone "riesgo de selección ideológica". La medida se debatirá en el Congreso el jueves, y pronto recibió la reprobación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Otro motivo de protesta es la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que podría atribuir a los fiscales la competencia de instruir y dirigir la investigación de las causas, que hasta ahora corresponde a los jueces. Consideran que incrementa "injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos". Todo, mientras el instructor del Tribunal Supremo ha enviado a juicio esta semana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber filtrado presuntamente un correo "confidencial" de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Otras reclamaciones de estos colectivos profesionales exigen abrir convocatorias de plazas hasta conseguir "una dotación suficiente" de jueces y fiscales, mientras que amenazan con impugnar el proceso de estabilización de jueces sustitutos que se ha anunciado.