Dos meses sin bodas en los juzgados de paz: "La solución es voluntad política"

BarcelonaEste martes hará dos meses que los juzgados de paz no pueden celebrar bodas, y tampoco saben cuándo podrán volver a hacerlo, pese a que la administración dijo desde el primer momento que les haría recuperar esta competencia lo antes posible. "Está en manos de quien tiene las herramientas para solucionarlo, la solución es voluntad política", dice la juez de paz de Salt y presidenta de la Asociación Catalana en Pro de la Justicia.

Los 898 juzgados de paz de Cataluña no pueden hacer bodas desde el 3 de abril a causa de un error en la tramitación de la ley de eficiencia judicial, en la que no se incluyó esta competencia. Ya entonces, fuentes del ministerio de Justicia afirmaban que trabajaban para buscar "la mejor fórmula" para arreglarlo "lo antes posible". Ocho semanas después la respuesta del ministerio sigue siendo la misma y recalca la voluntad de recuperar la competencia de los jueces de paz para hacer bodas, pero no aclara cómo lo hará ni cuándo.

Conscientes de que a partir de abril no podrían casarse, muchos juzgados de paz aprovecharon marzo para adelantar las citas que tenían en las próximas semanas. Ahora, sin embargo, las opciones de las parejas que tenían previsto un matrimonio civil en el juzgado de paz -donde casarse es gratuito- están en las notarías -donde hay que pagar los honorarios correspondientes- o en los ayuntamientos, que en muchos casos también cobran una tasa por el uso de las instalaciones.

"Muchas personas quieren casarse lo antes posible y eso les supone un trabajo doblado o triplicado en los ayuntamientos. Hay lista de espera y eso provoca malestar", dice Terrón sobre los efectos de los cambios de planes que han tenido que hacer las personas que preveían casarse en un juzgado de paz. Ni los municipios ni el Colegio Notarial tienen todavía un recuento de cuántos matrimonios más han realizado estos dos meses con los juzgados de paz fuera de juego, pero tanto la Asociación Catalana de Municipios (ACM) como la Federación de Municipios de Catalunya (FMC) afirman que han notado el efecto. El impacto que ha tenido depende mucho del tamaño del municipio.

"No se ha dejado nadie en la estacada"

Melchor Claramunt es el presidente del Área de Justicia de la FMC y el alcalde de Miralcamp (Pla d'Urgell), una población de unos 1.400 habitantes y donde el consistorio suele realizar unas dos bodas al mes, que este abril y este mayo han sido el doble. "Aquí no lo hemos notado tanto. Si tienes una boda más te reprogramas el fin de semana y ya está, no se ha dejado a nadie en la estacada, pero en municipios mayores, de 10.000 o 20.000 habitantes, sí hay más presión", dice Claramunt.

En El Masnou (Maresme), de unos 24.500 habitantes, también han podido asumir la demanda de bodas de última hora, en su caso haciéndolas en las instalaciones del juzgado aunque les oficie el alcalde o un concejal. Aquí el ayuntamiento suele realizar entre cinco y seis bodas al mes, y el juzgado de paz unos dos o tres. Ahora todos quedan a cargo del alcalde o de un concejal, explica el alcalde de El Masnou, Jaume Oliveras, que también es vicepresidente primero de la ACM: "Es un incremento de trabajo, evidentemente, y además ahora es temporada alta de bodas. Lo estamos asumiendo con normalidad, pero espero que se pueda resolver tan pronto como sea posible, es una anomalía."

En las notarías también ha habido "más movimiento, pero no ha sido problemático", afirma la vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias. En el caso de los notarios, han tenido que modificar los expedientes matrimoniales de las parejas que habían designado a un juez de paz para que pudiera casarles otra autoridad. "Se trata de un trámite sencillo, la mayoría de personas han podido mantener la fecha de boda prevista. El disgusto puede haber llegado si alguien quería que les casara una persona concreta, porque tienen alguna vinculación con ella", afirma Iglesias.