Una nueva sentencia reconoce las secuelas de la vacunación de la covid como accidente laboral

BarcelonaHace algo menos de tres meses que una sentencia pionera dictada en Barcelona reconoció como un accidente laboral los trombos que sufrió un profesor tras vacunarse contra la cóvido con las dosis de AstraZeneca. Ahora, el juzgado de lo social 3 de Burgos ha dictado una sentencia muy similar, pero con una diferencia relevante: en este caso, la afectada había recibido una primera dosis de AstraZeneca y dos de Pfizer.

A ambos afectados les ha representado el abogado Francesc Feliu. En este caso, la juez de Burgos considera que para valorar la relación entre los efectos secundarios y su condición de trabajadora -la denunciante era profesora de inglés interina en Miranda de Ebro- hay que tener en cuenta que la mujer "fue convocada por la administración de quien dependía jerárquicamente, sin posibilidad de elegir vacuna, al menos en la primera llamada, y como parte". De hecho, fue la conselleria de Educación de la Junta de Castilla y León quien entre marzo y junio de 2021 convocó a los docentes a través de los directores de los centros para que se vacunaran.

La docente carecía de antecedentes médicos relevantes y había recibido una primera dosis de AstraZeneca a finales de marzo del 2021. Unos diez días después, empezó a sentir síntomas sensitivos en las piernas, que le impedían conducir. En urgencias descartaron que tuviera alguna patología trombótica urgente, pero en los informes consta que tenía fiebre y debilidad muscular (astenia). Este episodio le requirió un solo día de baja, uno de los que ahora la sentencia reconoce como enfermedad laboral. También quedan reconocidos como patología profesional los períodos del 13 al 16 de abril de 2021, del 18 de abril al 3 de agosto de 2022, y del 17 de abril al 17 de agosto de 2023.

Hormigueos y dolor

Un mes después un nuevo informe médico hacía constar que la mujer seguía teniendo una sensación anormal de los sentidos, hormigueo o entumecimiento (parestesias) y dolores punzantes en los músculos cuando caminaba o mantenía una postura continuada. Por ejemplo, conduciendo. Los especialistas en neurología probaron distintos tratamientos y un TAC no encontró evidencias de ninguna enfermedad.

Posteriormente, un centro privado de Madrid le diagnosticó cóvido persistente teniendo en cuenta que los síntomas habían comenzado tras recibir la vacuna. Por último, especialistas en neurología le hicieron un diagnóstico de probable neuropatía de fibras amielínicas, que no tiene tratamiento. Durante los siguientes meses, la mujer volvió a urgencias por alteraciones de la sensibilidad.

Meses después de la primera vacuna y de todas estas pruebas médicas, la mujer fue convocada de nuevo para recibir la segunda dosis de la vacuna. A finales de agosto recibió la vacuna desarrollada en los laboratorios de Pfizer. En esta ocasión, la mujer firmó un consentimiento informado para aceptar la vacunación de un distinto proveedor.

Vacunarse era "una exigencia ética y legal"

Para la profesora, añade la juez, había también "una exigencia ética y legal de proteger el derecho a la salud ya la educación" de los alumnos, por lo que los docentes estaban entre los colectivos prioritarios para recibir la vacuna. "Se trataba, pues, de una obligación ética, moral, profesional y legal de los servicios públicos de vacunarse, acudiendo al llamamiento de vacunación como un deber colectivo y profesional, había poco margen a la posibilidad de considerarlo como un acto voluntario en un clima de pandemia sin precedentes", dice la juez.

La sentencia añade que vacunarse tenía una "íntima conexión con los deberes" de los trabajadores en relación con el hecho de seguir las medidas de prevención de riesgos laborales que fijaba el empresario. "En la práctica, la vacuna consistía en una medida preventiva laboral necesaria. Situación que refuerza claramente la conexión entre la vacunación y la actividad profesional docente", afirma la jueza.