El Supremo decidirá si un padre puede detener la eutanasia de su hijo
La decisión del tribunal marcará el rumbo de los casos abiertos en los juzgados
BarcelonaEl Tribunal Supremo resolverá el debate de fondo tras los distintos procedimientos judiciales en los que un familiar intenta detener la eutanasia de un adulto que ya cuenta con aval médico. En todos los casos que han llegado a los tribunales se ha puesto sobre la mesa una pregunta que no se previó con la ley de eutanasia del 2021: ¿la familia de una persona adulta que ha pedido la eutanasia está legitimada para impedirla a los tribunales?
Es el caso de Noelia, que debía recibir la eutanasia en agosto del 2024, pero sigue a la espera a raíz de un recurso de su padre, y también el de Francesc, que en julio de 2024 logró el aval judicial, pero su prestación sigue atascada en los tribunales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) abriera la puerta a la posibilidad de que su padre pueda intervenir para detenerla. Una decisión que ahora el Supremo deberá validar o revocar, cuya sentencia marcará el rumbo de los dos casos similares que están abiertos.
De hecho, los jueces del Supremo deliberarán a partir del caso de Francesc, de 54 años, que tras tres ictus y dos infartos sufre secuelas graves que le afectan a la movilidad y al habla. La eutanasia que pide tiene el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el grupo de expertos que valora las peticiones para esta prestación, y que constató que Francisco tiene plenas capacidades para decidir sobre su vida.
Sin embargo, su padre se opuso con un recurso en un juzgado contencioso de Barcelona. El hombre alegó que el hijo sufre problemas de salud mental que le impedían tomar esa decisión. A partir de los informes médicos, la jueza lo descartó, en una resolución que también recordaba que padre e hijo no tienen relación alguna y que el afectado había pedido expresamente no comunicar su proceso de eutanasia a ningún pariente o amigo.
La Generalitat interviene en el procedimiento en defensa de la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, y el recurso que resolverá el Supremo para fijar jurisprudencia lo han presentado los letrados de la administración. Alegan que la ley de eutanasia no prevé que terceras personas puedan recurrir la concesión o la denegación de la eutanasia, y quieren que el Supremo anule la resolución en la que el TSJC valoró que los familiares de un paciente sí están legitimados para llevar a los tribunales un procedimiento de eutanasia.