Los trabajadores de prisiones también amenazan con hacer huelga

BarcelonaLa respuesta del sistema penitenciario al asesinato de una cocinera en Mas d'Enric no ha contentado a todos los trabajadores. De hecho, ha atizado las protestas de una parte de los profesionales de las prisiones. Dos años después del crimen, parte de los trabajadores denuncian una "discriminación sostenida" en comparación con sus compañeros, funcionarios de vigilancia. Los que protestan son personal de la misma empresa pública donde trabajaba Núria López cuando un interno la mató y, después, se suicidó. Ahora, el comité intercentros –que representa a los trabajadores de esta empresa en toda Cataluña– amenaza con una huelga si la Generalitat no accede antes del próximo martes a darles las mismas mejoras que han recibido los funcionarios de Interior y otros profesionales del sector.

Los empleados del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) han quedado fuera de las mejoras salariales que han conseguido los funcionarios de prisiones a raíz de el acuerdo de sindicatos y departamento que puso fin a los bloqueos en las prisiones después del crimen en Mas d'Enric. El mismo acuerdo estipuló nuevas medidas de seguridad que tardaron mucho más en llegar al CIRE, donde trabajan formadores que enseñan oficios a los presos y también internos que tienen un trabajo dentro de la prisión. Esto dejó situaciones como que un preso pudiera estudiar un curso de soldadura o de cocina, pero después no pudiera ejercer este oficio en la prisión porque sus antecedentes lo vetaban para trabajar –pero no para formarse– utilizando las herramientas necesarias.

Los representantes de los trabajadores del CIRE también critican que son los únicos a quienes no se ha reconocido como agentes de la autoridad. Esta condición legal, que aumenta la protección ante una agresión, era una reivindicación histórica de los funcionarios de vigilancia y también se extendió a los directivos de las prisiones y a los trabajadores penitenciarios de rehabilitación –psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales–, pero no a los trabajadores del CIRE, que imparten formación a los presos o trabajan en los talleres y pueden tener un trabajo dentro de la prisión.

Ultimátum a Justicia

"A ver qué pasa sin cocina ni economato", advierte un trabajador ante la posibilidad de una huelga de sector, la tercera que debería encarar la Generalitat en los últimos meses, teniendo en cuenta la de educación y la de sanidad. Otro trabajador reprocha los beneficios que han recibido funcionarios de Interior pero no ellos: "Tuvieron las mejoras a costa nuestra y los servicios mínimos del CIRE tuvimos que estar allí durante las protestas", dice, recordando los bloqueos en las puertas de las prisiones después del crimen mientras los trabajadores de cafeterías y cocinas continuaban trabajando.

Las asambleas de los últimos días entre los trabajadores de esta empresa han desembocado en un ultimátum: si el martes no tienen respuesta a sus peticiones, optarán por hacer huelga. Los trabajadores ya lo han advertido en una carta al consejero de Justicia, Ramon Espadaler, la secretaria de Medidas Penales, Elena Pérez, y el director del CIRE, Daniel Ortiz.

En el escrito, los profesionales denuncian una "situación de agravio comparativo y discriminación" de los trabajadores que dependen de la empresa pública CIRE en comparación con los funcionarios que dependen directamente del departamento de Justicia. Critican que, a pesar de que comparten entornos de trabajo y que los dos grupos tienen contacto con los internos, los otros han conseguido mejoras laborales y más medidas de seguridad, si bien "todavía hoy hay varios espacios de trabajo del CIRE que requieren una evaluación y la puesta en marcha de una respuesta que garantice minimizar riesgos".

La dirección "comparte" la petición

Fuentes sindicales aseguran que pactaron con la dirección que haría las gestiones necesarias para que los trabajadores del CIRE tuvieran las mismas mejoras económicas que se dieron a los funcionarios a raíz del acuerdo sindical de hace casi dos años. La negativa vendría del departamento de Economía, que, según fuentes sindicales, ha pedido negociar todo el convenio colectivo para valorar el incremento, y critican que esto podría retrasar mucho el procedimiento.

Por su parte, fuentes del departamento de Justicia consultadas por el ARA también aseguran que la dirección del CIRE "comparte la voluntad de mejorar las condiciones del personal y reconoce su tarea dentro del sistema penitenciario". Añaden que el departamento, la empresa y la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima "continúan trabajando conjuntamente con Función Pública para encontrar vías para dar una respuesta rápida y efectiva a la situación".