Abusos en los campos de fresas

“S i no trabajas deprisa, te enviaré a Marruecos”. Esta es la amenaza que el jefe de la finca donde trabajaba Salima (nombre ficticio) le profería en todo momento mientras trabajaba en el campo. La pesadilla de esta jornalera comenzó cuando llegó a la casa donde la alojaba Los Arenales de Mazagón SL, una empresa del municipio de Moguer, en Huelva, que la había contratado para la campaña de recolección de arándanos del año 2019. La temporera explica que antes de marcharse de Marruecos le hicieron firmar el contrato de trabajo, un documento que estaba escrito en un idioma que no conocía [probablemente castellano]. “Nos enseñaron unas fotos de una casa con dos habitaciones, con lavadora, frigorífico, duchas, agua caliente y agua potable”, asegura. “Era fantástico”. Pero aquel alojamiento, donde presumiblemente debían vivir durante los meses de trabajo en Huelva, no existía. “Cuando llegamos todo lo que nos habían enseñado no estaba”. La realidad era mucho peor: una casa sucia compartida con 17 mujeres, con el calentador y la lavadora estropeados y con un único lavabo sin luz. Además, cuando terminaban la jornada, las hacían trabajar más horas.

“El encargado me tocaba”

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. “Cuando trabajaba -relata- se me acercaba el encargado y me tocaba, fingiendo que me estaba ayudando. Me decía que le gustaba y me pedía que le diera mi teléfono”. “Afortunadamente -dice- nunca llegó a forzarme”. Estos episodios se alternaban con las proposiciones que les hacía una mujer de la empresa. “Nos preguntaba si estábamos casadas y nos decía que había muchos hombres, y jóvenes, y que podíamos ganar dos jornales haciendo este tipo de cosas [en referencia a mantener relaciones sexuales]”.

Salima y dos compañeras suyas presentaron una denuncia ante la policía y, actualmente, el caso se está investigando en el juzgado de instrucción número 1 de Moguer. Belén Luján y Jesús Díaz, encargados de la defensa jurídica de las tres mujeres, consideran que se trata de un caso de explotación laboral, acoso sexual y tráfico de seres humanos, puesto que el engaño, argumentan, se produce desde el país de origen. El relato de Salima coincide con el del Aisha, que también prefiere utilizar un nombre ficticio. Aisha denunció la empresa que le contrató la hace dos años, Doñana 1.998 SL, y cuenta con la defensa jurídica de Luján y Díaz.

Esta trabajadora asegura que cuando llegó a Huelva, en el año 2018, no la dejaron empezar a trabajar, tampoco recibió ningún pago inicial, como le habían prometido, ni le proporcionaron comida. Ella y sus compañeras tuvieron que remover contenedores, cuando no les quedó más remedio, en busca de restos de comida. Entonces trabajadoras con antigüedad en la empresa les ofrecieron la posibilidad de ganar más dinero haciendo “algo diferente”.

Extrema vulnerabilidad

“Nos decían que no era necesario que trabajáramos en el campo, que nos podíamos ir con hombres a cambio de dinero”. En aquella situación de extrema vulnerabilidad, “algunas aceptaron el dinero, otras se quedaron embarazadas y abortaron”, explica Aisha. Josefa Gómez, trabajadora social del centro de salud de Moguer, aseguró hace tres años a unas periodistas de BuzzFeed que “durante la campaña de recogida de frutos rojos, cuando vienen las temporeras, hay un pico en la ratio de abortos y la mayoría de las mujeres que solicitan interrumpir su embarazo son marroquíes, rumanas y búlgaras”. A pesar de que Gómez, tras consultarlo con sus superiores, no ha querido hacer declaraciones sobre las problemáticas asociadas a la asistencia que ofrece a las jornaleras, los datos obtenidos por la vía de la ley de transparencia confirman esta tendencia al alza durante los meses de la recolección. En 2018, durante la campaña (que dura de febrero a mayo), se realizaron un total de 94 interrupciones del embarazo en hospitales públicos de la provincia de Huelva, una cifra que contrasta con las 72 realizadas durante los cuatro meses inmediatamente posteriores. El año 2017 se registraron 109 abortos durante el cuatrimestre de la campaña y 59 de junio a septiembre. Aun así, los datos facilitados por el gobierno español no están desglosados por la nacionalidad de las pacientes, ni aportan información sobre los motivos que se esconden tras la decisión de estas mujeres de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.

En el caso Doñana 1998, sin embargo, es el testimonio de una compañera de Aisha lo que resulta más aterrador. “Cuando le preguntan si le tocaron los genitales, manifiesta que sí, que tanto los genitales como los pechos [...]. Ante estos hechos, empujó [el agresor] para conseguir que la dejara tranquila”. Esta es la acusación de una de las jornaleras contra uno de los propietarios de esta empresa de Almonte. El atestado judicial que recoge sus palabras califica los hechos de “insinuaciones sexuales”, una de las razones por las que la denunciante pidió que se investigara el guardia civil que firmó el documento policial en cuestión.

Muchas de las chicas que habían protestado por las condiciones y los abusos sufridos en esta finca fueron retenidas por el personal de la empresa y luego las “subieron en autobuses y las enviaron a su país para que no pudieran denunciar”, asegura Aisha. Ella y el resto de denunciantes tuvieron más suerte y lograron marcharse e iniciar el proceso judicial. Aisha afirma, sin embargo, que no cobró ni un centavo de los 21 días que trabajó en el campo. Ni Doñana 1.998 ni Los Arenales de Mazagón han accedido a dar su versión de los hechos relatados por Aisha y Salima en este reportaje.

Criterios de selección discriminatorios

“Los engaños, las amenazas y los abusos a los que son sometidas estas trabajadoras deben entenderse en el contexto de la pobreza extrema y de su analfabetismo”, afirma Luján. “Están inducidas por una cultura que discrimina a la mujer y que posibilita su sumisión y los abusos que sufren”. De hecho, asegura, “los criterios de selección para contratarlas en origen [en Marruecos] buscan esto: una mujer de una determinada franja de edad, con hijos menores a cargo y procedentes del ámbito rural marroquí, que equivale, en la inmensa mayoría de los casos, a mujeres analfabetas”. Son criterios que la abogada considera discriminatorios porque vulneran el artículo 14 de la Constitución española -el principio de igualdad- además de otros derechos humanos que también recoge la Constitución, la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio Europeo de los Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea.

El punto de vista de Luján coincide con el de José Antonio Brazo Regalado, representante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Huelva, que hace una labor continuada en defensa de las jornaleras sobre el terreno. Luciano Gómez, secretario general de UGT-FICA en Huelva, discrepa. “Dudo que sea jurídicamente reprobable. Si miras al fondo de la cuestión está dentro de las competencias que la administración española utiliza para garantizar que este flujo migratorio retorne a su país”. La Subdelegación del Gobierno en Huelva no ha accedido a conceder una entrevista a los autores de este artículo y la secretaría de estado de Migraciones del gobierno estatal no ha facilitado muchos de los datos e informaciones solicitadas sobre este sistema de contratación y el proceso de selección.

Restricciones por el covid-19

Cerca de 19.000 jornaleras marroquíes fueron autorizadas para trabajar este 2020 en los campos de Huelva. Las trabajadoras obtienen un visado para unos meses y tienen la obligación de volver a Marruecos cuando este plazo expira. El 25 de marzo, cuando 7.000 jornaleras habían llegado a España, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que suspendía los procedimientos de contratación en origen durante la vigencia del estado de alarma y mientras se mantengan las restricciones fronterizas por la crisis del coronavirus. Esta situación ha dejado 11.000 mujeres sin un trabajo que ya tenían confirmado. Muchas, como es el caso de Fátima, una jornalera que había sido seleccionada por primera vez, se ven obligadas a devolver el dinero que pidieron prestado para pagar los trámites del visado y hacer algunas compras para un viaje que no han podido hacer.

A pesar de que la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y la Competencia de Marruecos (ANAPEC) lleva el peso del proceso de selección, este procedimiento es responsabilidad de la comisión de selección, integrado también por la dirección general de Migraciones o de la correspondiente misión diplomática y que cuenta con la participación directa de los contratantes.

Líneas de mediación cuestionadas

El caso Doñana 1998 ha puesto sobre la mesa el debate público sobre los abusos, las agresiones y la explotación laboral que algunas temporeras han denunciado desde los años 2000, cuando comenzó a aplicarse este sistema de contratación. En este contexto, la dirección general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía se comprometió a desarrollar líneas de mediación entre las trabajadoras y las empresas. El gobierno andaluz puso en marcha en el año 2019, a través de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), un programa de mediación y este año ha financiado con 70.000 euros la línea de trabajo impulsada por la Interprofesional de la Fresa y los frutos Rojos de Andalucía, conocida como el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social (Prelsi). Unas medidas, todas ellas, cuestionadas por su naturaleza y efectividad. Gómez, de UGT, asegura que la iniciativa del Prelsi es una medida coja porque son los empresarios [a través de la interprofesional] “los que hacen y deshacen” sin que haya ningún sindicato que represente las trabajadoras. Juan Díaz, secretario general de industria de CCOO Huelva, coincide con Gómez. En la misma línea se expresa Brazo Regalado: “Ellos son parte y, en consecuencia, no pueden ser imparciales”. Mar Ahumada, directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, afirma que su trabajo supone una mejora sustancial a pesar de que sean una parte interesada. Ahumada argumenta que las cuatro mediadoras de MZC tienen una función de contrapeso para que no haya casos extraños y que las mujeres estén bien atendidas.

El caso de Salima, pero también el de Drissiya, una jornalera que sufrió un ictus isquémico y no fue acompañada en el hospital hasta después de tres días, revelan que, a pesar de la mediación, las cosas no siempre funcionan bien. Casi dos semanas después de ser ingresada, en abril de 2019, Drissiya, que explicó su caso en exclusiva a los autores de este artículo, fue dada de alta y devuelta a Marruecos. Tanto el Prelsi como MZC intervinieron, pero nadie le explicó cuáles eran sus derechos laborales y si podía acceder a una incapacidad permanente o interponer una demanda a la empresa por responsabilidad civil. La jornalera, que no podía hablar ni caminar, había sufrido un desvanecimiento dos años antes y, al ser atendida en la finca agrícola de la misma empresa, refirió una patología cardíaca. José Luis Rojas, especialista en medicina laboral y con una experiencia de ocho años en el sector de los frutos rojos, asegura que, teniendo en cuenta los antecedentes, la empresa le debería haber hecho un reconocimiento en el año 2019 antes de empezar a trabajar. Según Rojas, tras estudiar toda su documentación médica y laboral, Drissiya no era apta para desarrollar tareas de carga y esfuerzos físicos. SAT Algaida Productoras, la empresa donde trabajaba esta jornalera, no quiso hablar de los hechos para este reportaje.

Rojas asegura que en este sector se vulneran muchos de los requisitos procedimentales y a menudo no se hacen todos los reconocimientos médicos que deberían hacerse. “En una de las empresas productoras más grandes en que yo trabajaba, únicamente el 3% de los trabajadores fueron sometidos [al preceptivo] reconocimiento médico”. ¿Qué pasa, se pregunta Rojas, cuando Inspección de Trabajo llega y pide esta información y únicamente se les da el informe de aptitud del 3% de los trabajadores?

Las irregularidades que afectan al sector en Huelva, primer exportador de Europa y responsable del 98% de la producción nacional de frutos rojos, van mucho más allá del colectivo de contratación en origen. Hace pocos meses, al inicio de la actual campaña de recolección, la Guardia Civil detuvo a dos propietarios y un encargado de dos empresas de la provincia andaluza para tener temporeros irregulares y sin contrato trabajando en sus fincas.

David Meseguer ha contribuït en l’elaboració d’aquest article. Aquesta publicació ha estat produïda amb la contribució financera de la Unió Europea. El contingut d’aquest document és responsabilitat exclusiva de Fundació Surt i no reflecteix necessàriament la posició de la Unió Europea.