Menos prohibiciones y más recogida selectiva: así ha mutado la ley de residuos catalana
El Gobierno ultima el anteproyecto, que someterá al trámite parlamentario a finales de año
BarcelonaMientras Europa se pone manos a la obra con una legislación que estrecha el cerco a los plásticos, el Govern tramita el anteproyecto de ley catalana de residuos, que debe sustituir la ley de 1993. De hecho, su redacción arrastra años de retraso –se empezó a redactar en 2018– y, por el camino, algunas de las medidas estrella que se habían planteado han desaparecido o han pasado de ser obligaciones a medidas voluntarias o de fomento, como la obligación de bonificar fiscalmente a los ciudadanos que hacen una buena recogida selectiva. En cambio, se incorporan puntos ambiciosos de cara a 2030, como la obligación de los municipios de implantar sistemas de recogida eficientes o la prohibición de los vasos de un solo uso en eventos festivos, culturales o deportivos. Según fuentes del departamento de Territorio, los cambios se deben al contexto europeo y estatal: argumentan que ha cambiado "de manera significativa" y que muchas medidas del texto de 2022 ya son ahora obligatorias, como el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR).
Si la normativa europea pone el foco en el diseño, la composición y la reutilización de los envases, Cataluña pone el acento en la recogida, la fiscalidad, la reutilización y el principio de quien contamina paga. Es decir, quien genera o pone en circulación un residuo debe asumir –de acuerdo con sus responsabilidades–, los costes derivados de su prevención y gestión. Uno de los pilares de la nueva norma será obligar a los municipios a disponer, antes del 31 de diciembre de 2030, de sistemas de recogida selectiva de alta eficiencia, como el puerta a puerta o los contenedores cerrados. El Govern defiende que son los modelos que han demostrado mejores resultados en los más de 500 municipios catalanes que ya lo tienen. "Como cualquier cambio puede generar algún rechazo", admiten fuentes del departamento, que consideran que el despliegue, si se hace con información, participación y capacidad para corregir los desajustes, "no debe ser problemático". En las poblaciones más grandes, añaden, se ha optado sobre todo por los contenedores cerrados.
El anteproyecto, sin embargo, no obligará a los ayuntamientos a aplicar una tasa vinculada directamente a la cantidad de residuos que genera cada hogar, lo que se conoce como tasa de comportamiento. El pago por generación queda como una opción para las entidades locales, como mecanismo para incentivar la prevención y la correcta separación de los residuos, mientras que la ley sí establece que las tasas municipales deberán cubrir el coste real del servicio. El Gobierno argumenta que la tasa por comportamiento es solo "un medio más" para alcanzar los objetivos europeos y recuerda que hay municipios que ya los cumplen sin aplicarla.
La principal diferencia entre este anteproyecto y el que puso sobre la mesa el Gobierno de Pere Aragonès en 2022 es especialmente relevante en los envases, uno de los ámbitos en los que la Unión Europea concentra buena parte de los esfuerzos con el nuevo reglamento europeo de envases y residuos de envases (PPWR). El texto anterior planteaba prohibir dentro de dos años el envasado innecesario o superfluo de los alimentos, eliminar las anillas de plástico para agrupar latas y botellas en 2024 y obligar a los supermercados de más de 400 metros cuadrados a dedicar un 20% de la superficie de venta a productos sin embalaje primario, incluida la venta a granel y con envases reutilizables. En la propuesta actual no se reproducen estas prohibiciones, y se apuesta por "la prevención, la reutilización y la adaptación al nuevo marco de economía circular".
Según el ejecutivo catalán, los cambios entre anteproyectos buscan evitar la duplicación de normas ya establecidas por Bruselas o el Estado (2022). Consideran que no tiene sentido fijar objetivos por encima de los europeos mientras estos aún no se cumplen. La nueva ley concentra la ambición en la recogida selectiva, con el objetivo de alcanzar el 70% en 2035 y reducir al mínimo los residuos en vertedero. De hecho, la Agencia de Residuos de Cataluña pasará a llamarse Agencia de Economía Circular, un cambio que refleja este enfoque: menos prohibiciones propias y más adaptación al marco europeo.
El escollo de la recogida selectiva
En este sentido, la Generalitat se fija objetivos de recogida selectiva más exigentes que los establecidos por la normativa estatal: el porcentaje de residuos municipales recogidos por separado deberá alcanzar como mínimo el 65% en 2032 y el 70% en 2035. Actualmente, según datos de Territori, el 50,1% de los residuos municipales recogidos se valorizan (reciclan) materialmente. El objetivo es alcanzar el 65% en 2035 y limitar al 10% los residuos que acaban en el vertedero.
Este aspecto de la ley es el que puede generar más resistencias y se teme que pueda retrasar meses –y hasta años– la aprobación y la entrada en vigor de la norma. De momento, la fase de información y audiencia pública se alargará hasta el 15 de octubre. Después de analizar las aportaciones y elaborar los informes preceptivos, el Gobierno prevé tramitar el texto al Parlament a finales de 2026.
En cuanto a la reutilización, la nueva propuesta habla de sistemas de gestión de envases reutilizables industriales y comerciales, de trazabilidad y de mecanismos para que los envases vuelvan al circuito. El texto de 2022 era más concreto y ambicioso: fijaba alcanzar un 25% de reutilización de los envases de bebidas para el consumo doméstico en 2025 y un 35% en 2030, mientras que la hostelería y la restauración debían ofrecer envases reutilizables y sistemas de retorno para la comida para llevar. Esta última obligación, sin embargo, ya forma parte del nuevo marco europeo.
La diferencia también es clara en las prohibiciones. El texto de 2022 planteaba eliminar ya en 2024 determinados productos y formatos de un solo uso, desde los envases de bebidas de un solo uso en edificios públicos hasta los plásticos oxodegradables o determinados microplásticos añadidos intencionadamente. El anteproyecto actual opta por plazos más graduales e incorpora medidas como la prohibición de los vasos de un solo uso en eventos o de los productos de cortesía de un solo uso en hostelería.