“Hemos estado diez días en el muelle de Arguineguín lavándonos con el agua sucia del puerto”

Mogán (Gran Canaria)31 grados de temperatura, la gente amontonada en los muelles sin alternativas, los diversos gobiernos quitándose responsabilidades y Salvamento Marítimo desbordado. El sur de Gran Canaria se ha convertido en el último escenario de la crisis migratoria en Europa. En el muelle de Arguineguín hay 1.300 personas y, ignorando el clamor de las autoridades canarias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado el traslado a la Península de los migrantes bloqueados en las islas, en medio de una crisis humanitaria que ha puesto en evidencia la descoordinación política y la falta de material digno para acoger a las personas que sobreviven a una peligrosísima quiniela desde África. Madrid ha anunciado que pondrá carpas para 7.000 personas, escuelas cerradas, edificios de Defensa y almacenes portuarios para acoger a los migrantes que ahora están en hoteles o en el puerto de Arguineguín. Una solución parecida a la que adoptó el gobierno griego hace dos años.

Cables, cámaras, reporteros y teléfonos arriba y abajo. Una valla amarilla y decenas de policías nacionales son el retrato de la vulneración del derecho a la información. La Guardamar Polimnia llega a puerto con una cincuentena de personas que ha rescatado del Atlántico. A la derecha, desde la línea de prensa, el muelle que ahora es prisión, gritos de agradecimiento, aplausos de bienvenida, sonrisas y euforia. Están vivos. A la izquierda, desde la Cofradía de Pescadores, insultos, groserías y silbatos de rechazo.

Del muelle al hotel

Durante la semana, una decena de autobuses se han llenado en Arguineguín para intentar drenar el muelle. La mayoría de personas han sido distribuidas en hoteles de los alrededores. Otras fueron enviadas al norte de la isla y, desde miércoles al atardecer, los autobuses se dirigen también a Barranco Seco, un descampado de uso militar donde se han montado tiendas para 400 personas que recuerdan demasiado al nuevo campo de la isla griega de Lesbos.

La Cofradía de Pescadores se ha convertido en un centro de operaciones con redacción incluida y, entre policías nacionales, trabajadores de la Cruz Roja, turistas y periodistas, un hombre con acento canario y marroquí a la vez da vueltas buscando a alguien que le alquile una moto de agua. “No sé donde está mi hermano, quiero intentar acercarme”. El hombre, residente en Canarias desde hace cerca de veinte años, recibió una llamada de su hermano, todavía en la barca, que lo avisaba de que estaba bien y que ya veía el barco de rescate. “Desde entonces no sé nada más. Lo he preguntado a la policía, no sabemos si está aquí o ni siquiera si está vivo, no sé ni si llegó a pisar el muelle. Dicen que no hay ni agua, ni mantas, ni cargadores de móvil para la gente pueda llamar a sus familiares. Mi madre está enloqueciendo y, como ella, muchas personas más que no saben donde están sus familiares”.

Siete casos por cada abogado

La escena se mezcla con la estupefacción de los abogados que hacen horas de cola para entrar y atender las personas. Según José Muñoz, el Colegio de Abogados está adjudicando siete casos a cada profesional, que tiene que hacer dentro del muelle las entrevistas personales, donde se decide el futuro de cada migrante. “Les leen la orden de expulsión y poco más. No nos permiten con ellos por los posibles recursos contra la expulsión que podamos presentar”, denuncia el abogado.

Al oeste de Arguineguín, Puerto Rico se erige sobre cerros con construcciones faraónicas de hoteles de color blanco. Apartamentos, habitaciones y muchos balcones de piedra o vidrio con un color que ciega la mirada con el reflejo del sol. Montesol, Buenavista, Calipso Oasis, Monteparaíso... Por los nombres se puede imaginar el tipo de turismo de la zona. En medio, palmeras y carreteras de doble sentido desdibujadas.

Aunque en la isla de Gran Canaria no se supera el 6% de ocupación turística, según los datos del gremio, las calles de Puerto Rico están transitados por turistas, sobre todo nórdicos. Chanclas, bañadores y gafas de sol junto a los grupos de jóvenes subsaharianos o magrebíes prácticamente uniformados con las zapatillas negras de suela blanca que les dan cuando llegan.

“Hemos pasado diez días en el puerto de Arguineguín en condiciones muy duras”, explica el Moussa, un joven senegalés. “No había duchas y nos lavábamos con el agua salada y sucia del puerto. Sólo comíamos pan y zumo, tres veces al día”, dice. A sus 23 años, Moussa llegó a Gran Canaria después de cuatro días en una barca que salió de Dahla, en el Sáhara, con 43 personas más. Ya hace una semana que ha sido trasladado, con otras personas, a uno de los hoteles de Puerto Rico. Está mejor que en el puerto, pero él y sus compañeros sólo pueden salir una hora al día, después del turno de comer. “Aquí no somos libres. Yo sólo quiero poder seguir mi viaje, poder trabajar y enviar dinero a mi familia”, repite Moussa.

“Yo no soy racista, pero...”

A poco más de treinta metros, el camarero del Bombón Café justifica el rechazo por la caída del turismo. “Yo no soy racista, pero a los turistas no les gusta ver moros y negros por aquí, y esto lo acabamos pagando nosotros. Me sabe mal, pero este no es su lugar”, dice. No les deja entrar en el lavabo: “Si dejo entrar uno, entonces vendrán todos. Son normas de la empresa”. El discurso cala demasiado hondo en una parte de la población.

Junto a Moussa, Dembere, un joven de Mali, mezcla palabras en inglés y francés mientras enseña el único papel oficial que lleva encima. Una orden de expulsión igual que la del resto de los que han pasado por Arguineguín. En la fecha de nacimiento pone 01/01/2000, pero él asegura que es menor. “Tengo 17 años, enseñé mi carné de identidad a quien tomaba los datos y apuntó esta fecha de nacimiento, que no es real. Me hicieron la prueba y dicen que tengo 20”, explica, mientras gesticula con las manos y las muñecas para aclarar las pruebas de las que habla.

Poco a poco, Gran Canaria se transforma en una mezcla de similitudes de otras zonas, como de la misma isla quince años atrás, Algeciras en 2018 o Lesbos en 2016, donde décimas de jóvenes menores de edad recibían documentación oficial con la fecha del 1 de enero, lo que los hacía mayores de edad. La historia se repite mientras en los despachos se juega a cara o cruz entre un futuro y una deportación. La vida y el miedo no juegan al azar.