Sociedad 04/10/2021

El nuevo asedio a la escuela en catalán: ahora quieren los planes de cada asignatura en castellano

Una resolución de la comisión de transparencia obliga a los centros públicos a enviar a una asociación españolista las programaciones didácticas en castellano

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Una alumna de secundaria en una escuela concertada de Sant Vicenç dels Horts.

BarcelonaNueva ofensiva contra el catalán como lengua vehicular en los centros educativos públicos. Si hasta ahora algunas familias y entidades españolistas habían llevado a los juzgados a escuelas concretas porque creían que no hacen suficientes horas de castellano o habían analizado la distribución horaria de las lenguas, ahora el objetivo son directamente los documentos internos del profesorado. Las escuelas e institutos que hay en Catalunya tienen que enviar antes del 15 de octubre "todas las programaciones didácticas de educación primaria, secundaria y bachillerato" de este curso o el anterior que tengan en castellano a una entidad llamada Asociación Hablamos Español. La orden la ha dado el propio departamento de Educación, forzado por una resolución de la comisión de transparencia, después de que esta asociación pidiera a la conselleria, en diciembre de 2020, estos documentos en castellano.

Las programaciones didácticas son los documentos que preparan los maestros y profesores para llevar a la práctica los objetivos generales que marca el currículum educativo de cada asignatura. De hecho, al recibir la petición de esta entidad, el departamento de Educación respondió que se reclamaban "miles de documentos". "Tiene que haber tantas programaciones como asignaturas o ámbitos se imparten en una escuela –defendió la conselleria–. Por ejemplo, si en un centro en tercero de primaria hay cinco ámbitos (lengua, medio, artes, matemáticas y educación física), tiene que haber cinco programaciones. Pero si el centro agrupa las asignaturas y trabaja a lo largo del curso con diez proyectos, entonces tendrán diez programaciones, una por proyecto, y esto para cada nivel educativo". La conselleria alertó, en un informe que se remitió a la entidad, de que la solicitud de información afectaba a 2.500 centros, y cada uno podría tener, de media, unas cuarenta programaciones didácticas. A pesar de que la conselleria propuso "seleccionar un volumen más manejable de información" haciendo un muestreo aleatorio, por ejemplo, la entidad ratificó que quería la información de todas las asignaturas y de todos los centros públicos. El argumento era que quieren "ayudar a las familias que lo necesiten para que sus hijos reciban la educación en español legalmente garantizada".

Es por eso que la conselleria, a pesar de que advirtió del "riesgo de colapsar el correo electrónico de destino" de la entidad, ha pedido a los centros públicos que remitan todas las programaciones didácticas que tienen en castellano. Pero en ningún caso dice que las tengan que traducir en caso de que no las tengan. Es decir, la idea sería que quien las tenga en castellano las envíe y quien no las tenga no hace falta que las traduzcan. Según varias direcciones consultadas por el ARA, han respondido al correo electrónico de la entidad diciendo, simplemente, que no tienen ninguna programación didáctica en castellano.

Desde la Asociación Hablamos Español no concretan cuántas programaciones han recibido hasta ahora ni tampoco qué quieren hacer. Según ha explicado al ARA la presidenta de la entidad, Gloria Lago, las han pedido porque, a pesar de ser una información "de interés y útil", no la han encontrado en ninguna página web de ningún centro público. "Todos tenemos derecho a entender y conocer las programaciones de las escuelas catalanas. Es una anormalidad pedir una cosa tan lógica", opina Lago. A su entender, "la única lengua que tienen que conocer es el español". La entidad que preside Lago ha recogido firmas para una iniciativa legislativa popular (ILP) que quieren que se debata en el Congreso de Diputados a favor de la "libertad de elección lingüística", para que los niños puedan decidir si quieren estudiar en catalán o en castellano, y también está detrás de algunas manifestaciones "contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento" en Catalunya. Según Lago, que antes ya había fundado Galicia Bilingüe (una entidad que, a pesar del nombre, defiende la educación en castellano en Galicia), en Hablamos Español hay socios de toda España.

No es la misma entidad que la que consiguió los proyectos lingüísticos

Esta entidad no es la misma que la que en el año 2018 ya obligó a todos los centros públicos a enviar su proyecto lingüístico. En aquel caso, la entidad contraria a la inmersión lingüística Asamblea por una Escuela Bilingüe consiguió, también a través de una petición a la comisión de transparencia, los documentos de 2.214 centros educativos donde se establece el plan para enseñar catalán, castellano y las lenguas extranjeras, así como los idiomas utilizados durante el horario no lectivo. Después de analizarlos, la entidad publicó el estudio "Los proyectos lingüísticos de la escuela pública catalana: la marginación del castellano", donde concluían que ninguna escuela pública de Catalunya hace el 25% de las horas en castellano. La AEB se amparaba en varias sentencias judiciales que han obligado a algunos centros a modificar el modelo lingüístico para que los alumnos recibieran el 25% de las clases en castellano (es decir, la propia asignatura de castellano y, además, otra asignatura troncal).

Hasta entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había publicado sentencias que obligaban a garantizar este porcentaje mínimo de horas en castellano en la escuela, pero con una diferencia capital. Las sentencias daban la razón a familias que pedían un 25% de castellano para sus hijos y, por lo tanto, las decisiones judiciales afectaban a pocos centros y a pocas clases. Pero en diciembre de 2020 el TSJC resolvió que todas las escuelas catalanas tienen que hacer un 25% de las clases en castellano. Es decir, la nueva sentencia afecta a todo el sistema público de educación, porque la denuncia provenía de la Abogacía del Estado, que, en nombre del ministerio de Educación del PP de José Ignacio Wert, interpuso un recurso en 2015 contra la Generalitat por no garantizar la educación del castellano como lengua vehicular. Según los jueces, el castellano es una lengua "residual en una parte significativa de centros y grupos docentes". El departamento de Educación recurrió esta sentencia en el Tribunal Supremo, que tiene que publicar la decisión definitiva pronto.

Precisamente este fin de semana el ARA ha publicado un dossier especial sobre el catalán en las escuelas, institutos y universidades, porque, a pesar de las distorsiones interesadas, la realidad es que la lengua catalana ha reculado en las aulas, que son la única oportunidad para muchos de aprenderla.

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