Toda la pandemia sin trabajo: la espiral de la víctima del desahucio de Sants

BarcelonaSegundo Fuentes se mató este lunes por la mañana lanzándose al vacío desde una ventana que daba al patio interior del edificio donde vivía. Lo hizo cuando acababa de abrir la puerta a los funcionarios de la comitiva judicial que habían ido a desahuciarlo porque llevaba un año sin pagar el alquiler. Hacía años que vivía en el piso del barrio de Sants de Barcelona, en el número 15 de la calle Bacardí. Llegó con su pareja, que acabó volviendo a Ecuador. Él se quedó. Pero la suerte no le venía de cara: cuando llegó la pandemia, él ya estaba sin trabajo.

Lo explica al ARA una mujer que vivió dos años en ese piso, cuando él para llegar a final de mes realquilaba habitaciones. La mujer recuerda que Segundo, que ha muerto con 58 años, había trabajado 15 años de mozo de almacén en una cadena de supermercados. Perdió el trabajo en la época en la que también se quedó solo. "No encontraba trabajo y yo le decía que si se formaba quizás encontraría algo, pero le costaba muchísimo", lamenta la antigua realquilada. Él le explicaba a menudo las dificultades económicas que sufría: "Recibía una ayuda, pero era muy poca cosa", añade. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona confirman que el hombre estaba en el paro y tenía "unos ingresos mínimos".

También buscó ayuda en entidades sociales. Cáritas lo atendió entre febrero y noviembre del año pasado. En la entidad intentaron ayudar a Segundo a encontrar trabajo, a estar en contacto con los servicios sociales y a pedir una prestación que tenía derecho a recibir, y que acabó cobrando. Solo a través de Cáritas se presentó a ocho ofertas de trabajo, pero no consiguió ninguno. El último contrato de alquiler del piso lo había firmado en 2018 y dejó de pagar en junio del año pasado, tres meses después de que se decretara el primer estado de alarma por el coronavirus. Entonces ya hacía una temporada que no tenía trabajo. Al cabo de medio año el propietario del piso, un particular, presentó una demanda a los juzgados por el impago del alquiler.

Controversia con un informe

La moratoria estatal para parar los desahucios, que empezó por la pandemia y continúa vigente, no sirvió para evitar el desahucio. De hecho, la no aplicación de la moratoria ha abierto una nueva confrontación entre el Ayuntamiento y la justicia. Los servicios sociales municipales hicieron un informe acreditando la vulnerabilidad de Segundo, pero no bastó. El juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona, que ha llevado este caso, lo rechazó: decía que el hombre no cumplía las condiciones del real decreto que regula la moratoria.

Esta decisión ha dividido al consistorio y los jueces. "Es falso que el hombre no estuviera en situación de vulnerabilidad económica", ha espetado la concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín. Pero el juez de primera instancia Roberto García Ceniceros ha contestado al ARA que "el problema no es la valoración del informe de vulnerabilidad", porque se tienen que cumplir otros requisitos. "Si lo que se nos está diciendo es que con el informe tiene que bastar, esto no está en el real decreto. Sorprende que las manifestaciones vengan por parte de políticos de los grupos que lo han aprobado", ha añadido García Ceniceros, que ha insistido en que la moratoria "se está aplicando".

Según el magistrado, aparte del informe de vulnerabilidad, también hacía falta una documentación complementaria que no se había aportado. El hombre tampoco había dado autorización al juzgado para poder hacer llegar su situación a los servicios sociales. "Por esto no se hizo la comunicación directa, por protección de datos", ha argumentado el juez. Fue Segundo quien, por su cuenta, fue a los servicios sociales del Ayuntamiento –que lo atendían desde febrero– a pedir el informe.

El Ayuntamiento lo ve un "error"

Martín insiste en que "es un error gravísimo e injustificable" que no se parara el desahucio. Lo ve como una decisión "no cuidadosa" del juzgado que se ha contrapuesto a la tarea del consistorio, porque la concejala asegura que la unidad antidesahucios frena más del 90% de los casos. Pero el papel del Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Ocupación (SIPHO) ya fue motivo de discrepancia entre el Ayuntamiento y la justicia antes de la pandemia.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envió a finales de 2019 al gobierno de Ada Colau un toque de alerta: pidió al consistorio que diera "instruccions precisas a los servicios sociales municipales y en especial al SIPHO de abstenerse de actuaciones que impidan la ejecución de las resoluciones judiciales". Después de que el ARA destapara la existencia de esta carta, el Ayuntamiento respondió que seguiría defendiendo los servicios sociales y el SIPHO.

Fuentes del consistorio han explicado que el informe de vulnerabilidad recogía que Segundo no tenía ninguna alternativa de vivienda. Sobre esto, García Ceniceros ha lamentado la falta de recursos de los servicios sociales "para poder darle una solución". Fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han dicho que no tenían constancia de este caso, y por eso no habían hecho ninguna convocatoria para evitar el desahucio.

Antes de que ayer por la mañana la comitiva judicial llegara al piso de Sants, las trabajadoras municipales del SIPHO intentaron hablar con Segundo, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Él abrió a los funcionarios judiciales cuando llamaron a la puerta y después se suicidó. No estaban ni los Mossos d'Esquadra ni el SEM porque la comitiva no había previsto ningún peligro en la ejecución, pero los tuvieron que avisar. El SEM no le pudo salvar la vida.