Las residencias reclaman al Govern que aumente tarifas para mejorar sueldos: "El sector dice lo suficiente"
Siete entidades y patronales urgen Gobierno y Parlamento a hacer un "pacto de país" para mejorar la atención de personas mayores y de dependientes
BarcelonaLos profesionales del sector social urgen al Gobierno ya los grupos parlamentarios a aprobar un "suplemento de crédito" que permita mejorar las condiciones laborales de las plantillas e iniciar el camino hacia la equiparación salarial de los profesionales del ámbito de la dependencia con los de la sanidad. Las organizaciones –de centros privados y del tercer sector– consideran que el incremento del 5% aprobado en diciembre pasado es "totalmente insuficiente" y por eso proponen doblar esa cantidad, hasta alcanzar el 10%. "El sector dice lo suficiente", afirman.
En un comunicado conjunto, siete entidades reclaman un "pacto de país" que proteja a las personas de los colectivos más vulnerables: personas mayores, infancia y juventud en riesgo de exclusión, niños con dificultades o trastornos del desarrollo, personas con discapacidad y personas con problemas de salud mental. "Estamos convencidos de que si se pide un suplemento de crédito para incluir el 5% también se puede llegar al 10%. No podemos bajar la cabeza frente a esta situación. El sector dice lo suficiente", afirman los firmantes.
El sector de los cuidados profesionalizados del ámbito privado trabajan con peores sueldos y condiciones que sus colegas del ámbito público y de la sanidad. Esta precarización comporta dificultad para completar las plantillas y que exista una gran rotación entre los trabajadores de residencias por la dureza del trabajo. Además, se calcula que en los próximos años, con la llegada progresiva de la generación de los baby-boomers, sólo en los geriátricos se necesiten otros 20.000 trabajadores.
En este sentido, las entidades reclaman un amplio consenso y un acuerdo entre el Gobierno y el resto de fuerzas políticas parlamentarias para situar a los profesionales de la red de servicios sociales como una prioridad e invertir los recursos necesarios para la equiparación en un plazo de 4 o 5 años. "A igual trabajo, igual salario", añaden desde las entidades firmantes del comunicado.
Riesgo de colapso
En otro comunicado, la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (Ascad) también ha insistido en que la infrafinanciación del sector, debido a la desactualización de las tarifas sociales respecto al IPC, no cubren los costes reales. De hecho, las empresas han tenido que asumir pérdidas superiores al 21%. Esta entidad reprocha que existe un riesgo de colapso del sistema, ya que se vierte muchos centros a cerrar puertas o renunciar a la concertación de plazas -infrafinanciadas por Derechos Sociales- para dedicarse sólo a las privadas aprovechando que hay suficiente demanda por las necesidades de las familias.
Las entidades firmantes son la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia (ACAD), el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), los Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña (CESOCAT), la CESOCAT), la Catalana de Hospitales (UCH) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR).
