Casi 700 eutanasias en tres años: "Fue liberador que él dejara de sufrir"

BarcelonaJosep Aparicio era profesor y una de sus grandes pasiones era dibujar. En 2013 le diagnosticaron Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que cada año le ponía más trabas en su día a día. Dejó de trabajar y cambió los lápices por los pinceles, que podía manejar mejor con los problemas de movilidad que le provocaba la patología. Su mujer, Teresa Martí, empezó a cuidarle cuando ya no se valía por sí mismo. Pero el sufrimiento de José era cada vez mayor y, finalmente, dejó de pintar. Ella recuerda que la situación en casa era complicada, Josep desarrolló un inicio de demencia y, antes de que la situación empeorara, marcó una línea roja: no quería cambiar su casa por una residencia. Tenía muy claro que quería pedir la eutanasia porque no quería vivir en ese estado y su esposa y sus hijos le acompañaron en todo el proceso hasta julio pasado, cuando se acogió a su derecho a morir con dignidad.

"Fue una liberación pensar que él dejaría de sufrir. La eutanasia es un acto de amor, de él hacia mí y nuestros hijos, y de nosotros hacia él, porque le hemos dejado marchar" , explica Teresa. Como Josep, hay 697 personas que han recibido la eutanasia en todo el Estado desde que la ley entró en vigor hace tres años. Cataluña es el territorio que más solicitudes recibe: sólo el año pasado se tramitaron un total de 219, un 25% más que hace dos años, según los datos del informe de evaluación de la prestación de ayuda para morir dignamente publicado este jueves por el ministerio de Sanidad.

Teresa recuerda que, durante los dos meses que duró el proceso desde que pidió la prestación hasta que finalmente la recibió, Josep pudo despedirse de todos. "Vino muchísima gente a casa a despedirse. Y fue muy bonito poder compartir su situación con la familia, los amigos y los vecinos", explica. Aunque reconoce que también fue muy duro, lloraron mucho y la gente salía muy afectada de casa, destaca que "pudieron acompañar a Josep en su fin de vida".

Agilizar los trámites y judicialización

Este jueves se ha celebrado el 40 aniversario de la asociación Derecho a Morir Dignament (DMD) y su presidenta, Cristina Vallès, ha asegurado que la ley es joven y tiene aspectos que puede mejorar. Uno de ellos es la agilización de los plazos, ya que en ocasiones "se pueden alargar los trámites burocráticos" desde que una persona pide la prestación. El año pasado el tiempo transcurrido desde que se hizo la solicitud hasta que se practicó la eutanasia fue de 67 días de media y hasta un 25% de los solicitantes murieron antes de resolverse su solicitud. licitud. Según explica la presidenta de DMD, los plazos que marca la ley son de entre 30 y 35 días desde que se realiza la petición hasta que se practica la eutanasia. "No puede que se alarguen de forma innecesaria", ha afirmado.

Detrás de cada retraso de la prestación hay personas que sufren, ha advertido Vallès, quien ha asegurado que el proceso que sigue la ley es "muy garantista" y hay muchos profesionales implicados hasta que se concede finalmente. "La gente no pide la eutanasia porque sí", argumentó. De todas las solicitudes que se realizaron el año pasado en el Estado, sólo se acabaron realizando 334, es decir el 44% del total. El 24% de las solicitudes fueron denegadas en primera instancia, pero posteriormente más de la mitad se estimaron favorablemente después de las correspondientes reclamaciones. Por el contrario, el número de personas que cambian de opinión es mínimo: sólo un 3% revocan el trámite.

Según el informe, el año pasado se realizaron 766 peticiones de muerte asistida en toda España. Esto significa que en Cataluña se concentran más de una de cada cuatro solicitudes, muy por delante de otras comunidades. De hecho, el segundo territorio con mayor demanda es Madrid, con 89 peticiones, seguido de Canarias (62), País Vasco (58) y Galicia (41). Vallès cree que esta diferencia se debe a que hay comunidades en las que el proceso informático del procedimiento de ayuda a morir "tardó mucho en ponerse en marcha" y, por mucho que pacientes y profesionales quisieran, "era imposible llevar lo a cabo". Por eso, ha reclamado a las diferentes administraciones responsables que faciliten el proceso para que todo el mundo que lo quiera pueda acogerse a este derecho.

Otro de los aspectos a mejorar es la judicialización de algunos procesos, porque la "ley no prevé en ningún momento que alguien pueda detener una eutanasia por otro", ha razonado Vallès. Solo ha habido dos casos por el momento, pero la presidenta de DMD advierte que "quien sufre es la persona que ha pedido la eutanasia", por lo que pide que estos casos excepcionales se resuelvan favorablemente para las personas que no quieren vivir en una condición de sufrimiento y que amigos y familiares les acompañen. "Las personas, y eso lo decía un testigo, deben saber soltar. Soltar también es amar", ha concluido Vallès.