Sin señalamiento de responsables ni justicia para los fallecidos en el informe final sobre el covid en las residencias

BarcelonaEl informe final del Parlament sobre el impacto del covid en las residencias catalanas se ha aprobado este miércoles sin sorpresas, con los únicos votos favorables de Junts, ERC y el PSC. En Comú Podem y la CUP, así como Vox y Ciutadans, han votado en contra, y el PP directamente no ha comparecido en la votación. Pero mientras se superaba este trámite, medio centenar de personas organizadas a través de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 –una entidad nacida en el 2017 para denunciar las deficiencias estructurales de los geriátricos– han protestado a las puertas del Parlament porque consideran que el documento aprobado cierra en falso una crisis social y sanitaria. Tanto las trabajadoras del sector como los familiares hablan de “decepción” porque las conclusiones no cumplen con los objetivos de hacer justicia a los 3.896 residentes fallecidos durante la primera ola –entre el 1 de marzo y el 30 de abril– ni tampoco señala a los responsables de la mala gestión.

El documento, avanzado por el ARA, admite “errores” en la gestión del covid en las residencias en marzo del 2020 y dice que el estallido de la pandemia sorprendió a los responsables políticos y técnicos por el desconocimiento que tenían de la virulencia del coronavirus, las carencias estructurales del sistema residencial –infrafinanciación estructural y precarización de las condiciones laborales de unas plantillas demasiado cortas– y la "descoordinación y falta de comunicación" entre el sistema sanitario y el social.

El origen del grupo de trabajo es la historia de un fracaso. A petición de la CUP, en la anterior legislatura se intentó sacar adelante una comisión de investigación parlamentaria que finalmente tuvo que cerrarse sin haber iniciado su trabajo por la convocatoria de las elecciones. Posteriormente, la mayoría que ahora ha apoyado las conclusiones forzó a rebajar la categoría de comisión a grupo de trabajo, que tiene una "incidencia política más limitada", según ha subrayado la cupera Laia Estrada. De hecho, con el documento aprobado, el trabajo de los diputados termina aquí y ya sólo quedan vivos los procesos judiciales abiertos por los casos concretos de geriátricos en Tremp y Palacio-solitán y Plegamanos.

Oficialmente, las conclusiones relatan cómo la pandemia dejó al descubierto las grandes deficiencias del sistema: un rosario de órdenes y contraórdenes en los mandos, errores en la gestión y coordinación de la crisis, carencias de personal, material de protección por en las plantillas, bombas de oxígeno y antibióticos para tratar las neumonías de los residentes, además de un protocolo del Servicio de Emergencias que vetó el traslado de los enfermos a hospitales. Casi tres cuartas partes de las defunciones en geriátricos se produjeron en el mismo centro, sin alternativa terapéutica porque no había material técnico ni personal sanitario suficiente para administrar medicamentos. "Les dejaron morir en condiciones indignas", dice el texto, que confirma que se tardaron dos meses en hacer las primeras derivaciones en los hospitales, cuando "el número de contagios y muertes ya era terrible".

"Conclusiones descafeinadas"

En defensa de estas conclusiones, los diputados socialistas, paritarias y republicanas coincidieron en que, ante el caos vivido en todo el mundo, las residencias tuvieron que improvisar con lo poco que tenían. Así, los médicos carecían de acceso al historial de los residentes porque estos datos no se habían incorporado al sistema informático. En su intervención, el diputado socialista Raúl Moreno ha hablado en clave de futuro para reclamar "modernizar y hacer más eficaz" el sistema social. En otras palabras, ha dicho, son necesarias más inversiones para "dejar atrás una década de recortes" y hacer "menos discursos e implementar planes". Por su parte, la juntera Glòria Freixa se ha referido a que la alta mortalidad en las residencias no es exclusiva de Catalunya, sino que ha sido una constante global. Por su parte, la republicana Najat Driouech Ben Moussa ha reprochado el déficit histórico de financiación del gobierno español en materia de dependencia. Común Podemos Jéssica González. Ambas reprocharon que el grupo de trabajo se haya quedado en la superficialidad y haya pasado por alto los testimonios de muchos de los comparecientes que relataron en sede parlamentaria las carencias y la desesperación de los profesionales de las residencias, que no tenían herramientas para evitar los contagios. Para Estrada, son unas "conclusiones descafeinadas" que evidencian la "falta de voluntad para depurar responsabilidades" pero sí la de "pasar página". Entre las críticas cuperas destaca el hecho de que el Parlament haya sido "miedoso" a la hora de denunciar la vulneración del derecho a la salud por no haber permitido el traslado de personas mayores a los hospitales, o que se haya renunciado a reclamar los siete millones de euros que el Gobierno pagó a las residencias privadas por reservar plazas en los llamados centros buffer y que, finalmente, no se ocuparon.

González ha lamentado que los grupos que han votado a favor de las conclusiones hayan optado por "centrifugar responsabilidades hacia el gobierno español en lugar de asumir la soberanía de Catalunya" y ha subrayado que no sólo no se autorizaron derivaciones hospitalarias a residentes sino que tampoco se les ofrecieron servicios paliativos en los centros. Estrada y González han coincidido en que no se ha hecho nada en contra de las grandes empresas propietarias o gestoras de residencias, que "priorizan hacer negocio a velar por el bienestar de las personas".