Barcelona“Aquí no ha venido nadie”, dice Juan Amaya en una pequeña plaza del barrio de Sant Roc de Badalona, donde un puñado de vecinos toman el sol y charlan animadamente sobre si este invierno que está a punto de llegar volverán a sufrir los cortes de luz continuos de otros años. “Estamos abandonados por todo el mundo y ya no sabemos qué hacer ni a dónde ir”, se queja. Amaya tiene pinchado el contador de la luz y acumula una deuda con la compañía Endesa. Como Pedro Ramos, que asume que, hipotecado por un préstamo de 400 euros al mes, no tuvo “más remedio que dejar de pagar la luz” y ahora mismo ya acumula más de 2.000 euros de deuda, una cantidad imposible de pagar “de golpe”. En Terrassa, Rosa Maria Fernández estuvo unos días sin luz, hasta que los servicios sociales le “arreglaron” la situación, dice, para explicar los trámites que tuvo que hacer para demostrar su vulnerabilidad y que la empresa eléctrica le devolviera el servicio. La duda, asegura, es que no sabe si, “como dijeron en la tele”, ya "le han perdonado o no" los más de 2.000 euros que debe a Endesa.
La respuesta es que todavía no, porque, en la práctica, el acuerdo que Endesa firmó con la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones el 29 de marzo pasado no ha arrancado. El convenio, que se calificó de “histórico”, se escenificó con los máximos representantes de las instituciones y la empresa y tenía que posibilitar la condonación de la deuda de 35.000 familias vulnerables y que todo el mundo que esté empadronado disponga de un contador temporal para evitar que acabe pinchando la luz. Pero, siete meses después, las familias todavía esperan. “No conocemos a ninguna familia que haya recibido la famosa carta que la empresa tiene que enviar para decir que se les perdonan las facturas”, aseguran los portavoces de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).
¿Dónde están estas cartas? ¿Y por qué no llegan? Endesa ha confirmado al ARA que todavía no se han enviado, pero asegura que “se ha estado trabajando”. “Estamos a punto de enviarlas”, aseguran los portavoces de la compañía, que añaden un mensaje de empatía: “Entendemos perfectamente que genera intranquilidad a las familias, y esto explica nuestra urgencia”. La compañía remarca que durante todo este tiempo ha hecho tareas de recogida y validación de datos, pero que ninguna familia ha quedado desprotegida. “No hemos reclamado nada a las familias vulnerables ni tampoco hemos hecho ningún corte de suministro. Además, hemos parado todas las reclamaciones que ya estaban en procesos judiciales. Las familias continúan protegidas”, asegura Endesa, que destaca que estos meses –tal como exige el convenio– ha ayudado a “miles de familias” a conseguir el bono social, acompañándolas en los trámites burocráticos que requiere el ministerio. Por su parte, la Generalitat también asegura que las cartas se enviarán, muy probablemente a principios de noviembre.
Sin contadores sociales
En cuanto a los contadores sociales, siete meses después de la escenificación del acuerdo solo se han instalado nueve (uno en Amposta, uno en Anglès y siete en Sallent) y hay dos más tramitándose a la espera que llegue la documentación pendiente, explica Endesa. El proceso para beneficiarse de esta medida es el siguiente: el afectado se tiene que dirigir a los servicios municipales de su ayuntamiento, que son los únicos interlocutores para pedirlo a la empresa eléctrica.
El proceso, admite la compañía, se podría haber retardado en este arranque porque para facilitar la gestión pide a todos los ayuntamientos que trabajen con un único formulario, y esto supone que en algunos casos se hayan tenido que volver a hacer los informes de vulnerabilidad.
“¿Horas valle? ¿Qué es eso?”
Lluïsa expresa el “miedo” que tiene de que le corten la luz porque debe mucho dinero. Cada mes paga más de 50 euros a pesar de vivir sola. Esta vecina de l'Hospitalet de Llobregat ha asistido al asesoramiento que cada quince días organiza la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) para ayudar a las familias vulnerables a conseguir unas facturas razonables de los servicios básicos. Hay un desconocimiento total sobre cómo funciona el mercado y la tarificación de la electricidad, así como de las medidas sociales que se han desplegado para intentar ponerle remedio. Los ayuntamientos se han abierto a hacer este asesoramiento con las familias atendidas por los servicios sociales que acumulan deuda o que han constatado un gasto descomunal, y han detectado potencias contratadas de hasta 5,5 y 6,6 kW con capacidad para hacer funcionar una decena de aparatos a la vez en una casa donde no llegan a final de mes y apenas tienen un televisor, la lavadora y algún ordenador. Con la mitad de kilovatios sería suficiente y de este modo se ahorrarían un porcentaje significativo de la factura. “Son hogares de pocos ingresos, pero es que, además, tienen unos contratos que los perjudican y que les enchufaron sin que se dieran cuenta”, denuncia una trabajadora social.
En el APE empezaron en 2014 los asesoramientos –dos miércoles al mes online y presencialmente–, que se convierten también en una especie de terapia de grupo, donde unos y otros se explican sus circunstancias y se dan consejos o ánimo. Lluïsa no sabe cuáles son los horarios más baratos del precio de la luz y su consumo se concentra en la franja más cara. “¿Horas valle? ¿Qué es eso?”, pregunta. Además, los activistas de la entidad se dan cuenta de que tiene caducado el bono social desde hace un tiempo, y esto ha hecho que se le haya vuelto a disparar la factura.
Carme, que tiene esclerosis múltiple, se queja de que, a pesar de que intenta mirar cuánto gasta de luz, le resulta imposible “pagar mucho”. No lo sabe, pero, como le dicen los activistas del APE, una buena parte se debe al hecho de que los mínimos del servicio son altos porque la potencia que tiene contratada es de 4,6 kW y por eso le aconsejan que se lo baje al mínimo. “Se me hace difícil poder pagar la luz porque voy justísima”, detalla.
Las dudas que acompañan el recibo de la luz
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Mercado libre o regulado?
Al mercado regulado el precio tiene un límite, marcado por el gobierno español (PVPC). Al mercado libre son las compañías quienes deciden el precio. Cada usuario es libre de elegir en qué de los dos mercados quiere estar. Las oranitzacions de consumidores alertan que las tarifas del mercado libre pueden ser hasta un 51% más caras.
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Qué es el bono social?
És un descuento para las familias vulnerables. Permite rebajas a la factura de entre el 25% y el 50%. Para pedirlo hay que estar dentro del mercado regulado y cumplir los requisitos. Se solicita a través de una de las llamadas comercializadoras eléctricas de “referencia” (las más grandes).
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Qué potencia hace falta?
Esta es una de los gastos importantes fijos a la factura. Ajustarla puede ayudar a ahorrar en el recibo. Para calcularla hay que sumar los vats que gastan los electrodomésticos que podrían funcionar a la vez. Algunas organizaciones de consumidores tienen simuladores para hacer el cálculo.
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Cómo se pide el informe de vulnerabilidades?
En los Servicios Sociales . Hay que cumplir los criterios de vulnerabilidad que dicta la ley y aportar documentos como el padrón, las facturas, el certificado de convivencia y los ingresos del hogar. Un profesional valora el caso y, si se tercia, el informe se renueva anualmente. Si quien notifica la deuda es la compañía los Servicios Sociales tienen que actuar de oficio.
