El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado la campaña “Por una Barcelona antirracista” en que incluye la prevención en las escuelas y el trabajo conjunto con el sector inmobiliario, en el cual las personas racializadas se sienten discriminadas a la hora de alquilar un piso en beneficio de otros colectivos. También se pondrán en marcha iniciativas para mejorar el modelo de prevención contra el racismo en las escuelas potenciando la mirada antirracista e incrementando el número de centros adheridos al programa de Escuelas por la Igualdad y la Diversidad, así como mejorando la presencia y expresión de la diversidad. Por otro lado, se pretende mejorar los canales de denuncias, puesto que persisten las dificultades y desconfianzas a la hora de incoar alguna queja. Entre otras acciones, la Oficina por la No Discriminación desplegará dos puntos de información sobre discriminación y defensa de derechos en el territorio, el primero en Sant Andreu este 2022, y el segundo en Sants-Montjuic en 2023, donde se ofrecerán los servicios de atención de la OND, según informa Efe.
SOS Racismo critica la "inacción" de las administraciones contra las discriminaciones
La entidad señala los obstáculos para denunciar las agresiones y el fracaso de la mediación en un ambiente que legitima los ataques
BarcelonaEl racismo se denuncia poco, y cuando se da el paso la administración acostumbra a tratar la situación como un conflicto entre vecinos o una mala atención comercial, cosa que acaba por "legitimar" el discurso de las agresiones. Es la conclusión que SOS Racismo extrae en su informe anual, basado en las 648 personas atendidas el último año, de las cuales 474 se dirigían a la entidad por primera vez para denunciar discriminaciones entre particulares, en el acceso a los derechos sociales y abusos de policías y agentes de seguridad, por este orden.
Uno de los casos que han llegado al servicio de denuncias de la entidad es el de Fèlix y Jamini, naturales del Marruecos y Holanda, a quien una agencia inmobiliaria de Pineda de Mar les denegó el alquiler de un piso cuando les vio el aspecto, cuando la comercial ya estaba a punto de darles la clave, con el argumento de que el propietario no quería gente "ni de África ni morenos". La pareja intenta poner la denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra, que no les atendieron porque se trataba de una cuestión civil, y tampoco tuvieron suerte cuando se dirigieron a su Ayuntamiento, que les derivó a Consumo. Los casos como este, en los que la administración no prevé el racismo como el factor clave de la denuncia, reflejan la "inacción y la falta de voluntad política" para señalar el origen de discriminaciones por razones de raza, origen o religión, ha denunciado la portavoz de SOS Racismo, Paula Rossi, en una rueda de prensa en la que ha señalado que esta circunstancia "legitima los discursos de la discriminación y a los agresores".
La entidad referente en la lucha contra el racismo expone que el aumento de la presencia institucional de la extrema derecha avala "la normalización" de actitudes discriminatorias y deja en vía muerta la mediación, un canal muy útil para solucionar conflictos entre particulares para evitar llegar a los juzgados. Rossi ha dicho que "el perpetrador" de la discriminación racial se siente envalentonado por el ambiente, no reconoce la agresión y mucho menos quiere participar en un arbitraje, que por norma general "no incorpora el eje racista" y sitúa la persona con un perfil minorizado fuera de lugar. "A veces hay peleas porque dicen que los vecinos huelen mal, pero no es mal olor, es un olor, un aroma diferente, pero con esto ya no puedes hacer nada", ha constatado la portavoz, que ha exigido a las administraciones su obligación de preservar los derechos y hacer cumplir "la legislación vigente para la igualdad de trato".
La impunidad
Según datos de SOS Racismo, seis de cada diez situaciones racistas no se denuncian y acaban impunes. En parte por esta "banalización de las consecuencias" pero también porque los que sufren la agresión tienen miedo de sufrir represalias o creen que no encontrarán suficiente apoyo. Esta infradenuncia hace que no haya reparación del daño ocasionado a la persona individual ni tampoco una "transformación social" que acabe con el racismo. "Denunciar es un privilegio para mucha gente", ha asegurado Rossi, que ha destacado que solo el 12% de los denunciantes tenían una situación administrativa irregular, a pesar de que seguramente son el grupo que más vulneraciones sufren.
El perfil del denunciante es un hombre (60%), proveniente del Magreb, Latinoamérica, el Caribe o el África subsahariana. En un 42% de los casos son de nacionalidad española y en un 35% tienen permiso legal de residencia. Por otro lado, Rossi ha valorado que en los últimos cinco años ha habido un aumento continuado de mujeres que denuncian situaciones racistas.
De los 334 casos nuevos que SOS Racismo ha tramitado, una cuarta parte tenían que ver con la conflictividad entre vecinos y particulares, seguidos por el 20% de discriminaciones de acceso a la vivienda o la sanidad por motivos raciales y las actuaciones policiales que continúan parando e identificando por el aspecto y el perfil racial (19%) y la de los vigilantes privados que vetan la entrada de personas racializadas (5%). Una de cada 10 atenciones ha tenido el origen en el discurso de odio, por delante del 7% de discriminaciones laborales.
