SOS Racismo denuncia que la población musulmana se siente "vigilada" y "criminalizada"
La entidad avisa de un aumento de la islamofobia por las políticas de seguridad
BarcelonaLa población musulmana se siente vigilada y criminalizada por las políticas de seguridad que equiparan la religión con el terrorismo violento. Es la principal conclusión que se extrae del informe "Islamofobia institucional y securización" elaborado por SOS Racismo, que denuncia un aumento del "trato discriminatorio" y la "persecución" del colectivo a partir de perfiles raciales y religiosos. La entidad asegura, además, que se trata de una islamofobia "institucional estructurada" que ha aumentado los últimos años. "Las políticas de seguridad hacen vigilar a todas las instituciones que tienen que ver con la población musulmana”, ha denunciado este lunes durante la presentación del estudio la investigadora de la entidad Salma Amazian.
El estudio, que se ha elaborado a partir de entrevistas con técnicos sociales, expertos y representantes de organizaciones musulmanas, así como grupos de discusión entre personas que han sufrido estas discriminaciones, concluye que las instituciones "ponen en el punto de mira a los seguidores de la religión musulmana y señalan la disidencia política". La entidad asegura que "los resultados dejan ver cómo las personas musulmanas se sienten vigiladas y criminalizadas por los discursos políticos y por las normativas y protocolos implantados en el contexto catalán, ya sea en el ámbito de la policía de proximidad o de escuelas, servicios sociales y sanidad".
Legislación antiterrorista
Según denuncia el documento, el Estado, en el marco de su política antiterrorista, hace uso de la "legislación coercitiva existente", como la ley de seguridad ciudadana y el Código Penal, “bajo una narrativa islamófoba, y abre la puerta a la discriminación contra la población musulmana y otros colectivos”. Afirma que se ha catalogado a los musulmanes "com el principal peligro para la seguridad nacional". Tal como ha explicado Amazian, la implantación de la reforma del Código Penal de 2015 ha acabado criminalizando a todos los musulmanes. "Con esta capacidad expansiva de los tipos penales, sobre el papel cualquier musulmán puede entrar en la definición de terrorista", ha asegurado.
La entidad mantiene que este trato discriminatorio se manifiesta con fuerza en el ámbito judicial y policial, sobre todo a partir de la elaboración de "perfiles raciales" que ponen "bajo sospecha" conductas como el hecho de ir a menudo a la mezquita, llevar barba o rezar cinco veces al día. También denuncian la vigilancia policial en los lugares de culto y exponen que los cuerpos policiales visitan las mezquitas sin previo aviso, controlan y preguntan sobre las personas que asisten y piden las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Además, la investigadora también ha subrayado que esta "narrativa de seguridad y antimusulmana" se está "colando" en el imaginario colectivo desde diferentes ámbitos, tanto por los medios de comunicación como a través de la cultura, las actuaciones policiales y las políticas institucionales, especialmente después del fortalecimiento de la extrema derecha.
Eliminar los protocolos discriminatorios
Por todo esto, SOS Racismo exige "dar cuatro pasos atrás" en la "ampliación" de la definición penal de "terrorismo" y erradicar los diferentes protocolos policiales que ponen a los musulmanes en el punto de mira porque, a su parecer, "no funcionan, no son efectivos y están criminalizando la vida de muchas personas". "Es algo posible, factible y que se tiene que hacer", ha enfatizado Amazian. Aún así, el documento reconoce que hacer estos cambios no modificará la dimensión estructural de la islamofobia, ni siquiera desde el punto de vista institucional, pero considera que sí permitirá parar una deriva autoritaria que, consideran los autores, queda "impune".
