"Nos ha hecho mucho daño": reabierto el caso de la muerte de un chico con una pistola Taser de los Mossos

BarcelonaLa Audiencia de Barcelona ha reabierto la investigación contra dos agentes de los Mossos d'Esquadra por la muerte de Antonio, un vecino de Badalona que recibió el impacto de seis descargas eléctricas con una pistola Taser. Los hechos se remontan a noviembre del 2021, cuando el hombre, con problemas de salud mental, se encerró dentro de una habitación de su casa con dos cuchillos. Su madre llamó al 112 y hasta el domicilio acudieron efectivos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos d'Esquadra. Según denuncia la defensa de la familia, pilotada por Irídia, agentes y sanitarios sabían que Antonio sufría esquizofrenia y ya se habían encontrado con esta situación con anterioridad. Sin embargo, sigue Irídia, sólo accedieron al domicilio agentes de los Mossos y le llevaron a cabo seis descargas eléctricas, dos cuando el hombre ya estaba reducido y no tenía los cuchillos en sus manos, según denuncia la entidad. Antonio entró en paro cardiorrespiratorio y fue trasladado al hospital, donde murió al día siguiente.

"Sentimos mucha impotencia. Mi madre lo sintió todo y no la dejaban entrar en su casa", ha explicado visiblemente emocionada este martes Annoris, hermana de la víctima. "Nunca ha levantado la mano a nadie. No quería hacer daño a mi madre, le adoraba", ha dicho, y ha denunciado que nadie les apoyó psicológico tras la trágica muerte de su hermano. De hecho, Irídia denuncia que una víctima de violencia institucional carece del mismo apoyo psicológico y asistencial que una víctima de violencia machista o de tráfico.

El caso fue archivado por el juzgado de Badalona tras avalar el informe policial que descartaba ningún tipo de mala praxis. Irídia, sin embargo, recurrió el archivo a la Audiencia de Barcelona, ​​que a finales del 2023 obligó a reabrir el caso y criticó la investigación interna de la policía catalana. Ahora el juzgado de Badalona citará a varios testigos, algo que no había hecho anteriormente, y mantiene a dos de los agentes que actuaron ese día como investigados. "A mi hermano no nos lo pueden devolver, pero no queremos que esto le vuelva a pasar a nadie más", ha concluido Annoris. Su abogada, Mireia Salazar, ha advertido de que este caso demuestra la "falta de control" de los agentes por parte de sus superiores y también las "deficiencias" de las investigaciones internas policiales.

Mecanismo de control externo

Irídia ha hecho pública la reapertura del caso de Badalona durante la presentación del informe del Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional (Saidavi) de 2023. Para la entidad, la trágica historia de Antonio es l ejemplo paradigmático de una de sus principales demandas, que han vuelto a repetir este martes desde el Colegio de Periodistas: es necesario un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales o penitenciarias. De hecho, la directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha anunciado que empezarán una recogida de firmas en este sentido que entregarán a los grupos parlamentarios.

Durante el año 2023, 146 personas se dirigieron al Saidavi para denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos. De éstas, 55 y dos colectivos han sufrido violencia institucional, la mayoría de la cual (35 casos) ha sido por actuaciones policiales o de seguridad privada en el espacio público. En estos casos, en los casos penales que lleva la entidad, hay un total de 156 policías, funcionarios de prisiones o vigilantes de seguridad privada encausados: 63 policías nacionales, 48 ​​mossos, 23 policías locales, 10 funcionarios de prisiones y 12 vigilantes privados .

Superiores y tempos

Sònia Olivella, abogada y directora de litigio de Irídia, ha explicado que de los 37 litigios judiciales abiertos contra policías, ninguno de los agentes investigados ha sido identificado por sus superiores, que suelen defenderlos. También denuncia las pocas investigaciones internas que abren los cuerpos policiales: en los 13 casos en que esta investigación interna se ha abierto, sólo cuatro se abrieron de oficio y 12 se cerraron por falta de autor conocido o porque se considera que no había ninguna mala praxis.

Las críticas de la entidad no van solo dirigidas al Gobierno ya los cuerpos policiales, sino también a la Fiscalía ya la judicatura. Denuncian, por ejemplo, que de los 42 litigios penales que tienen en marcha, en tan sólo tres la Fiscalía ha tenido un papel proactivo de fomentar la investigación o la acusación. En la misma línea, critican que en el 66% de estos casos judicializados en algún momento se han archivado o inadmitido antes de practicar "todas las diligencias de investigación razonables, disponibles, eficaces y pertinentes".

Para Irídia, la tutela judicial tampoco es efectiva en lo que se refiere a los tempos: las instrucciones de los litigios en curso en 2023 han tenido una duración media de tres años, sin tener en cuenta que la mayoría todavía no están finalizadas. Y en los casos en los que se ha logrado llegar a juicio, la sentencia no ha llegado hasta cinco años después de los hechos en tres ocasiones.