Suspendido el desahucio del Gimnasio Social Sant Pau

BarcelonaEl Gimnasio Social Sant Pau se vuelve a salvar en el último suspiro: el juzgado ha aceptado la petición de aplazamiento presentada por el Ayuntamiento de Barcelona para evitar el desahucio de mañana y dar más tiempo al consistorio para negociar la compra del edificio. Este viernes no se echará a los responsables del gimnasio ni a las personas sin hogar que lo han convertido en su casa y, de momento, no hay una nueva fecha prevista para el lanzamiento, según han confirmado al ARA fuentes del TSJC. Después de que los dos meses de margen que se dieron a principios de año el Ayuntamiento y la propiedad del edificio, la familia Samaranch-Viñas, se cerraran sin acuerdo y con la amenaza del desalojo previsto para mañana por la mañana, el gobierno de Colau ha presentado un escrito al juzgado de primera instancia número cinco en el que pedía una prórroga: algo más de tiempo para avanzar en una negociación que aseguran que sigue abierta y que ven bien encaminada. Hasta ahora el consistorio se había plantado en una oferta de compra de 9,5 millones de euros, que aseguran que era ajustada a los precios de referencia, y después de las últimas conversaciones con la propiedad lo ha subido unos 240.000 euros, un poco por encima de los 9,7 millones.

El incremento se ha hecho, según ha explicado el concejal de Presidencia, Jordi Martí, después de aceptar tener en cuenta algunos gastos que la familia propietaria reivindicaba y que no se habían incluido en la tasación municipal. A pesar de esta subida, que reconocen "modesta" pero ajustada a la capacidad que tiene el consistorio de negociar en este tipo de operaciones, la otra parte todavía no ha dado una respuesta definitiva a la oferta –su tasación situaba el precio del inmueble en 14 millones de euros–. Ahora tendrán más tiempo para buscar el entendimiento.

De hecho, en enero el gimnasio ya salvó una amenaza de desalojo después de que consistorio y propiedad se avinieran a negociar durante dos meses. Y en este tiempo, según el gobierno municipal, se han acercado posturas y se ha vencido la resistencia inicial de la propiedad, que está formada por siete hermanos, a vender. Pero todavía no hay fumata blanca. El proyecto que la familia hace tiempo que intenta sacar adelante prevé construir hasta 48 viviendas en esta parcela, situada en la frontera entre el Raval y Sant Antoni, y que dispone del certificado de aprovechamiento urbanístico previo a la norma que obliga a reservar el 30% de los pisos a vivienda social en toda nueva promoción.

Duchas y ropa

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana acompañada de Martí –hasta ahora las negociaciones las capitaneaba el conejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, que está de permiso de paternidad– para insistir en que su equipo no quiere dejar caer el Sant Pau, que estos meses ha funcionado como equipación de emergencia para hacer frente a la crisis del covid y actualmente atiende a un millar de usuarios cada mes con duchas, ropa y comida. "Desde el Ayuntamiento haremos todo lo que está en nuestra mano para dar continuidad al proyecto", ha insistido. El gobierno municipal ha cerrado la puerta a una posible expropiación, como piden algunos grupos de la oposición, porque asegura que el espacio no cumple los requisitos necesarios para sacarla adelante, puesto que habría que justificar que es el único lugar de la zona donde se puede hacer el proyecto previsto: salvar el gimnasio y construir vivienda pública.

La cooperativa que gestiona el gimnasio pedía estos días la implicación directa de la alcaldesa en la negociación, cosa que hasta ahora no ha pasado. Y le reprochaba que en los cinco años que hace que arrastran este conflicto con la propiedad no haya recogido el tema como "un problema de ciudad". Hoy han celebrado la petición de aplazamiento y la gran convocatoria para defender el gimnasio que preparaban para mañana y que se preveía que movilizaría a centenares de personas ya no será necesaria. Como mínimo de momento.