Treinta familias de la escuela de Canet abren “batalla legal” para defender el catalán en las aulas

BarcelonaHasta 30 familias de P5 de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar afectadas por la sentencia del 25% de castellano han decidido personarse como parte afectada en el proceso judicial para defender el catalán en el aula. Desde diciembre, los niños y niñas de la clase de P5A hacen 6 horas y media a la semana en castellano (el 25%) por la petición de una única familia, que lo pidió vía judicial. Esta mañana han presentado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para pedir que los incluya como parte en el proceso judicial. “Nos sentimos interpeladas porque nadie, ni la escuela, ni la familia denunciante, nos ha permitido defendernos”, ha dicho Helena Díaz, portavoz de las familias.

Es la primera vez que un grupo de familias se organiza para defender en los tribunales el catalán en las aulas y “revertir la imposición” de hacer el 25% de clases en castellano, una medida que, según estas familias, rompe el modelo de inmersión lingüística establecido en Catalunya. Actualmente en Catalunya hay 35 aulas en diferentes escuelas donde se aplica la medida del 25% de castellano debido a sentencias judiciales. Ahora las familias de Canet (que representan a 30 de los 49 niños matriculados en P5) son las primeras que también se plantan en la “batalla jurídica, a todos los efectos y a todos los niveles”. “No callaremos, ni asumiremos la utilización política de nuestros niños y niñas –ha asegurado la portavoz de las familias–. Las medidas aplicadas se escapan de cualquier argumento lingüístico y social”.

El abogado de estas madres y padres, Benet Salellas, ha explicado que ahora el TSJC tiene que resolver si los acepta como parte implicada. “Para nosotros es clarísimo. La medida cautelar aplicada afecta directamente a las familias y por eso queremos discutir jurídicamente a partir de pruebas, documentos e informes qué es lo que tiene que pasar con el 25%”, ha dicho Salellas, que ha remarcado que el primer punto es pedir que se levante esta medida cautelar porque “la ley ampara a las familias que quieren el catalán como lengua vehicular”.

El derecho a escoger la lengua

Salellas ha recordado que, legalmente, “las familias no tienen derecho a escoger la lengua de escolarización de sus hijos a título individual”. Y ha dado la vuelta a su propio argumento: “Es que si reconocemos que las familias tienen derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos, entonces ¿por qué no se pregunta a todas las familias?”, ha dicho Salellas, que ha asegurado que la gran mayoría piden el mantenimiento de la escolarización en catalán. “Hasta ahora no se ha dado derecho a estas familias a tener voz, por eso pedimos personarnos”, ha insistido el abogado.

Las familias afectadas han explicado que tienen conocimiento de otras escuelas y aulas en su situación y admiten haber tenido encuentros con otros padres y madres que se han interesado por la situación y por los pasos que están dando en Canet. En cambio, de momento no tienen conocimiento de que ninguna otra escuela haya empezado un procedimiento legal como el suyo. “A nivel judicial cada escuela tendría que plantear su propio proceso; otra cosa es que nos podamos coordinar a nivel de movilizaciones”, ha apuntado otro de los padres portavoces, Marcos de Vera.

Durante las próximas semanas, el TSJC tendrá que decidir si acepta o no a estas familias como parte implicada y tendrá que resolver la petición de retirar la medida cautelar del 25%. Cuando se resuelvan estos puntos el tribunal pasará a analizar el fondo de la cuestión y dictará sentencia. Entonces se abrirá el proceso de recursos. “Si hace falta los agotaremos”, ha avanzado el abogado.

Las familias han añadido también que, paralelamente, el ambiente en la escuela “sigue siendo igual de cordial que siempre” y que los únicos momentos “extraños” han sido cuando los medios de comunicación y los cuerpos policiales se han agrupado en la puerta a consecuencia de la polémica mediática y política.