Los últimos inquilinos de los cuarteles de Sant Andreu: "Queremos irnos. No aguantamos más"

BarcelonaSon dos mayores. Él tiene 79 años y ella, 76. Viven en uno de los dos edificios de los antiguos cuarteles de Sant Andreu de Barcelona que siguen de pie y que deben ser demolidos, según el planeamiento urbanístico. En concreto, el que está situado en el paseo Torras i Bages. Es su casa desde hace 44 años. Se trata de un edificio de tres plantas y doce pisos, con columnas en la entrada y portería de suelo de mármol, que en tiempos pasados ​​tendría un cierto encanto. El personal de los cuarteles vivía allí con sus familias. Ahora, en cambio, el blog está abandonado. Todos los pisos están vacíos. El matrimonio son los últimos inquilinos. "Queremos irse. No aguantamos más", aseguran. Pero exigen que antes les paguen lo que consideran que les toca por derecho.

El Consorcio de la Zona Franca compró los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu en el ministerio de Defensa en el 2004. Se trata de una zona inmensa, equivalente a casi nueve manzanas del Eixample. Entonces todas las instalaciones fueron derribadas, excepto cuatro bloques residenciales en los que vivían un centenar de familias. Según el acuerdo de compraventa firmado con el ministerio de Defensa, y al que ha tenido acceso el ARA, el Consorcio debía encargarse de realojar o indemnizar a estos vecinos, pero tardó diecisiete años en construir dos bloques a los que trasladar -los. Es decir, hasta 2021 ningún vecino fue realojado.

Fue a partir de entonces que el Consorcio ofreció un piso a ese matrimonio mayor. Pero a la pareja no le gustó porque no le tocaba el sol, así que renunció al realojamiento y solicitó la indemnización. La compensación económica que les correspondía –que es de poco más de 100.000 euros– ya fue fijada por el ministerio de Defensa antes de vender los terrenos al Consorcio, y notificada al matrimonio en escrito con fecha 31 de octubre de 2003, que 'AHORA también ha podido ver. Sin embargo, los ancianos piden ahora que el Consorci les pague "intereses de demora", porque consideran que la indemnización que les toca en el 2024 no puede ser la misma que la del 2003. Han pasado 21 años.

Sin calefacción

"Antes, con 100.000 euros, podías comprar un piso. Ahora es imposible", lamenta una de las hijas del matrimonio. Según dice, el Consorci sólo está dispuesto a pagar la indemnización a sus padres si renuncian por escrito a los intereses de demora. "Tenemos derecho. Se quieren quedar con lo nuestro", se queja el hombre. La mujer suspira mientras se cubre las manos y las piernas con las faldas de una mesa litera. El Consorci ha cambiado el candado de acceso a la caldera del inmueble, así que tampoco pueden encender la calefacción. Ahora se las apañan con un radiador eléctrico. Ya han pasado dos inviernos.

El Consorcio ha presentado una demanda civil contra el matrimonio para que desaloje la vivienda. "No podemos facilitar información sobre este caso porque existe un procedimiento judicial en marcha. Será un tribunal el que decida", añaden fuentes de la institución. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona tampoco se ha pronunciado, pese a que los dos ancianos presentaron una instancia en el consistorio el pasado julio para pedir que defendiera sus derechos.

El caso de Rosa

El rellano está limpio, hay dos alfombras en el suelo y una maceta con una planta. Contrasta con el resto del edificio, que está completamente abandonado y lleno de palomas y basura. En una de sus puertas vive Rosa Tamara Hervás Jiménez junto a sus tres hijas. En la otra, nadie vive, pero Rosa también ha puesto una estera para dar una imagen de normalidad a una situación que no es normal.

Rosa vive en el otro bloque de los antiguos cuarteles que debe ser demolido, el de la calle Palomar, de seis plantas y 113 pisos. Ocupó una vivienda en el 2016, cuando los vecinos todavía no habían sido realojados y el edificio estaba habitado, pero se ha quedado prácticamente sola desde hace más de tres años. Ahora vive ella con sus hijas de seis, doce y dieciocho años, y dos parejas que han ocupado otros dos pisos.

Desde fuera el edificio tiene una imagen fantasmagórica: interfonos arrancados, persianas torcidas y ventanas tapiadas. En cambio, la casa de Rosa parece un piso normal y corriente: ella misma ha pintado las paredes, ha arreglado las grietas y la ha amueblado con lo que ha encontrado en la calle o ha comprado de segunda mano. Gracias a gestiones de la trabajadora social, también tiene un contador de la luz y el agua.

Alquiler social

"Nosotros también queremos irse, pero ¿a dónde vamos?", afirma la mujer, de 37 años, que está separada y cobra una prestación de renta garantizada de 1.039 euros al mes. Con esto, dice, es imposible alquilar un piso. "Estoy dispuesta a pagar un alquiler social y la comunidad", asegura. Ha trabajado de todo: barrendero, cajera, cocinera, limpiadora... Ahora está estudiando para ser auxiliar de enfermería porque espera que esto le permita encontrar un trabajo con mejor sueldo.

Fuentes del Consorcio confirman que la mujer se mostró dispuesta a pagar un alquiler social, y destacan que le ofrecieron un piso de protección oficial en el barrio de la Marina del Port, pero que lo rechazó. "El piso que me ofrecían estaba en la Zona Franca. ¿Cómo debo ir? Mis hijas están escolarizadas aquí, y no quiero volver a cambiarlas de colegio porque ya las he cambiado dos veces", se justifica la mujer. También dice que en Sant Andreu vive su madre, que le echa una mano con las niñas.

"Aquí huele a paloma", se queja la hija mayor, Kenia, mientras se tapa la nariz con dos dedos. Las palomas han ocupado el edificio. "Antes limpiaba con salfumán, pero ahora ya no puedo hacer nada", dice Rosa, que también ha colocado una rejilla en las ventanas para que no entren en su piso. Kenia también teme que extraños ocupen el resto de viviendas. Ya lo han intentado en más de una ocasión. De hecho, el Consorci ha tirado al suelo los balcones de algunos pisos para que nadie suba y un vigilante hace guardia en el edificio día y noche.