Las universidades claman por una reforma "urgente" pero en sentido contrario a los planes de Castells

BarcelonaNi una sola vez en dos horas se ha pronunciado el nombre del ministro de Universidades, Manuel Castells, a pesar de que la nueva ley que está planteando ha sido, precisamente, el centro de las críticas de todas las voces que han intervenido en un acto que ha reunido a los rectores de las cuatro universidades públicas más importantes de Catalunya. A pesar de que hay un consenso general en que hay que reformar el sistema, el sector ha avisado de que se tiene que hacer justamente en el sentido contrario de lo que quiere hacer Castells porque consideran que la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) que prepara el ministerio "es uniformadora y no respeta la singularidad del sistema catalán". Lo han asegurado los rectores en la presentación de un estudio del Institut d'Economia de Barcelona (IEB), un organismo que depende de la Universitat de Barcelona, que apunta a la necesidad "urgente" de reformar el sistema en cuanto a la financiación (hace falta más inversión y que sea coherente y estable), a la autonomía y a la gobernanza de los centros.

El coordinador del informe, el catedrático de la UB Martí Parellada, ha asegurado que los sistemas universitarios con más rendimiento son también los que tienen más financiación, más autonomía y más capacidad de gestión del presupuesto y del personal. Y, en este sentido, tendrían que saltar todas las alarmas: por un lado, porque la inversión pública en Catalunya y en el Estado es "decepcionante" –los ingresos corrientes de 2019 fueron un 3% menos que los de 2009–, y, por otro lado, porque la nueva LOSU aleja al sistema español de los estándares europeos. "España se está desconectando de Europa porque los sistemas universitarios de los otros países no tienen nada que ver con el que nosotros tenemos ahora y con el que se quiere implementar", ha afirmado Parellada.

La preocupación en el sector es notoria porque, en la práctica, el marco legal de referencia es una ley que, a pesar de que se han hecho algunos retoques leves, tiene más de cuarenta años. Hay que ponerla al día, dicen, a pesar de que avisan de que los dos borradores que ha presentado el ministerio de Castells "van hacia atrás". "Son contrarreformas", ha expresado el ex conseller de Universidades Andreu Mas-Colell, que ha participado en el estudio. Muy duro contra los planes del ministerio, Mas-Colell ha dicho que la LOSU "no es coherente", "uniformiza" el sistema universitario español, quita peso a la investigación, no da ningún paso adelante hacia una mejor gobernanza de los centros y supone un "claro retroceso" en cuanto a la contratación del profesorado. En cambio, ha pedido avanzar hacia un modelo "más flexible que mejore la autonomía" de las universidades.

Piden más autonomía y financiación

Es, también, lo que pide el informe del IEB. Parellada ha apuntado a que esta flexibilidad tendría que permitir diferenciar "dentro de unos márgenes" los precios públicos entre universidades, que las acreditaciones de los docentes "fuesen un mérito, no un requisito para trabajar", y que se pudieran desplegar los grados de tres años como hacen el resto de países europeos y que ahora el ministerio ha eliminado. De hecho, el catedrático ha alertado de que la reforma de Castells va en sentido contrario a Europa. Por ejemplo, si los otros países han evolucionado hacia un perfil académico de funcionario a contratado, la LOSU prevé incrementar del 51% al 55% los profesores funcionarios. Y mientras que en las universidades europeas tienen un solo órgano de gobierno –que está formado por unas veinte personas– y con competencias académicas, en España el claustro puede hacer mociones de censura contra los rectores. "En España estamos muy lejos de todo esto y los planes de la LOSU no nos acercan a ello", ha dicho.

Los rectores han echado más leña al fuego y han lamentado que el ministerio no respete "la anomalía" catalana, que necesita "un marco jurídico diferente" que sea menos "reglamentista" que el que propone la LOSU, ha dicho el rector de la UB, Joan Guàrdia. "La LOSU es un Frankestein que intenta adaptarse a todos los modelos, y esto no es válido", ha afirmado el rector de la Autònoma, Javier Lafuente, y en la misma línea el rector de la UPC, Daniel Crespo, ha reprochado al Estado que le cueste digerir "la heterogeneidad" de los modelos universitarios. Así, los rectores han pedido "una ley de bases" que fije unos objetivos comunes pero que deje margen a las universidades para decidir cómo llegar a ellos. En este sentido, el rector de la UPF, Oriol Amat, ha recomendado a los legisladores que repasen las leyes de los países que tienen las mejores universidades para inspirarse.