Las víctimas del 17-A, decepcionadas por la sentencia, anuncian un recurso

BarcelonaEl recorrido judicial de la sentencia del 17-A no ha acabado: las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils recurrirán la decisión. Así lo ha anunciado el abogado de los familiares de algunas de las víctimas, Jaume Alonso Cuevillas, que ha afirmado que la decisión del juez Guevara es "la constatación de la decepción" que ya se temían. En declaraciones a la ACN, el letrado ha dicho que no se descarta que el caso llegue a Estrasburgo y que se estudia que "justicias de otros países" investiguen los puntos oscuros que quedan abiertos en los atentados, en referencia, ha dicho, a la muerte del imán de Ripoll. La sentencia da por hecho que está muerto, a pesar de que Cuevillas lo puso en entredicho durante el juicio.

Cuevillas ha dicho que discrepa de la sentencia por tres motivos. El primero es los delitos que se atribuyen a los condenados. Cuevillas ha lamentado que no se haya imputado a los acusados por los 16 delitos de asesinato y los 150 de tentativa, a pesar de que hay jurisprudencia que sostiene que habrían podido responder por las muertes de Barcelona y Cambrils. El segundo argumento es que la sentencia no ve ninguna responsabilidad del Estado, mientras que el letrado considera que sí la hay por un doble motivo: por un lado, porque España no había adaptado la directriz europea que obliga a regular la compra de precursores de explosivos; y, por el otro, porque son "evidentes" los vínculos del imán Es-Satty y los servicios españoles de inteligencia, un tema en el que la decisión de la Audiencia Nacional tampoco entra.

De hecho, el tercer motivo de discrepancia con la sentencia es la muerte del imán: Cuevillas lamenta que no se hayan tenido en cuenta los elementos que él aportó en el juicio que cuestionan la muerte de Es-Satty en la explosión de Alcanar. "Por coherencia procesal estamos obligados a acabar la causa iniciada", ha explicado Cuevillas para justificar los recursos. "Tenemos que agotar todas las instancias españolas. Si nos siguen diciendo que no, como nos tememos, llegaremos a Estrasburgo", ha avisado.

La otra acusación particular que representaba a víctimas del 17-A en el juicio, la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), ha pedido un poco de tiempo para valorar los 1.018 folios de la sentencia y decidir si interponen o no un recurso. Según el impulsor de la UAVAT, Robert Manrique, la mayoría de las víctimas del 17-A ya han confirmado su asistencia en una reunión este domingo a mediodía para decidir cómo actúan, pero de entrada Manrique ya ha avanzado que no están contentos con la sentencia porque el juez "da la razón a la Fiscalía", puesto que el texto "no se aproxima" a la prisión permanente revisable que pedía la Asociación 11-M, y tampoco condenan por asesinato a Mohamed Houli, el único superviviente de la explosión en Alcanar. "Esto no cuadra, no nos gusta", ha dicho. "Tenemos que mirar el argumento jurídico, qué hay en el fondo de todo, de qué se los acusa y de qué no, si tendremos que hacer recursos, y esto quien lo tendrá que decidir, aparte del equipo jurídico, son las víctimas", ha afirmado a la ACN.

Por su parte, la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, ha valorado que las condenas impuestas a los tres encausados por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils "se aproximan" a lo que pedía el consistorio, que en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional ejercía de acusación particular. Mendoza ha reconocido que todavía no se han podido leer la sentencia a fondo, pero ha valorado positivamente que las condenas dictadas por el tribunal sean superiores a las que reclamaba la Fiscalía, si bien no llegan al máximo que solicitaban el Ayuntamiento y asociaciones de víctimas del terrorismo. Con todo, Mendoza ha afirmado que seguirán reivindicando "que se siga estudiando para saber toda la verdad de cómo pasó y por qué pasó".

Heridas abiertas en Ripoll

Así, el camino judicial de los atentados todavía no se ha acabado, como tampoco se han cerrado las heridas sociales y emocionales. "Ese fatídico 17-A nos ha marcado por siempre jamás", ha afirmado el president de la Generalitat, Pere Aragonès, después de conocer las penas de 46 a 53 años de prisión para los dos principales acusados de los ataques. El president ha enviado un recuerdo para todas las víctimas y sus familias y ha agradecido la tarea de los cuerpos de seguridad y emergencias. Los Mossos d'Esquadra también han tenido un recuerdo para las víctimas y, en un tuit, han reconocido el trabajo de los equipos de emergencias "en aquellos días oscuros".

En Ripoll, las heridas están bien abiertas. El alcalde del municipio donde vivían los condenados, Jordi Munell, dice que "ni el procedimiento ni la sentencia han servido para poner en evidencia toda la trama que había detrás de los atentados". "Las heridas se cierran cuando se conoce toda la verdad y la sentencia no va más allá a buscarla", ha lamentado Munell a la ACN. Cree que el Estado ha "dado carpetazo" al caso "declarando la culpabilidad y las penas para las personas que estaban procesadas" pero que "no se ha querido ir más allá y saber qué más podía haber detrás", en referencia a la posible relación del imán de Ripoll con el CNI y el ministerio del Interior. Munell no ha querido valorar si los años de condena son muchos o pocos, pero deja claro que, "en cualquier caso, la herida se cierra cuando se conoce la verdad". "Nos tememos que se intenta correr un velo y que no se hable más", ha afirmado.

Lo mismo opina Joan Maria Roig, el director del Institut Abat Oliva, el centro donde estudiaron los acusados: dice que la sentencia puede suponer un "cierto cierre" de las heridas, pero que no será completo porque quedaron "muchos interrogantes abiertos" durante el juicio. "El atentado impactó al equipo docente de pleno, muchos los habíamos tenido en clase y habíamos tenido un tratamiento cotidiano con ellos. Fue una conmoción muy importante para todo el equipo", ha admitido. Desde el centro, no han detectado que los atentados hayan afectado a la convivencia en las aulas, pero Roig afirma que han estado "atentas" por si surgían "inquietudes o malestares" entre los alumnos y poder dar respuesta.

Núria Riera, coordinadora del área de ciudadanía del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès, asegura que la sentencia "no ayudará" a pasar página, sino al contrario, porque cada vez que los hechos aparecen en los medios es un "impacto" para la población, como lo fueron las imágenes de los jóvenes manipulando el material explosivo o el propio juicio. Según Riera, la herida "sigue abierta" y una sentencia "no ayuda a cambiar los pensamientos de la gente", sino que mantendrá lo que ya venían pensando hasta ahora. Es por eso que es importante trabajar para que la sociedad aprenda a abordar los hechos desde los matices y no desde "el blanco o el negro". "Hay que hacer aflorar el diálogo y las diferentes voces que hay en el municipio", añade Riera.

El sector empresarial también ve con desconfianza la sentencia, sobre todo porque los que realmente tendrían que estar sentenciados, en referencia a los autores materiales de los atentados, "ya no están", dice Anna Prieto, técnica de la Unión Intersindical de empresas del municipio. Algunos de los jóvenes de la célula terrorista estaban trabajando en empresas de la comarca, pero a raíz de los hechos el empresariado admitía que se habían "roto confianzas" porque se los consideraba integrados. "No era racismo, sino el impacto que los atentados tuvieron, y esto quiere tiempo", explica a la ACN. Casi cuatro años después de los hechos, todavía no hay datos que indiquen que la situación se haya revertido. Al contrario, aseguran que desde los atentados han notado que hay menos personas descendentes de familias marroquíes que acuden a la Unión a buscar trabajo o inscribirse en programas.