El 'banco malo' deja sus pisos en manos de los fondos de inversión

BARCELONA / MADRIDCuando la música para, se acaba la fiesta. Y, en economía, si la música y la fiesta paran se reabre la herida sangrienta de la crisis de 2008. Esta es la metáfora que usa un inversor para explicar por qué la rueda de la economía sigue girando –sin cesar– con los mismos actores y las costumbres de siempre a pesar de las sucesivas crisis. El último ejemplo que nada ha cambiado se hizo público en abril. La Sareb, más conocido como el banco malo (la entidad que se creó para comprar todo el tocho tóxico en los bancos durante la crisis y sanearlo) decidió adjudicar "la gestión y la venta” de buena parte de estos activos provenientes de la crisis a dos grandes fondos de inversión bastante conocidos en el sector: Blackstone y KKR. 

Concretamente, lo harán las gestoras inmobiliarias que dependen de estos fondos: Anticipa y Aliseda –propiedad de Blackstone– e Hipoges, que depende de KKR. A partir de este verano, ellos serán, pues, los encargados de gestionar y vender en el mercado libre un total de 25.300 millones de euros en activos propiedad de la Sareb, entre viviendas (más de 45.600), promociones a medias (más de 21.600 construcciones), suelo (más de 30.000 terrenos) y también hipotecas y préstamos impagados. Y entremedias, evidentemente, se llevarán una parte del pastel, una comisión por el trabajo hecho. 

Se trata de un capítulo relevante porque cierra de facto el debate que se abrió en enero cuando la Sareb pasó a manos del Gobierno español, que ahora es el propietario. En aquel momento, el sector social y los movimientos por una vivienda digna reclamaron aprovechar la oportunidad y hacer que todos los pisos de esta entidad pasaran a engordar el exiguo parque público de vivienda en el Estado. La adjudicación a estos dos grandes fondos, en cambio, es el camino opuesto: vender para recuperar dinero. 

“Es un escándalo y una aberración que estos pisos acaben en manos de los fondos de inversión”, dice Carme Arcarazo, del Sindicato de Inquilinos, que mantiene abiertas varias luchas vecinales precisamente por los aumentos abusivos del alquiler que están haciendo estos fondos. “Es insultante para todas las familias que fueron desahuciadas por ejecuciones hipotecarias que ahora el Estado vuelva a regalar la gestión a los mismos de siempre y encima poniendo facilidades”, insiste.

Sin embargo, la operación es lógica y “transparente”, según dice la propia Sareb. El contrato con los anteriores gestores (Altamira, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia) se acaba en verano y el nuevo concurso lo ganó quien ofreció mejores condiciones y más ahorro en la gestión. “Nuestro mandato es gestionar y vender ordenadamente este patrimonio en un periodo de 15 años”, recuerdan los portavoces de la Sareb. “Todos estos activos se compraron con deuda privada, pero avalado por el Estado y el objetivo es recuperar el dinero para que no lo acabe pagando el avalador, que al final son todos los contribuyentes”, argumentan las mismas fuentes que admiten que se animó a participar a diferentes empresas y que todo el proceso está auditado y se hizo siguiendo los principios de transparencia, independencia y libre concurrencia.

Sin alternativas

Fuentes del sector inmobiliario confirman que el banco malo animó a algunas empresas (incluso del sector social) a presentarse al concurso. “Pero nosotros no tenemos ni estructura ni capacidad para gestionar todo esto”, apuntan algunos actores pequeños del mercado. Para el profesor de economía de la UPF Xavier Brun, la pregunta sobre si alguien más podría haber hecho este papel se responde sola. “Cuando uno no tiene capacidad de gestionar, hay que dejarlo en manos de los profesionales especialistas. Igual que cuando enfermas decides que lo solucione un médico”, dice Brun, que apunta que “no se tiene que satanizar” la opción elegida por la Sareb. En cambio, los movimientos provivienda y las entidades sociales consultadas coinciden en que se ha perdido un tiempo muy valioso para cambiar la situación de acceso a la vivienda y dar un giro en favor al parque social. “¿Qué habría pasado si desde hace tiempo las decisiones políticas no hubieran pasado para seguir junto al sector privado y crear, por ejemplo, un grande servicer o gestor público?", se cuestiona Arcarazo.

En este mismo sentido Brun apunta que “hacer entrar a un nuevo actor en el mercado es un trabajo que requiere mucho tiempo”, y remarca: “[En España] los políticos tienen una mirada muy a corto plazo y no se han hecho ni grandes estrategias ni grandes consensos de país en este aspecto”. No ha habido estrategia ni voluntad, resume el economista. 

Lo cierto es que, sea como sea, actualmente no hay ningún otro actor en el mercado inmobiliario que tenga el músculo financiero y la red comercial necesaria para limpiar y sacar al mercado todos estos pisos, explica Brun. “Estamos dando la gestión a los que tienen más mala fama, sí, pero son los únicos que lo pueden hacer”, admite el economista, que recuerda que también “les tocará invertir mucho porque estos pisos han sufrido, o están a medias, o abandonados, o tienen okupas”. Preguntados por este diario, los fondos de inversión no han querido hacer ninguna declaración. Los portavoces de Blackstone solo remiten a las explicaciones de la Sareb y recuerdan que su tarea se limitará a “gestionar para generar valor”. Paralelamente, los portavoces de la Sareb se esfuerzan en remarcar la vertiente social de la entidad, que tiene un parque de hasta 15.000 viviendas destinadas a uso social. De estos, ya hay 3.000 pisos cedidos a administraciones locales y autonómicas y un millar más con alquileres social. 

Un proceso expresamente discreto

El cambio de gestores confirmado este abril, quizás sí que fue transparente, pero también expresamente discreto. Tanto que pasó desapercibido en los movimientos sociales e, incluso, en la clase política. En Madrid, el cambio en la gestión en la Sareb ha provocado, como mínimo, sorpresa. Inmersos en plena negociación de la ley de vivienda, incluso hay partidos y miembros de la cámara baja que se han enterado al ser preguntados por este diario. “Por supuesto, que sean dos fondos buitre de estas características [quienes gestionen los activos de la Sareb] es negativo”, asume la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, que reconoce que la noticia “los cogió por sorpresa”. El cambio en sí, sin embargo, no es “sustancial”, matiza Jacinto, porque al final la titularidad sigue siendo pública. Ahora bien, desde Podemos, socio minoritario en el Gobierno español, también admiten que tendrían que existir otras formas más allá de adjudicar, de nuevo, la gestión a fondo de inversión, por ejemplo haciéndolo desde la propia administración.

La noticia tampoco ha caído en gracia entre los dos principales socios del gobierno de coalición: Bildu y ERC. “No éramos conscientes de ello hasta que nos encontramos el pollo en la prensa”, apuntan fuentes republicanas próximas a la negociación de la ley de vivienda. Si bien también se aferran al hecho de que el concurso no toca la titularidad de las viviendas, reconocen que el momento es “poco oportuno”. Aun así, son escépticos con la posibilidad de que el concurso se pueda revertir. Desde Bildu también defienden que la salida a la gestión de los inmuebles tendría que haber sido diferente. “Hay instituciones públicas, incluso en el ámbito de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, que lo habrían podido gestionar”, apunta el diputado abertzale Oskar Matute al ARA. “La prioridad de entidades como Blackstone es el mercado, no la vivienda pública”, añade. Desde Bildu reconocen que la forma en la que se ha conocido la adjudicación deja muchas preguntas abiertas. “Si se contactó antes con las empresas, si otras entidades han tenido posibilidad de presentarse, si el Estado se ha esforzado para gestionarlo directamente”, se pregunta Matute. El PNV no ha querido ni siquiera entrar en valorar la adjudicación. 

El debate sobre la gestión de estos activos, que ahora pertenecen en última instancia al Gobierno español, ha quedado silenciado hasta ahora por la discreción, pero los movimientos y las entidades sociales ya han puesto la lupa encima. “Si dan dinero al administrador más grande de España, como es Blackstone, entonces consideramos que el Estado también es responsable del sufrimiento de las familias”, apuntan desde el colectivo #PlanSareb, que engloba varios movimientos sociales, como la PAH. 

El economista de la UPF Xavier Brun todavía añade otra punto al debate. “Han elegido vender al mejor postor y recuperar dinero; de acuerdo. Pero el Estado todavía puede decidir que este dinero que ingresen se destine a hacer vivienda social, por ejemplo”. Es otra posibilidad a la que aferrarse para conseguir, de una vez, un impulso en el parque público de pisos.