Cuando para cubrir un puesto de trabajo hay que ofrecer alojamiento

PalmaLa dificultad para encontrar casa en Baleares ha dejado de ser un problema exclusivo de los trabajadores del sector turístico para extenderse a los que trabajan en servicios esenciales. Profesores, sanitarios, policías o dependientes de supermercados que se desplazan a Baleares para trabajar durante la temporada alta no se ven capaces de afrontar los gastos de una casa. Por eso, ya hay empresas, como por ejemplo Mercadona, y administraciones públicas, como el Servicio de Salud de Ibiza y Formentera, que ofrecen alojamiento a sus empleados para garantizar la mano de obra. Mientras tanto, los sindicatos reclaman medidas para que esta situación deje de resolverse de manera puntual y que se compense con medidas a largo plazo, como por ejemplo equiparar los trabajadores desplazados a Baleares con los de Canarias.

Un 70% del sueldo para el alquiler

“Cuando llegué a Ibiza para trabajar de profesora este mes de mayo pregunté a todo el mundo de la escuela si tenía ningún lugar donde dormir, aunque fuera un sofá, pero nada”, explica Tania Capó, una maestra de educación infantil mallorquina. La joven, de 27 años, decidió entrar en las listas de profesorado de Ibiza porque en Mallorca la alta demanda de trabajo en la escuela pública le impedía encontrar ningún contrato temporal. “Sabía que me gastaría dinero, pero no tanto. Estoy pagando 1.200 euros por un apartamento para mí sola, el más económico que conseguí. Esto representa casi un 70% de mi sueldo”, añade la docente.

Ahora bien, el problema es todavía más grave para las profesoras ibicencas, advierte Capó. “Mis compañeras de aquí viven con sus parejas y los propietarios las echan en junio porque quieren hacer alquiler turístico. Entonces no saben qué hacer, están pensando marcharse a Mallorca los meses de verano”, denuncia. De hecho, el factor turístico le ha complicado a ella también la búsqueda de vivienda. “Estos meses, de mayo y junio, los propietarios ya han echado a los inquilinos o están a punto de hacerlo, porque quieren alquilar los apartamentos a turistas. Es una misión imposible encontrar un lugar para, al menos, un mes”, mantiene. A pesar de que ella descartó compartir piso, asegura que los precios oscilaban “entre 500 y 600 euros por una habitación en una casa compartida con cinco o seis personas”.

El coste de vivir solo en las Pitiusas es tan elevado que ni siquiera un médico se lo puede permitir. Este es el caso de Antonio Coello, un odontólogo gallego que se mudó de Madrid a Ibiza en 2018 para trabajar en la atención primaria del hospital Can Misas, el referente de las Pitiusas. Él fue uno de los facultativos que estrenó la residencia gratuita para profesionales sanitarios que el área de Salud de Ibiza y Formentera abrió en 2017, y que este mes de mayo ha ampliado sus plazas de 12 a 26. Las instalaciones están pensadas para personas con contratos de refuerzo de verano y para cubrir vacaciones, a pesar de que hay profesionales –como Coello– que las utilizan como alojamiento provisional hasta que encuentran un alquiler.

El médico vino para un mes y, después de encadenar contratos, consiguió cubrir una excedencia de cuatro años, de la cual ya han pasado tres. Al llegar, en la residencia conoció a otros profesionales sanitarios que estaban en su misma situación y, tres meses después, un compañero los ofreció a él y a otro amigo ir a vivir de alquiler a su piso. Antes de esto, había visto “pisos con cuatro y cinco personas con precios elevados y opciones más íntimas por más de 1.000 euros”, ofertas que descartó porque suponían “casi la mitad del sueldo”. “No puede ser que destines buena parte de lo que ingresas a un alquiler o a pagar tu estancia”, lamenta.

Testimonios como el de Tania Capó o Antonio Coello motivan al sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) a pedir una solución. Si bien su presidente, Juan Nieto, valora positivamente iniciativas como las del área de Salud de las Pitiusas, también es realista ante el problema. “Ojalá la administración facilitara la vivienda a todos los empleados públicos de las Islas. Pero estamos hablando de 10.000 trabajadores”, manifiesta.

En lugar de esto, hace 15 años que el CSIF apuesta por otra medida: igualar las condiciones de los trabajadores públicos destinados a las Islas Baleares a los de Canarias. Nieto aclara que esto “sería equiparar la indemnización por residencia según la isla, distinguiendo entre las que son mayores y las que son menores”. Así, Mallorca se tendría que considerar isla mayor –con factor de insularidad simple–, mientras que el resto serían islas menores Ýcon doble insularidad–, a excepción de Formentera. Para la pequeña de las pitiusas el presidente del CSIF considera que se tendría que aplicar una triple insularidad. “De media, esto supondría unos 300 euros por cabeza de plus de indemnización”, defiende, más del triple de lo que reciben ahora, que son 90 euros. La diferencia es todavía más grande si se compara con Ceuta y Melilla, donde “cobran entre 600 y 700 euros de plus por hacer el mismo trabajo”, añade el sindicalista.

Iniciativa privada

Pero ofrecer alojamiento a los trabajadores no es solo una iniciativa pública. La empresa Mercadona vuelve a ofrecer este año alojamiento y dietas a sus trabajadores que vienen a trabajar a Baleares, según afirman fuentes de la cadena de supermercados. “No es nada excepcional para nosotros, lo hacemos en otras zonas y lo habíamos hecho anteriormente”, puntualizan las mismas fuentes. A estas alturas todavía no pueden concretar cuántos trabajadores llegarán al archipiélago desde otros lugares, dado que se hará según las necesidades que aparezcan.

Otro sector que se ha visto obligado a tomar esta medida ha sido el hotelero. Por ejemplo, fuentes de la cadena mallorquina Meliá Hoteles aseguran en declaraciones a este medio que ya ofrece alojamiento y pensión completa a los trabajadores de la zona de Calvià, el municipio con mayor presión turística después de Palma. Y no es la única. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) apunta que hay varias hoteleras en la isla que ofrecen este servicio residencial, pero niegan que sea una práctica estandarizada.

Todo ello redunda en una carencia de mano de obra, un problema que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ya había percibido a principios de año y “se hizo más evidente desde Semana Santa”. La CAEB señala que el precio de la vivienda puede tener repercusiones en el sentido que “muchos trabajadores partieron por la pandemia y ahora les puede dejar de parèixer rentable volver a las Islas con alquileres tan elevados”. Esta realidad “afecta especialmente al sector servicios –hoteles, restaurantes, bares, etc.–, pero también a otros sectores como el transporte, la construcción o la sanidad”, alertan.

Por su parte, los sindicatos coinciden que esta situación se está cocinando desde hace tiempo. “Es una constante desde hace años. No solo para los trabajadores temporales o funcionarios que se tienen que trasladar a las Baleares, sino para la población residente. Las Islas Baleares somos una de las comunidades donde hay más población en régimen de alquiler y a la vez donde se destina un porcentaje más elevado a pagar la renta de alquiler, un 41% de media”, manifiesta la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO de las Baleares, Eva Cerdeiriña. Además, insiste la sindicalista, Baleares también lidera la lista de autonomías con más retrasos en el pago de la vivienda.

“Estos factores, sumados a los salarios que hay al archipiélago –el salario medio es de 1.844 euros, mientras que el estatal es de 2.038–, revelan el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar su casa y explican las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social”, comenta Cerdeiriña. Hay que recordar que Baleares encabezaron el aumento de la tasa Arope (At Risk Of Poverty and Exclusion) en 2021 a escala estatal. Para acabar, la secretaria de CCOO también vincula este escenario a tres factores clave: “La compra de viviendas por parte de extranjeros, que estos dos años han aprovechado los bajos intereses; el volumen de viviendas que reúnen los fondos de inversión, y la escassísima política pública en cuanto a alquiler social”.

El secretario general de la Federación de Servicios y Movilidad y Consumo de UGT, José García, incide especialmente en el alquiler vacacional. El problema de la vivienda “se ha ido extendiendo a medida que ha crecido el alojamiento turístico, dado que son casas que han dejado de estar en el mercado para las personas que vienen a trabajar de fuera”. Con todo, García concluye que tanto Mallorca como Menorca van por el camino de “ibizarse” y que esto revertirá en los trabajadores. En cualquier caso, reivindica que “esto es bueno de solucionar: con un trabajo atractivo, un salario que permita pagar la casa y unas buenas condiciones laborales y días libres”.