Desalojan en la calle Parlament de Barcelona un símbolo de la lucha por la vivienda

BarcelonaUna comitiva judicial escoltada por seis furgones policiales ha desalojado esta mañana a Eloísa y sus dos hijos del piso ocupado donde vivían desde el 2019, en el bloque 1-3 de la calle Parlament de Barcelona, ​​en el barrio del Poble-sec. Tenían un informe de vulnerabilidad, y se habían convertido en un emblema de la lucha por la vivienda digna en la ciudad. Entidades y vecinos reclamaban que se le garantizase un alquiler social, esgrimiendo el informe, pero la propiedad les ha echado sin negociar "en ningún momento", según denuncia el Sindicato de Barrio del Pueblo Seco.

Las decenas de vecinos que se concentraron ante las puertas del edificio no pudieron frenar el segundo intento de desalojo. El primer intento, hace dos meses, logró eco cuando los Mossos detuvieron a una vecina de 67 años que intentaba detenerlo. El bloque se había convertido desde entonces en un símbolo de la lucha por la vivienda en Barcelona, ​​y todavía hay dos pisos ocupados para luchar contra la especulación.

El sindicato explica que los Mossos han identificado a todos los que protestaban contra el desalojo y que han amenazado con que quien se quedara sería sancionado. Después han ido hasta el piso de Eloísa y han hundido la puerta. El sindicato asegura que ella ha sufrido un ataque de ansiedad.

Cuando Eloísa entró en el piso, en el 2019, no tenía papeles, y se le hizo un informe de vulnerabilidad. Las asociaciones vecinales y por la vivienda consideran que esto es motivo para reclamar un alquiler social conforme a la ley de vivienda estatal. Sin embargo, denuncian que la propiedad, Queyfour SL, se ha negado a negociar. Desde el sindicato responsabilizan a la familia Delarratea, propietaria de Queyfour SL. Pero también culpan al gobierno municipal de Jaume Collboni, que consideran que debería haber mediado y con quien no han tenido ningún contacto, al contrario de lo que ocurría con el equipo de Ada Colau.

La ley del derecho al vivienda obliga a abrir negociaciones entre la propiedad y el afectado antes de echar a nadie de una vivienda, pero entró en vigor cuando ese desalojo ya estaba decretado. Fuentes del Ayuntamiento explican que desde antes del anterior desalojo, y desde 2019, se hacía "seguimiento y acompañamiento" del caso por parte de los servicios de Vivienda, y que han trabajado para conseguir un alquiler social, pero la propiedad lo ha rechazado. También aseguran que el Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de Vivienda y Empleo (SIPHO) sigue haciendo el seguimiento del caso.

Alternativas de vivienda

Eloísa está en la lista de espera en la mesa de emergencia para obtener una vivienda desde hace tres años. Este miércoles constan más de 750 familias en la lista de espera, y el proceso para conseguir una vivienda de emergencia social puede alargarse durante años, según denuncian varias entidades de la vivienda. Sin alquiler social ni vivienda de emergencia, Eloísa ya busca alternativas. Según el Sindicato de Barrio del Poble-sec, se está estudiando el alquiler de una habitación que podrían cubrir, en parte, los servicios sociales.